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Tres de los economistas más respetados del país coinciden en señalar la importancia de la ley de empleo público para ordenar las remuneraciones estatales y poner las finanzas públicas en camino de recuperación. La ley no basta, pero sin ella es imposible cumplir los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de eso dependen los desembolsos del crédito concedido al país, así como la reconquista de la credibilidad en el mercado financiero.
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«Sin reforma del empleo público, no hay acuerdo con el FMI», dice Alberto Trejos, de tendencia socialcristiana. El liberacionista Eduardo Lizano califica la iniciativa de «fundamental» y para Rodrigo Cubero, cuya carrera se desarrolló en el exterior y ocupa por primera vez un cargo de relevancia en la administración Alvarado, la reforma es «un compromiso formal» en el marco del acuerdo con el Fondo, necesario para enderezar las finanzas del país.
Trejos reconoce la ley de empleo público como condición explícita del acuerdo con el Fondo, pero también la encuentra imprescindible por su impacto cuantitativo y porque atiende el origen del problema. Sin contener el desorden imperante en los salarios públicos, afirma, estaremos muy lejos de una solución.
Cubero teme las consecuencias de un fracaso del acuerdo con el FMI e insiste en que el avance del proyecto de empleo público será clave en las periódicas revisiones del desarrollo de la agenda pactada. «La aprobación de este proyecto constituye lo que en inglés se llama un structural benchmark o una reforma estructural de referencia. El FMI verificará su materialización a efectos de determinar si el país está haciendo suficiente progreso». En caso de incumplimiento, «el castigo de los mercados sería muy fuerte», afirma sin ambigüedades el presidente del Banco Central.
Para Lizano, además de un elemento fundamental del ajuste fiscal negociado con el FMI para tratar de «apagar el incendio», la ley es necesaria, más allá de su impacto fiscal, para poner orden en los salarios de todo el sector público. Otros aspectos de menor cuantía incorporados al acuerdo con el FMI, como el de impuesto a los premios de lotería, se podrían sustituir, si es necesario, pero no la reforma del empleo público.
Las coincidencias de economistas de diversas corrientes políticas son notables y forman parte de un consenso amplio sobre la precariedad de la situación fiscal y la urgencia de recobrar la estabilidad. También dicen mucho sobre el origen de la crisis actual: la imposibilidad de impedir el rápido crecimiento del gasto y, con él, la necesidad de endeudamiento.
Según Lizano, las dificultades se deben en gran parte al aumento del gasto y «todo lo que es planilla, por así decirlo». Trejos coincide. Según su criterio, el desequilibrio fiscal se origina en el desorden de las remuneraciones públicas. El economista reconoce las limitaciones salariales de una parte del sector público y las califica de injusticia, pero «otros ganan extrañamente bien, de una forma desordenada y muy ineficiente. Eso provoca el enorme problema fiscal, porque fue el incremento de esos salarios lo que lo causó. Nada más cambió, eso fue lo que cambió».
También el presidente del Banco Central se muestra esperanzado por los beneficios fiscales de eliminar el crecimiento constante de la masa salarial del Estado con la aprobación de la ley de empleo público y su efecto conjunto con otras normas aprobadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2018. A los tres connotados expertos se suman muchos otros. Las coincidencias entre ellos son razón para meditar no solo en las próximas reformas, sino también sobre la necesidad de impedir un retroceso una vez hechos los inevitables sacrificios.
