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El más reciente estudio actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) da cuenta del efecto favorable del cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones, la eliminación del adelanto de la jubilación para los hombres, cuya edad de retiro quedó fijada en 65 años, y el ajuste de 60 a 63 años para las mujeres.
No obstante, el efecto es temporal y, en palabras de Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sirvió para ganar tiempo mientras se ejecutan los ajustes estructurales necesarios para preservar el régimen. La valuación actuarial al 31 de diciembre del 2022, aprobada el 12 de setiembre por la Junta Directiva, prevé el agotamiento de la reserva del fondo en el 2047. Un estudio del 2018, antes de los ajustes, fijaba esa fecha crítica para el 2037.
En suma, los ajustes crearon un espacio adicional de una década. Es poco tiempo en materia de cálculos actuariales. Hace una década, en el 2014, ya habían pasado años desde las primeras advertencias de una futura crisis, el IVM acababa de ser acusado de maquillar las cifras, los estudios actuariales —nacionales y extranjeros— iban y venían, y los expertos advertían del peligro de dejar pasar el tiempo sin tomar medidas para evitar una crisis. Cuanto más tarde, mayor será el sacrificio, decían.
Diez años después no quedó más remedio y el IVM ejecutó medidas impensables en el 2014. Impensables no porque no estuvieran claros los caminos posibles, como el aumento de la edad de retiro, la reducción de los beneficios y el incremento gradual de las cuotas, sino porque todas esas medidas son impopulares y había temor al precio político.
Estamos ahora en una situación muy parecida. Nadie ignora la necesidad de efectuar más cambios para dar solvencia al régimen ni el costo futuro de demorar las decisiones. El IVM enfrenta un déficit de casi ¢75 millones de millones y será incapaz de pagar pensiones a partir del 2047. Es urgente sostener un diálogo nacional para generar cambios, dice Barrantes. “No es mucho el tiempo que tenemos y los cambios van a requerir tiempo de discusión en la Asamblea Legislativa y en la Directiva de la Caja”.
Como leyendo de un libreto de hace diez o más años, el funcionario llama a no desperdiciar el “oxígeno” proporcionado por los ajustes aplicados en enero. “Si lo hacemos, se nos viene todo encima y las reformas serán muy duras… Es conveniente discutir y aprobar los cambios porque hay margen para hacerlos transitorios y con gradualidad”.
Los retos políticos del presente también guardan similitud con los del pasado. Basta con señalar la ineludible necesidad de definir la tasa de reemplazo deseable —en palabras de Barrantes—, pero quizá sea más preciso describirla como posible. Se trata del monto de la pensión respecto del salario del trabajador, incluido el aporte de las pensiones complementarias. ¿Puede ser un 60 % o menos?
Mucho dependerá de la aprobación de otras propuestas polémicas. ¿Qué va a pasar con el 7,25 % pagado actualmente a Fodesaf, INA, IMAS y el Banco Popular?, pregunta el gerente de pensiones. Algunas respuestas parecen menos complejas, pero ninguna carece de resistencia. Mucho se ha discutido sobre el Banco Popular, por ejemplo, pero replantear su financiamiento despertará polémica.
También está por verse si hay voluntad para aprovechar la paulatina disminución de los gastos en pensiones con cargo al presupuesto nacional para fortalecer las jubilaciones administradas por el IVM, sobre todo en vista de la dificultad para lograr la cancelación de los aportes estatales ya establecidos.
Una ventaja del momento es la iniciativa de la Superintendencia de Pensiones (Supén) para conformar una comisión dedicada a fortalecer el sistema nacional. La Caja llevará el último estudio actuarial al foro para incorporarlo a las discusiones. Es una buena oportunidad para salir con una propuesta comprensiva y rápida, con respaldo de las voces más autorizadas.
