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De los seis expedientes del segundo paquete de proyectos sobre seguridad que la presidenta Laura Fernández presentó a finales del mes pasado a la Asamblea Legislativa, cinco se centran en el crimen organizado, y el sexto, en cambiar el nombre de los rangos en la Fuerza Pública.
El expediente 25.676, “Para modificar la nomenclatura de los grados policiales”, propone recuperar rangos como coronel, teniente coronel, mayor, capitán y teniente, en sustitución de la nomenclatura adoptada a partir de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, de 2001. Esa ley instauró la nomenclatura de comisario, comisionado e intendente, con la finalidad de distanciar el lenguaje policial del militar, en los tiempos en que nuestros gobernantes se preciaban de ser un país sin ejército.
El propio texto de la reforma propuesta reconoce que no modifica los procedimientos de ascenso ni las competencias institucionales, por lo que la carrera policial seguirá rigiéndose, como hasta ahora, por concursos internos, capacitación y tiempo de servicio. Y aunque la exposición de motivos del proyecto dice que la modificación es un asunto de simbología, el proyecto busca reformar el artículo 62 vigente de la Ley General de Policía y eliminar la frase que prohíbe expresamente que los cuerpos policiales incorporen “grados de naturaleza militar” en su nomenclatura.
Aunque la presidenta Fernández insiste en que el cambio no militariza a la Policía, el proyecto, que repite insistentemente palabras como jerarquía, autoridad, disciplina, respeto e identidad institucional, no solo rebautiza a un comisario como coronel, sino que elimina el candado legal que impedía precisamente dicha militarización.
Fernández también dijo que los símbolos importan y recuperar los grados tradicionales fortalecerá la disciplina, la cadena de mando y el sentido de pertenencia. No obstante, especialistas consultados por La Nación coincidieron en que el efecto de este cambio sería marginal respecto de los problemas reales que tiene la Fuerza Pública, en especial su presupuesto raquítico, equipo insuficiente y deficiencias en la Academia Nacional de Policía, que necesita algo más profundo que un cambio de placas para formar mejores oficiales.
Ese diagnóstico técnico es suficiente para dudar de la relevancia de la reforma y de la conveniencia de darle prioridad legislativa. Los expertos consultados por este diario coinciden en que la disciplina no depende del nombre del grado. Entonces, ¿qué aporta esta reforma?
La respuesta puede encontrarse en otros gestos recientes del Ejecutivo hacia la institución, como el Proyecto de Ley Gerson Rosales, que crea una presunción de legítima defensa a favor del oficial que responde con su arma en el ejercicio del cargo, invirtiendo así la carga de la prueba.
Pareciera que el objetivo es fortalecer la imagen del policía y revestirla de mayor peso simbólico y legal, colmándola de señales de cercanía política con el Ejecutivo en un contexto de franco enfrentamiento con el Poder Judicial.
Ponerle coronel a quien hoy es comisario podría ser solo uno más de estos gestos sin mayor trascendencia práctica. Pero conviene no perder de vista para qué sirven los gestos cuando se acumulan y hacia dónde apuntan cuando se suman a un blindaje legal creciente y a un lenguaje de jerarquía cada vez más marcial.
Nada en el expediente 25.676 es, por sí mismo, alarmante. Puede convertirse al jefe policial en coronel sin que esto convierta la delegación policial en un cuartel y sin que el nombre del grado determine su eficacia.
El riesgo no está en la semántica, sino en el patrón que puede comenzar a revelarse, con un Poder Ejecutivo interesado en el favor de quienes portan el arma del Estado. La región conoce ese camino de memoria y sabe también a dónde conduce si no se identifica a tiempo.
Los diputados tienen ahora la oportunidad de separar con calma lo cosmético de lo sustantivo. Pueden aprobar, si así lo consideran, una reforma de nomenclatura sin mayor costo institucional inmediato, pero deberían procurar también que se legisle para garantizar mejores condiciones sustantivas de trabajo, y no cesar en el control político de estos gestos de cercanía política de Casa Presidencial.
La disciplina policial no se construye con galones ni con títulos añejos; la confianza ciudadana en una policía democrática, en cambio, se puede ver erosionada si estos gestos simbólicos comienzan a derivar en actuaciones cada vez menos inocentes. Porque, si bien el galón no fabrica disciplina, la sucesión de gestos hacia la fuerza armada sí puede fabricar lealtades que no respondan a la ley, sino a quienes las otorgaron.
