Los seis diputados del Partido Pueblo Soberano de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron la moción de fondo del Presupuesto Ordinario 2027 que tenía la intención de liberar los recursos por ¢29.000 millones para el Poder Judicial, congelados mediante una norma impuesta por el Ministerio de Hacienda.
Se trata de la primera moción de las 137 presentadas al plan de gastos del próximo año, firmada por la liberacionista Ángela Aguilar, cuya intención es eliminar la norma de ejecución presupuestaria 9. También se rechazó la moción para eliminar la norma 10, que exige un presupuesto extraordinario para liberar salarios para jueces y funcionarios de la Defensoría de los Habitantes.
De hecho, se le exige al Poder Judicial una certificación de la Contraloría General de la República sobre la ejecución presupuestaria inmobiliaria y de los recursos del programa de Dirección y Administración de la Corte, es decir, de los magistrados y el Consejo Superior.
La diputada Ángela Aguilar, del PLN, presentó las mociones para eliminar las normas presupuestarias que congelan recursos al Poder Judicial. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)
Una de las principales críticas es que la liberación de esas partidas fundamentales para el trabajo del Poder Judicial quedaría en manos de un criterio político y no técnico, ni siquiera del cumplimiento de una norma legal, sino básicamente en manos de diputados del chavismo.
En criterio de Aguilar y de María Eugenia Román, del Frente Amplio (FA), se trata de una norma atípica e inconstitucional, que prácticamente le da al Congreso la coadministración del Poder Judicial, pues supedita la ejecución de esos dineros a que se cumplan ciertos requisitos.
“No solo crea inseguridad jurídica, sino que afecta el trabajo del Poder Judicial”, dijo Aguilar, mientras que Román apuntó que afecta el combate al narcotráfico y el crimen organizado, y afecta especialmente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público.
La moción de Aguilar tuvo los votos favorables solamente de los legisladores de oposición: ella, Diana Murillo y Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Antonio Trejos y María Eugenia Román, del FA.
Los seis votos del PPSO que rechazaron la moción para liberar los recursos los dieron Nogui Acosta, presidente de la Comisión de Hacendarios; Gréthel Ávila, secretaria, así como Cindy Murillo, Gerald Bogantes, Kattia Ulate y Daniel Siézar.
Aparte del informe sobre el fideicomiso, Hacienda exige al Poder Judicial presentar otro informe del Departamento de Capital Humano que garantice que la calidad del gasto operativo tenga un costo-beneficio positivo, antes de que Gasto Público revise los reportes y emita una recomendación al plenario legislativo.
En ese sentido, serían dos órganos meramente políticos, sin criterios técnicos, que votarían si los sobresueldos son apropiados y son una buena política pública.
Entre las partidas congeladas están alquileres de edificios, servicios de agua, electricidad y correo, telecomunicaciones, transportes, servicios médicos y de laboratorio, transporte dentro y fuera del país, seguros, mantenimiento de edificios y locales, de vehículos, de equipos de cómputo y sistemas de información, alimentos, entre otros.
El Poder Judicial advirtió que congelar eso implicaría perder licencias fundamentales de informática, tanto para comunicación como para investigación.
