La presidenta Laura Fernández presentó este lunes 27 de julio ante la Asamblea Legislativa el segundo paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad, con el que busca endurecer la respuesta del Estado frente a la inseguridad que enfrenta Costa Rica.
Las iniciativas fueron entregadas al Congreso como parte de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno, en un contexto marcado por el aumento de los homicidios y la violencia asociada al narcotráfico y a las disputas entre grupos criminales.
El pasado 15 de julio, el Poder Ejecutivo presentó un primer paquete de seis iniciativas de ley enfocadas en fortalecer la protección jurídica de los cuerpos policiales, combatir las organizaciones criminales y endurecer las sanciones contra la reincidencia delictiva, entre otras.
Nuevos proyectos
Aunque Fernández anunció inicialmente un paquete de siete iniciativas, precisó que el Proyecto de Reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) no ingresará este lunes a la Asamblea Legislativa, por lo que el segundo paquete quedó conformado por seis proyectos de ley.
Según indicó la mandataria, las iniciativas surgieron de la “Fuerza Élite”, un equipo que sesiona todos los lunes y en el que, desde el inicio de la actual administración, se analizan temas relacionados con la seguridad nacional y se diseñan soluciones.
Fernández afirmó que algunos de los problemas que enfrenta el país obedecen a leyes que ya cumplieron su propósito o a la ausencia de normas que permitan una respuesta más contundente del Estado.
“No vamos a parar en la cruzada, guerra sin cuartel contra el narcotráfico, no vamos a parar ni aflojar en señalar todo lo que aleja a la familia de vivir en paz, justicia pronta y cumplida, que las instituciones con competencias estemos haciendo todo lo que se pueda”, agregó.
Proyecto 1: Gobierno propone eliminar la audiencia preliminar
El primer proyecto plantea una reforma al Código Procesal Penal para sustituir la audiencia preliminar por una única audiencia previa al juicio, con el objetivo de mantener el control de la acusación y agilizar la tramitación de las causas penales.
Según explicó la presidenta, la iniciativa responde a una realidad que calificó como crítica, pues los procesos penales tardan demasiado tiempo en llegar a juicio.
Indicó que el proyecto pretende eliminar trámites y etapas que duplican funciones y retrasan la resolución de los casos. Aseguró que, de aprobarse la reforma, se reducirían los tiempos de tramitación y los costos operativos del Poder Judicial, además de simplificar los procedimientos.
Proyecto 2: Reforma constitucional para ampliar las causales de extradición
El segundo proyecto plantea una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses en casos de delitos de alta gravedad.
De acuerdo con Fernández, la iniciativa busca incorporar mecanismos excepcionales para enfrentar a las organizaciones criminales y evitar que la nacionalidad costarricense sea utilizada como un mecanismo de protección frente a la justicia.
La reforma permitiría solicitar la extradición de costarricenses por delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo y su financiamiento, legitimación de capitales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, tejidos y células humanas.
Además de sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales organizadas, se incluyen la participación en organizaciones criminales transnacionales y los ciberdelitos, el ciberterrorismo o el ciberfraude que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.
Fernández enfatizó que la extradición no sería automática, sino que procedería únicamente mediante resolución firme de los tribunales competentes, siempre que la conducta constituya un delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante y conforme a los tratados internacionales suscritos por el país.
Aunque el proyecto fue anunciado este lunes, su presentación formal ante la Asamblea Legislativa está prevista para el 3 de agosto.
Proyecto 3: Proponen ampliar el uso de tobilleras electrónicas
El tercer proyecto propone reformar la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal para sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente, por el uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
Según la propuesta presentada, las personas que tengan o pasen a un régimen de confianza o de beneficios carcelarios deberán utilizar estos dispositivos para facilitar su ubicación y permitir una respuesta policial más rápida.
Además, establece que únicamente podrán acceder a un régimen de confianza quienes cumplan con los requisitos técnicos definidos.
“Con esta reforma vamos a olvidarnos de eso de firmar cada 15 días y a personas que jueces saquen de la cárcel como esa, vamos a ponerles una tobillera, monitoreo electrónico para saber dónde están”, afirmó la presidenta.
Proyecto 4: Endurecen penas por minería ilegal
El cuarto proyecto propone reformar la legislación para endurecer las sanciones por la explotación minera ilegal y ampliar las herramientas para combatir esta actividad.
La iniciativa incrementa las penas de prisión por la explotación, organización y promoción de actividades mineras ilícitas en parques nacionales, reservas naturales, humedales y áreas silvestres protegidas.
También mantiene las penas por la explotación ilegal en cauces y tajos e incorpora el decomiso de maquinaria, equipos, instrumentos y otros bienes utilizados en la explotación ilegal de minerales.
Asimismo, propone aumentar las penas por la usurpación de bienes privados para la explotación minera y permitir la inmovilización registral de fincas donde se desarrollen actividades mineras no autorizadas.
Proyecto 5: Proponen monitoreo electrónico para deudores de pensión alimentaria
El quinto proyecto crea un marco legal para permitir el uso de mecanismos de monitoreo electrónico a personas que han incumplido el pago de las pensiones alimentarias.
Según la propuesta del Ejecutivo, la medida busca que estas personas puedan continuar trabajando para cumplir con sus obligaciones, al tiempo que se protege el derecho de los beneficiarios de la pensión.
Proyecto 6: Gobierno propone modificar los rangos policiales
El sexto proyecto plantea sustituir la nomenclatura actual de los grados policiales por una nomenclatura tradicional utilizada anteriormente en Costa Rica.
El objetivo de la reforma es fortalecer la disciplina, la cadena de mando, la autoridad institucional y el sentido de pertenencia entre los oficiales.
Fernández aclaró que el cambio de nomenclatura no modificaría la naturaleza civil de la Fuerza Pública ni sus competencias legales ni afectaría la abolición del Ejército, ya que los nuevos rangos estarán acompañados por el término “de Policía”.