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La restauración de los grados militares en la Policía nos lleva a una discusión de fondo sobre la naturaleza de la Fuerza Pública y la seguridad ciudadana.
La abolición del ejército descarta la presencia de armamento militar –tanques, aviones y barcos de guerra–, aunque admite la organización de fuerzas militares por razones de defensa de la nación y del Estado. Esto es seguridad nacional stricto sensu, lo que no debe confundirse con la seguridad ciudadana.
El enredo conceptual lleva a grandes errores de política pública.
La seguridad nacional protege al Estado y a la soberanía estatal frente a los ataques que pongan en riesgo su existencia, integridad territorial o capacidad de gobierno. Asimismo, resguarda al ciudadano frente a enemigos externos o internos del orden constitucional.
La seguridad pública, en cambio, protege al ciudadano frente a la delincuencia común y resguarda a las personas, los bienes y el orden ante amenazas internas.
Cuando toda amenaza al orden social se transforma en materia de seguridad nacional, nada es seguridad nacional. La noción se diluye en el vacío y pierde toda sustantividad. La ciudadanía se desconcierta y se incumplen las disposiciones constitucionales que distinguen claramente entre fuerzas militares y policiales.
El artículo 12 de la Constitución Política señala que las policías y eventuales fuerzas militares “… estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva".
Confusión entre disciplina formal y efectividad operativa
Este gobierno argumenta, equivocadamente, que su proyecto de reintroducción de los grados militares fortalece la disciplina y la autoridad, y que se trata de un mero formalismo. Empero, el orden y la obediencia dependen de la solidez de la cadena de mando, bajo estricta subordinación al poder civil; del rigor de los procesos de formación; de los controles internos contra la corrupción y de la prohibición de deliberar.
Lleva razón el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, cuando afirma sobre este proyecto: “En nada viene a ayudar a la seguridad del país”. El crimen organizado se combate con inteligencia policial, investigación apoyada en la ciencia y coordinación interinstitucional entre la Fuerza Pública y el OIJ.
La delincuencia tiene orígenes sociales, por lo que la política social debe coordinarse con acciones dirigidas a atenderlos. Programas como la Policía Comunitaria confieren autoridad al policía mediante su vinculación con el tejido social.
Desnaturalización de la seguridad pública civil
La abolición del ejército fue una decisión que nos permitió alejarnos de la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras de América del Sur y del conflicto de 1948. La doctrina militar de la Guerra Fría subordinó la vida del Estado al combate contra el enemigo interno –los comunistas, los “zurdos”–.
El autoritarismo de sus practicantes e ideólogos terminó por transformar una relación de protección de la nación en una relación de subordinación autoritaria.
Para esta doctrina, la defensa de los países dejó de orientarse hacia ejércitos extranjeros y se convirtió en un intento de control absoluto de la sociedad frente a la disidencia política. Los fanáticos de la seguridad nacional han creído que no puede haber crecimiento económico sin un orden férreo, ni seguridad sin un desarrollo dirigido desde el poder central militar.
Los ejércitos se asignaron el papel de guía permanente de la nación y justificaron golpes de Estado, censura, anulación de los partidos políticos y la creación de servicios de información para identificar y neutralizar a los opositores.
La introducción de lógicas y simbologías castrenses distancia a la Fuerza Pública de la comunidad y conlleva el riesgo de derivas autoritarias. En una región marcada por las tentaciones y prácticas autoritarias, atenta contra el modelo de Estado que hemos consolidado, debilita nuestra cultura democrática y expone a nuestros policías al autoritarismo.
Las amenazas a la seguridad pública que enfrentamos son de carácter endógeno: robos, homicidios, narcotráfico local y violencia doméstica. La respuesta debe originarse en la Policía civil, el Ministerio Público y la justicia penal. No necesitamos coroneles ni tenientes, sino policías inteligentes y honestos.
Si el narcomenudeo y la protesta se tratan con lógica de grados militares, corremos el grave riesgo de que se desarrolle un militarismo que suspenda garantías y decrete estados de excepción parciales que luego se vuelvan permanentes.
La Ley General de Policía, de 1994, y la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, de 2001, eliminaron los grados militares de la Fuerza Pública. Bien hizo don Miguel Ángel Rodríguez cuando ordenó al personal que resguardaba la Casa Presidencial abstenerse de hacerle el saludo militar y darle la mano.
Una retórica cosmética
Invertir energía política en transformar los grados policiales desde una óptica militar desvía la atención de los problemas estructurales y operativos reales en la lucha contra la criminalidad. Por el contrario, es un maquillaje que prioriza la autoridad formal por encima de la eficacia técnica y el respeto al espíritu civilista de nuestras instituciones democráticas.
Detrás de la pretensión de que la reintroducción de los grados militares es únicamente simbólica, se esconde una operación de camuflaje ideológico y discursivo que utiliza eufemismos y retórica vacía para enmascarar acciones impopulares o carentes de resultados reales en el terreno de la seguridad pública. Tal es el caso del desmantelamiento del Servicio de Guardacostas o la infiltración narco en los aparatos de seguridad.
La seguridad nacional debe ser la excepción que proteja la normalidad democrática, no la regla que la reemplace con conceptos peligrosos, como el golpe de Estado judicial, el secreto de Estado difuso, la creación de enemigos, las violaciones a la intimidad y los seguimientos a los opositores.
Desde la gobernanza democrática, la Policía comunitaria refuerza la legitimidad de las fuerzas de seguridad y el carácter civil de las instituciones policiales, al anclarlas en el tejido social y en el respeto a los derechos ciudadanos.
Esto vale mucho más que el formalismo de los grados militares.
curcuyo@gmail.com
Constantino Urcuyo es abogado y politólogo con un doctorado en Sociología Política de la Universidad de París.
