La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó el pasado 27 de julio ante la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad.
Cinco de las iniciativas buscan endurecer penas o crear nuevas herramientas para combatir el crimen organizado. La sexta, en cambio, propone modificar la denominación de los rangos de la Fuerza Pública.
El expediente 25.676 plantea recuperar la nomenclatura que utilizaron durante la década de 1990 la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural, cuando era común escuchar nombres como cabo, teniente o capitán.
Esos rangos fueron derogados en el 2000 y, desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista (Ley n.° 8096), en el 2001, los cuerpos policiales emplean la nomenclatura actual.
Aunque el proyecto no modifica las competencias de la Fuerza Pública ni incorpora nuevas herramientas para combatir el crimen organizado, el Gobierno sostiene que recuperar esa nomenclatura permitirá fortalecer la disciplina, la cadena de mando, la autoridad institucional y el sentido de pertenencia entre los oficiales.
Durante la presentación de la iniciativa, Fernández insistió en que el cambio no militariza a la Policía ni altera su naturaleza civil, sino que únicamente modifica la denominación de los grados.
Especialistas consultados por La Nación coinciden en que el eventual impacto de la reforma sería principalmente simbólico y cuestionan que, por sí sola, pueda traducirse en mejores resultados frente a la criminalidad.
Además, uno de ellos sostiene que la iniciativa forma parte de una estrategia discursiva más amplia del Gobierno para reforzar su narrativa sobre autoridad y seguridad.
¿Qué cambia con el proyecto?
La iniciativa reforma los artículos 62, 65, 66, 67 y 68 de la Ley n.° 7410, Ley General de Policía, para adaptar toda la normativa a la nueva nomenclatura, incluyendo las disposiciones sobre ascensos, requisitos para ocupar cargos de dirección y el uso oficial de los rangos dentro de los cuerpos policiales.
Uno de los aspectos que el proyecto mantiene intacto es la carrera policial. Es decir, la reforma no cambia la forma en que un oficial asciende dentro de la institución, sino únicamente el nombre de los grados que irá obteniendo conforme avance en ella. Los ascensos continúan sujetos a concursos internos, capacitación, tiempo de servicio, méritos y a la existencia de plazas vacantes, tal como ocurre con la legislación vigente.
La propuesta conserva las tres escalas jerárquicas existentes: oficiales superiores, oficiales ejecutivos y escala básica. En la primera se ubican quienes alcanzarían los grados de mayor, teniente coronel y coronel de Policía; en la segunda, subteniente, teniente y capitán de Policía; y en la tercera, raso, cabo y sargento de Policía. El ingreso y la promoción dentro de cada una seguirían regulándose mediante los procedimientos ya previstos en la Ley General de Policía.
Por ejemplo, para acceder a la escala de oficiales ejecutivos, el proyecto mantiene como requisitos contar con el bachillerato en educación secundaria y aprobar el curso impartido por la Academia Nacional de Policía.
En el caso de la escala de oficiales superiores, el texto también conserva la lógica actual. Como regla general, exige contar con un grado universitario mínimo de diplomado en una carrera afín o, alternativamente, demostrar al menos quince años de servicio policial para quienes poseen bachillerato de secundaria.
En ambos casos, los ascensos continuarían realizándose mediante concursos internos que toman en cuenta la capacitación, el tiempo de servicio y otros méritos relacionados con el desempeño policial.
El propio proyecto aclara que la equiparación entre los rangos actuales y los propuestos “se refiere únicamente a los grados o a la nomenclatura, pero no a los puestos”. En otras palabras, un funcionario que hoy ostenta el grado de comisario pasaría a denominarse coronel de Policía, pero ello no implica un cambio automático en el cargo que ocupa ni en las funciones que desempeña.
¿Puede un cambio de nombres fortalecer la seguridad?
Para el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, el proyecto aborda un aspecto secundario frente a los principales retos que enfrenta actualmente la Fuerza Pública. “En nada viene a ayudar a la seguridad del país”, afirmó.
A su criterio, cambiar la denominación de los rangos no tendrá incidencia en el combate contra el crimen organizado mientras persistan problemas como la falta de supervisión interna, la corrupción, el limitado presupuesto policial, el déficit de equipamiento y la necesidad de fortalecer la Academia Nacional de Policía.
El criminólogo y analista en seguridad, Erick Villalba, coincidió en que el impacto operativo del proyecto sería reducido.
Explicó que, desde una perspectiva criminológica, la eficacia policial depende principalmente de factores como la inteligencia criminal, la investigación, el análisis de información, la capacitación, la coordinación entre instituciones, la tecnología y la disponibilidad de recursos humanos y financieros.
“El nombre o cambio de un rango, por sí solo, no modifica esas capacidades”, señaló.
Incluso recordó que las policías con mejores resultados en el mundo utilizan modelos muy distintos entre sí: algunas mantienen rangos similares a los militares y otras estructuras completamente civiles.
“Lo que marca la diferencia no es el nombre del grado, sino la calidad del entrenamiento, el liderazgo, la supervisión, la profesionalización, la planificación operativa y la rendición de cuentas”, añadió.
Un proyecto basado en el simbolismo y narrativa de autoridad
La exposición de motivos deja claro que la apuesta del Ejecutivo descansa en el valor de los símbolos dentro de la organización policial.
A lo largo del documento se repiten conceptos como jerarquía, autoridad, disciplina, respeto, identidad institucional y sentido de pertenencia. Incluso, el texto afirma expresamente que “los símbolos importan” y que recuperar los grados tradicionales contribuirá a fortalecer el liderazgo dentro de la Fuerza Pública.
Para el politólogo y analista del discurso, Gustavo Araya Martínez, ese lenguaje responde a una estrategia comunicativa más amplia del Gobierno en materia de seguridad, en la que el Ejecutivo utiliza conceptos como autoridad, disciplina, jerarquía y orden para construir un relato alrededor del combate contra la criminalidad.
“Este Gobierno ha sido bastante hábil con el uso del lenguaje y busca encuadrar las discusiones políticas y nacionales mediante el uso del lenguaje (palabras y conceptos)”, explicó.
Durante el gobierno del expresidente y ahora ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, se popularizaron expresiones como “prensa canalla”, utilizada para referirse a medios de comunicación críticos; “ticos con corona”, para aludir a personas o instituciones que, según el oficialismo, gozaban de privilegios; así como iniciativas como la “Ley Jaguar” y “Operación Costa Rica Segura”.
Ya bajo la administración Fernández, el Gobierno en esa línea discursiva ha continuado con nombres como, “Fuerza Élite” y “Programa Cero Ocio”.
Además, en medio del conflicto con el Poder Judicial por la prórroga de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, integrantes del Ejecutivo calificaron la resolución como un “golpe de Estado” y se refirieron a algunos magistrados como “filibusteros”.
Araya también calificó la propuesta de cambiar la denominación de los rangos policiales como “pseudopolíticas” o “pseudoacontecimientos”, al considerar que generan un efecto narrativo mayor que un cambio sustancial en la política pública.
Según el analista, si la iniciativa llega a aprobarse, el propio Gobierno incorporará rápidamente esa nueva nomenclatura a su comunicación pública.
“Imagínese lo que sería que la Presidenta llame al coronel. Vamos a tener coroneles en las conferencias de prensa, coroneles en las provincias y a las máximas autoridades en los casos más terribles que existan”, ejemplificó.
Añadió que el uso constante de esos términos proyectaría una imagen de autoridad que trasciende el cambio administrativo.
En ese sentido, Villalba señaló que parte de la población podría interpretar la reforma como un fortalecimiento institucional, mientras que otro sector podría asociarla con una militarización simbólica de la Policía debido a la historia civilista de Costa Rica.
¿Qué debería priorizar el Gobierno?
Más allá del debate sobre la nomenclatura policial, Gustavo Mata y Erick Villalba coinciden en que fortalecer la seguridad también requiere medidas orientadas a mejorar las capacidades de la Fuerza Pública.
Villalba considera que, si el cambio de nomenclatura se acompaña de una modernización de la carrera policial, procesos transparentes de ascenso y un fortalecimiento del liderazgo, podría contribuir al sentido de identidad institucional y a la disciplina dentro de la Fuerza Pública.
Sin embargo, insistió en que ese beneficio sería indirecto y que el proyecto, por sí solo, no constituye una herramienta para reducir la criminalidad.
Por su parte, el exministro considera prioritario aumentar el presupuesto destinado a los cuarteles policiales, mejorar el equipamiento de los oficiales y fortalecer la Academia Nacional de Policía.
“Necesitamos pensar de forma seria. Dar presupuesto a los cuarteles policiales; la lucha contra el crimen organizado es lo que da disciplina y respeto a nuestros oficiales”, afirmó.
Villalba agregó que el país debería profundizar la profesionalización de la carrera policial mediante capacitación continua, ascensos por mérito y mejores condiciones laborales para retener talento.
También planteó fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública, el OIJ, el Ministerio Público, la Policía de Control de Drogas y las autoridades internacionales, además de incrementar la capacidad operativa con más personal y mejores recursos.
“El fortalecimiento de la seguridad dependerá de reformas estructurales que incrementen las capacidades operativas del Estado frente al crimen organizado y todas las formas de delincuencia”, indicó.