El terreno se vuelve pantanoso cuando el proyecto establece que la respuesta armada de un policía, pero en especial la de un guarda de seguridad privada, se presumirá legítima, “con independencia del tipo de arma u otro medio de defensa empleado”, y que será el Ministerio Público el que deba probar lo contrario. Esta inversión de la carga probatoria contradice frontalmente los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado durante décadas: cuando un agente estatal priva de la vida a una persona, es el Estado el que debe demostrar que la fuerza fue excepcional, necesaria y proporcional. Costa Rica, que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptó la jurisdicción de la Corte y es, además, su sede, no puede legislar como si esas obligaciones no existieran.
Más preocupante aún resulta que la presunción se extienda a empresas de seguridad privada. Cabe preguntarse: ¿por qué un guarda contratado por una empresa privada merece la misma cobertura legal que un oficial formado en la Escuela Nacional de Policía, sujeto a cadena de mando, a controles disciplinarios internos y a la fiscalización del Ministerio de Seguridad? Un guarda privado responde ante su empleador, no ante la ciudadanía. No rinde cuentas al Poder Legislativo ni se somete a las mismas evaluaciones psicológicas, protocolos de uso progresivo de la fuerza o estándares de derechos humanos que el Estado impone a sus propios agentes.
Equiparar ambas figuras bajo una misma presunción de legitimidad no solo es técnicamente injustificable, sino que abre la puerta a abusos sin mecanismo institucional de control. ¿Y qué sucede si dichos servicios de seguridad privada son contratados o infiltrados por las mismas organizaciones criminales? En un país donde la seguridad privada supera en número a la Fuerza Pública, otorgarle una licencia tan amplia es un riesgo que ningún ordenamiento democrático serio debería asumir.
El proyecto también establece que quien agreda a un policía no podrá acceder nunca a libertad condicional, sin importar la gravedad concreta del hecho ni la evolución posterior del condenado. Una prohibición tan absoluta colisiona con el principio de proporcionalidad y con el fin resocializador de la pena que consagra la propia Convención Americana. Asimismo, varias de las nuevas causales de prisión preventiva, particularmente aquella que permite encarcelar a alguien por tener una denuncia previa no resuelta, desnaturalizan una medida cautelar convirtiéndola en castigo anticipado, en tensión directa con la presunción de inocencia que garantiza nuestra Constitución.
Señalar estos errores no es defender delincuentes. Es defender el sistema que nos distingue como nación. Costa Rica abolió el ejército, construyó un Estado de derecho y se convirtió en referente hemisférico precisamente porque eligió enfrentar sus problemas dentro del marco de la ley y los derechos fundamentales. Abandonar esos principios bajo la presión del crimen organizado sería concederle a la delincuencia una victoria que no ha logrado obtener por la fuerza.
El país necesita herramientas más eficaces contra el narcotráfico y la violencia. Pero esas herramientas deben resistir el examen de la Sala Constitucional y de los tribunales internacionales. De lo contrario, aprobaremos leyes que generarán impunidad por vía de inconstitucionalidad, exactamente lo opuesto a lo que se busca. Pedimos a la Asamblea Legislativa que legisle con la urgencia que la crisis exige, pero también con la responsabilidad que la democracia demanda. Proteger a nuestros policías y respetar los derechos fundamentales no son objetivos contradictorios: deben ser las dos caras de un Estado que funciona en democracia.
