La presidenta Laura Fernández presentó este lunes 15 de junio ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad con los que busca endurecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado, reforzar las facultades policiales y modificar distintos aspectos del sistema penal y migratorio.
Las iniciativas fueron entregadas al Congreso como parte de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno, en momentos en que el país registra altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico y las disputas entre grupos criminales.
1. Ley Gerson Rosales: protección integral a la víctima y al servidor policial
La primera iniciativa, denominada Ley Gerson Rosales, busca fortalecer la protección jurídica de los cuerpos policiales.
Entre las principales reformas que plantea se encuentran:
- Presumir que el uso de la fuerza por parte de un oficial se encuentra justificado cuando actúe en cumplimiento de sus funciones.
- Ampliar los alcances de la legítima defensa para incluir la protección de familiares y terceros.
- Castigar la resistencia contra la autoridad durante procedimientos de arresto.
- Restringir beneficios como la libertad condicional cuando el delito sea cometido contra un policía en ejercicio de sus funciones.
2. Ley para combatir las asociaciones criminales
La segunda iniciativa del paquete busca crear un delito específico para sancionar la participación en organizaciones criminales.
Según la propuesta presentada, las personas que integren este tipo de estructuras podrían enfrentar penas de entre uno y seis años de prisión. Sin embargo, el castigo aumentaría de seis a veinte años cuando se trate de conductas vinculadas con delitos de mayor gravedad.
Entre los casos en que la pena se agravaría figuran:
- Delitos de terrorismo.
- Narcotráfico nacional o internacional.
- Crimen organizado.
- Secuestro extorsivo.
- Trata de personas.
- Tráfico de armas.
- Tráfico de órganos.
Además, el proyecto contempla sanciones más severas para quienes promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan una organización criminal, así como para quienes recluten o instiguen a otras personas a participar en esos delitos.
3. Ley de mano firme contra la reincidencia delictiva
Según la presidenta, la tercera iniciativa busca endurecer la pena para las personas reincidentes y limitar la posibilidad de que recuperen su libertad mediante medidas cautelares o beneficios penitenciarios.
“No se puede juzgar por igual a una persona que cometió un único delito en su vida frente a alguien que ha hecho del delito su forma de vida”, sostuvo.
Además, plantea restringir la posibilidad de que personas con antecedentes penales eviten la prisión preventiva alegando arraigo laboral o familiar.
La iniciativa crea cuatro categorías:
- Reincidencia simple: cuando una persona comete un nuevo delito doloso dentro de los 15 años posteriores a una condena anterior.
- Reincidencia cualificada: cuando los nuevos hechos estén vinculados con delincuencia organizada, narcotráfico o asociaciones criminales.
- Delincuente habitual: quien acumule tres o más condenas por delitos dolosos en un período de 15 años y vuelva a delinquir.
- Delincuente profesional: persona que convierte la actividad delictiva en su principal forma de vida.
4. Ley Cero Ocio en las Cárceles
La cuarta iniciativa busca ampliar la participación de las personas privadas de libertad en actividades productivas remuneradas y destinar parte de esos ingresos al sistema penitenciario, a las víctimas y a sus familias.
Durante la presentación, Fernández cuestionó el costo que representa la población penitenciaria para el Estado y sostuvo que quienes cumplen condena deben contribuir económicamente mediante trabajo productivo.
La propuesta mantiene el beneficio de descuento de pena por trabajo ya contemplado en la legislación, pero establece nuevas reglas sobre la distribución de los ingresos obtenidos por los privados de libertad.
Según el proyecto, el dinero generado se distribuiría de la siguiente manera:
- 35% para el sistema penitenciario, con el fin de contribuir a cubrir costos de manutención.
- 35% para las víctimas o sus familias, como mecanismo de reparación económica.
- 20% para familiares del privado de libertad, incluidos hijos, cónyuges o padres dependientes.
- 10% para un fondo de ahorro personal, que sería entregado al momento de recuperar la libertad.
5. Ley contra pistas de aterrizaje clandestinas
La quinta iniciativa del paquete de seguridad está dirigida a combatir el uso de pistas clandestinas utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Durante la presentación, la presidenta Laura Fernández aseguró que actualmente existen cerca de 200 pistas clandestinas identificadas en el país y cuestionó las leyes vigentes para sancionar a quienes las construyen u operan.
La mandataria sostuvo que en algunos casos las autoridades han tenido que intervenir varias veces una misma pista ubicada en una misma propiedad. Por ello, el proyecto propone endurecer las sanciones para propietarios, arrendatarios, poseedores y operadores de este tipo de infraestructura ilícita.
La iniciativa establece penas de entre cinco y diez años de prisión para quienes construyan, habiliten, faciliten o permitan el funcionamiento de pistas utilizadas para actividades vinculadas con el narcotráfico.
Además, contempla:
- La destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para actividades ilícitas.
- El decomiso de maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos empleados para su construcción u operación.
- El aumento de las penas para quienes participen en la construcción o utilización de estas estructuras.
- La inmovilización registral de las propiedades donde se ubiquen las pistas.
Según explicó Fernández respecto al último punto, el propietario no podrá vender, arrendar ni traspasar el inmueble durante un año, plazo que podría extenderse por otro año adicional.
6. Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales
La sexta iniciativa busca modificar las reglas sobre la conservación de antecedentes penales y registros judiciales, con el objetivo de que, según Fernández, jueces, fiscales y otras autoridades dispongan de más información al momento de tomar decisiones relacionadas con procesos penales y beneficios penitenciarios.
Durante la presentación del proyecto, la presidenta cuestionó el actual funcionamiento del denominado “derecho al olvido” en materia penal.
Según explicó la mandataria, la propuesta pretende que los antecedentes penales para efectos laborales se mantengan disponibles durante 15 años después de cumplida la condena, en lugar de eliminarse a los cinco años, como ocurre actualmente.
No obstante, el proyecto plantea conservarlos de forma permanente para fines judiciales, investigativos, de valoración de beneficios penitenciarios y para la imposición de nuevas condenas.
Fernández aseguró que la iniciativa busca brindar más herramientas a los operadores de justicia para identificar patrones de reincidencia y tomar decisiones con mayor información.