Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), explicó que el reciente estudio actuarial al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es fundamental para comenzar el proceso de fortalecimiento del principal fondo de pensiones de Costa Rica.
El jerarca consideró que el país aún cuenta con tiempo para aprobar cambios graduales. La Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al 31 de diciembre de 2022, aprobada el pasado jueves 12 de setiembre por la Junta Directiva, proyecta que la reserva del fondo se agotará en 2047. El estudio previo, de 2018, lo estimó en 2037. La modificación, destacó Barrantes, se debió a la reforma que cambió el cálculo del monto de pensión y eliminó el adelanto de la jubilación para los hombres, quienes ahora se retiran a los 65 años; además, elevó la edad de retiro para las mujeres de 60 a 63 años.
Sin embargo, el sistema aún carece de solvencia, por lo cual se requieren más cambios. El estudio se tomará como el documento base para la nueva discusión y se llevará al Comité Interparticipativo, creado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones. A continuación un extracto de la entrevista con el gerente de Pensiones de la CCSS.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS. (Alonso Tenorio)
― ¿Cuán relevante es este nuevo estudio actuarial para reformar el IVM?
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—La Junta Directiva (de la Caja) había señalado que era necesario esperar este informe para incorporar el efecto de la pandemia y el impacto de la reforma (de enero pasado), y así determinar si los datos del estudio actuarial de 2018 se mantenían consistentes. Lo primero que se observa en el nuevo informe es que el impacto se extiende hasta 2047.
“La reciente reforma permitió ganar tiempo para discutir temas más estructurales que involucran al IVM dentro del contexto de un Sistema Nacional de Pensiones. El informe es muy importante dentro del proceso que se definirá en el seno del Comité de Pensiones y la Junta, y en el iniciado por la Supén”.
― ¿El estudio deja claro que la magnitud del déficit del IVM no se soluciona con cambios en cuotas, edad de retiro y beneficios, las tres variables que la Junta puede modificar?
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—Por eso es importante definir, como país, qué se espera como tasa de reemplazo (monto de pensión respecto al salario del trabajador). Si creamos las pensiones complementarias como segundo pilar, sabemos que, para el año 2035 o 2040, podrían alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 15%. Entonces, el IVM tendría que ofrecer como mínimo un 45%, si como país aspiramos a que la pensión sea del 60%.
“Entonces, ¿de cuánto debe ser la cuota para financiar ese 45%? En esta etapa no hemos tocado el tema de las cargas sociales. Pero es necesario analizar cuál es la posibilidad del Ministerio de Hacienda y el sector privado de realizar un reequilibrio de cargas sociales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el 7,25% que los patronos actualmente pagan a Fodesaf, INA, IMAS y el Banco Popular?
“El financiamiento de Hacienda con las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional también irá disminuyendo. Esto podría liberar recursos para enfocarlos en el régimen y redefinir los aportes de los patronos. No estamos hablando de aumentar las cuotas, sino de reasignarlas. El IVM tiene espacio para crecer en cargas sociales con una redistribución de aportes.
“La Junta debería dialogar con Hacienda para llegar a un acuerdo y, como país, consensuar la posibilidad de reducir las cargas sociales a los patronos para que el gobierno asuma parte de ellas y destine recursos al IVM.
“Una vez que se defina el rebalanceo de cuotas, se determinará si es válido o no hacer un ajuste adicional. Estos son temas estructurales, ahora no está sobre la mesa un tema de edad y la contribución es complicada. El impacto de la Directiva sola con los tres parámetros afectan a la economía, por eso es importantísimo el diálogo nacional”.
― El tiempo ya no está del lado del IVM, ¿puede la Caja quedarse inactiva?
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― No, por eso la Junta quiere efectuar un foro para discutir el estudio, ver qué se está haciendo en otros países e iniciar cuanto antes la discusión. Por eso participamos en la iniciativa de Supén. La idea es tener los mayores insumos para que las instancias encargadas de aprobar las reformas lo hagan.
“Es urgente tener un diálogo país que pueda, en un relativo plazo, generar cambios. No es mucho el tiempo que tenemos y estos cambios van a requerir tiempo de discusión en la Asamblea Legislativa y en la Directiva de la Caja. Por eso es necesario continuar con la conversación, ya que en la Supén estamos en eso y la Caja generará acciones”.
― ¿Las acciones pueden esperar?
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― La reforma de enero pasado da un oxígeno. El tema es no perderlo, si lo hacemos se nos viene todo encima y ahí las reformas serán muy duras y estresantes. Es conveniente discutir y aprobar los cambios porque hay margen de hacerlos transitorios y con gradualidad.
― ¿Los atrasos del gobierno en hacer las transferencias complican la estabilidad en el corto plazo?
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― En la próxima década podríamos tener alguna circunstancias si el gobierno mantiene la posición de no presupuestar los recursos. Las proyecciones actuariales parten de que Hacienda subsana esta situación; sino pueden comprometer los momentos.
― ¿Cómo terminan de pagar pensiones sin la totalidad de la contribución estatal?
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― En el IVM hemos tenido que usar más intereses de ganancias de las inversiones de la reserva a lo proyectado en las valuaciones actuariales. Entonces, la reserva no creció todo lo que hubiese tenido que aumentar. Se cierra en no reinvertir todos los intereses, sino usar buena parte.
“Hasta el día de hoy no hemos tenido necesidad de tocar la reserva. Pero esto es un riesgo cada año. El gobierno sí ha cumplido con lo que presupuesta, pero si empieza a fallar estaríamos ante una situación de tocar la reserva. Este año aún no sabemos si cerraremos solo con los intereses, dependerá de lo que pase con el traslado de cuota del Estado”.
