Se trata de ¢10.000 millones en recortes, junto con una propuesta a la Asamblea Legislativa para congelarle a la Corte Suprema de Justicia ¢30.000 millones vía normas de ejecución presupuestaria.
“Eso nos permitiría, si la Asamblea lo tiene a bien, controlar, ejecutar y evaluar la calidad del gasto del Poder Judicial”, dijo el expresidente de la República.
Chaves explicó que se trata de varias partidas que se van a aprobar, pero no se podrían ejecutar salvo que los magistrados cumplan algunos requisitos y les pidan permiso a los diputados.
El ministro plantea obligar a la Corte a presentar un informe de auditoría sobre el fideicomiso de $661 millones para infraestructura porque si no se presenta ese informe, no podrán utilizar las partidas presupuestarias para construir nuevos edificios y otras cosas relacionadas.
En segundo término, el ministro de Hacienda dijo que la Corte aprobó un montó superior a los ¢2 millones, que calificó de exagerado, por labores gerenciales, como parte de su remuneración.
“Bueno, esa partida está congelada, es decir, no se les va a poder pagar, a menos de que le presenten a la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos un reporte del Departamento de Capital Humano del Poder Judicial donde demuestre que ese pago es justificado con respecto al tiempo que gastan los magistrados administrando y en temas de judicatura”, dijo Chaves.
El ministro alegó que se debe presentar otro informe de Capital Humano que garantice que la calidad de ese gasto tenga un costo-beneficio positivo. Recibida esa información, la Comisión de Gasto Público tendría que enviar un informe al plenario y este votaría “como debió ser desde el principio”, si esos sobresueldos son apropiados y son una buena política pública.
Rodrigo Chaves aseguró que incluso si el Poder Judicial no logra justificar esas partidas congeladas, aparte del recorte presupuestario, se le estaría dando un 6,48% del producto interno bruto (PIB) libre, y aseguró que con eso se estaría cumpliendo el mandato constitucional.
“Yo les voy a dejar a los magistrados y administradores de la Corte que se entretengan con las normas de ejecución presupuestaria sobre esos ¢30.000 millones", dijo el ministro y aseguró que órganos como la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han avalado la validez de ese tipo de mecanismos en la ejecución del Presupuesto Nacional.
