La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027 este martes por la noche, al filo del plazo para votar la iniciativa legal en el órgano legislativo, antes de remitirlo al plenario del Congreso para su aprobación definitiva, en el mes de noviembre.
La votación del dictamen registró seis votos a favor: los oficialistas Nogui Acosta, Gréthel Ávila, Cindy Murillo, Gerald Bogantes, Kattia Ulate y Daniel Siézar. Mientras, los cinco congresistas de la oposición votaron en contra: Diana Murillo, Ángela Aguilar y Salvador Padilla, de Liberación Nacional (PLN), junto con Antonio Trejos y María Eugenia Román, del Frente Amplio (FA).
Al ser las 11:30 p. m. de este martes, por mandato reglamentario, se suspendió la discusión y tramitación de las mociones de fondo del Presupuesto Nacional 2027, se desecharon todas las que estaban pendientes y se dio la votación del proyecto de ley.
El plan de gastos para el próximo año del Gobierno Central, por ¢12,4 billones, salió del órgano parlamentario con varias modificaciones, principalmente en contra de las universidades públicas y de algunos programas sociales, pero en este caso, para nutrir otros programas sociales.
Tal como lo presentó el Poder Ejecutivo, a inicios de setiembre, el Presupuesto Nacional contempla un incremento de fondos para seis ministerios, entre ellos el de la Presidencia y el de Hacienda; los dos los dirige el expresidente Rodrigo Chaves.
Aparte de Presidencia y Hacienda, también se previeron aumentos en los ministerios de Salud (Minsa), Obras Públicas y Transportes (MOPT), Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El resto de las instituciones incluidas en el Presupuesto Nacional 2027 afrontan una disminución, entre ellos el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa, así como los ministerios de Educación Pública (MEP), Seguridad Pública (MSP) y Justicia; mientras tanto, Comercio Exterior, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) mantienen igual sus presupuestos.
Camisa de fuerza y recortes al Poder Judicial
Entre las discusiones más polémicas del proyecto de ley están los ¢40.000 millones que el gobierno de Laura Fernández le está restringiendo al Poder Judicial. Se le recortaron ¢10.500 millones y se le congelaron ¢29.844 millones.
Las normas presupuestarias 9, 10, 11 y 12 le ponen una camisa de fuerza al Poder Judicial, porque exige que ese poder tenga que entregar una serie de informes y documentos certificados por la Contraloría General de la República, para que se puedan utilizar ciertas partidas.
Por ejemplo, se le exige a la Corte entregar un informe de auditoría sobre el fideicomiso de ¢37.644 millones para infraestructura y, si la Comisión de Gasto Público aprueba ese documento, se podrían liberar recursos para gastos operativos.
La norma 10 exige informes para liberar salarios de jueces y funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, y las 11 y 12 congelan el nombramiento de más de 400 plazas vacantes en diferentes programas judiciales, incluyendo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, órgano encargados de perseguir el narcotráfico y el crimen organizado en el país.
Recortes a universidades y algunos programas sociales
Otras polémicas se dieron en torno a los recortes promovidos por el PPSO al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y algunos programas sociales.
La intención del partido de gobierno era hacer un machetazo a las cinco universidades públicas por más de ¢17.000 millones; sin embargo, el trámite solo les permitió aprobar la moción 16, para quitarle a los centros de educación superior ¢8.048 millones correspondientes a fondos postergados, que habían sido acordados por la Comisión de Enlace entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en noviembre de 2025.
Las mociones 104 y 105, del PPSO, pretendían hacer recortes por casi ¢10.000 millones en el FEES, tanto para gastos operativos como para la organización de las ferias científicas y las olimpiadas de matemáticas, programa que está en manos de la UCR.
En paralelo a lo que estaba sucediendo en la Comisión de Hacendarios sobre el Presupuesto Nacional, dentro de la Asamblea, en las barras y fuera del Congreso, los rectores de las cinco universidades estatales estuvieron pidiendo al PPSO reconsiderar los recortes, que se suman a otra propuesta oficialista para rebajar otros ¢8.900 millones en el Presupuesto Nacional 2026.
En tanto, la moción 18, firmada por Nogui Acosta, jefe del PPSO y presidente de Hacendarios, que tuvo el apoyo del PLN, les quitó ¢250.000 millones a varios programas sociales, entre ellos la operación de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái), el programa de atención a las personas indigentes de la CCSS, los programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para menores de edad de la red de cuido y de los jóvenes egresados de albergues del PANI, así como recursos para el Fondo de Subsidio a la Vivienda (Fosuvi).
Esas partidas se trasladan a una serie de programas sociales para cubrir el faltante que tienen otros programas sociales, entre ellos las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es decir, las pensiones para las personas más pobres del país.
Otra moción aprobada, que sí tuvo un apoyo ampliamente mayoritario, fue la 17, que rebaja ¢4.190 millones en pago de la deuda y pasa un monto igual a las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el pago de la contribución estatal al seguro de salud, y aumenta una serie de partidas al Ministerio de Seguridad Pública.