EscucharOttón Solís, representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), califica su salario de “absurdamente elevado”. No obstante, las normas internas de la institución le impiden decir cuánto gana. Ese es un segundo absurdo. El BCIE no es una empresa privada y las normas elementales de la gobernabilidad democrática exigen transparencia. El mínimo sería permitir a los directores discutir públicamente sus salarios y demás elementos del paquete de compensación.
Pero los centroamericanos no tenemos derecho a saber cuánto ganan los directores del banco ístmico, y si queremos una medida del absurdo, es preciso adivinar a partir de la propuesta de rebaja de las remuneraciones formulada por el gobierno costarricense. Quienes conocen los números estiman apropiado y suficiente un salario un 34 % menor para los directores. Es decir, el exceso actual es de más de un tercio a juicio de nuestro país.
Mientras no conozcamos la realidad de las remuneraciones, es imposible saber si la rebaja es suficiente. No hay más remedio que considerarla un mínimo. Hacerlo es razonable a partir de otras pistas ofrecidas por Solís. Ningún presidente centroamericano gana tanto como los directores del BCIE, dice el representante nacional. Tampoco los ministros de Hacienda. Esos cargos, no obstante, implican responsabilidades muy superiores.
Para evaluar el asunto también sería útil conocer los demás detalles del paquete de compensación y los beneficios concedidos a los directores. Por ejemplo, están exentos del impuesto sobre la renta y el pago de cargas sociales. Además, tienen acceso a viáticos, vehículos y otras ventajas.
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Otra pista la dio el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuando destituyó a Guillermo Funes, hermano del exmandatario Mauricio Funes. “En estos diez años, solo en salarios, sin contar todas las demás prestaciones (vacaciones, bonos, viajes, etc.), el hermano de Mauricio Funes cobró 2,4 millones de dólares”, escribió Bukele en Twitter, aunque sin presentar documentos de respaldo.
Nunca, en 60 años, hubo un esfuerzo por moderar los pagos y, según Solís, desde el inicio de su gestión recibió instrucciones del presidente, Carlos Alvarado, para plantearlo. Ya era hora. Centroamérica y su pobreza lo exigen, pero la pandemia pone un acento de urgencia a todas las reformas necesarias para racionalizar el uso de recursos y sustraer piezas de los tradicionales cofres del botín político para ponerlas a salvo de ambiciones divorciadas del bien común.
El llamado de Costa Rica a la Asamblea General de Gobernadores del BCIE es a favor de la congruencia con la realidad de los países representados en el Banco, así como con su razón de ser. Pronto sabremos el resultado porque la propuesta será presentada el 3 de setiembre a la Junta de Gobernadores por la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido.
De paso, la región ganaría mucho si la reforma no se restringiera a los salarios y se extendiera a la transparencia en todas las operaciones del Banco. La opacidad del BCIE se traslada con mucha facilidad a los países centroamericanos, incluido el nuestro. La contratación del Banco para desarrollar obra pública impide ejercer los controles usuales sobre licitaciones. Lo mismo ocurre con las consultorías. Ambas fueron objeto de polémica en el pasado.
Hace bien nuestro gobierno en plantear la reducción salarial de los representantes de países tan necesitados de recursos y buenos ejemplos. El carácter multinacional del BCIE no le exime de responder a ambos requerimientos.
