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En días recientes, la presidenta Laura Fernández planteó con claridad el problema que afronta el Régimen No Contributivo:
“Si no identificamos una fuente permanente de recursos que no implique nuevos impuestos, o que no implique una promesa sin contenido económico, ¿qué gano yo con entusiasmar a 30.000 adultos mayores en Costa Rica que hoy están en lista, esperando por esa pensión del Régimen No Contributivo, si no cumplo con mi deber y presento las reformas legales para encontrar el contenido económico que nos permita materializar esa meta nacional?”.
El problema está planteado: hacen falta recursos permanentes y reales. La pregunta es dónde encontrarlos.
El gobierno ha propuesto trasladar al Régimen No Contributivo el 0,25% de las remuneraciones que actualmente recibe el Banco Popular. Con cifras de 2025, representa unos ¢37.500 millones anuales y permitiría, según sus cálculos, incorporar a aproximadamente 31.000 nuevos beneficiarios.
Es una posibilidad. Pero esos recursos ya tienen destino y cumplen otras funciones. Antes de reasignarlos, conviene explorar una fuente adicional que Costa Rica todavía no está aprovechando. Esa fuente puede ser el QDMTT (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, por sus siglas en inglés, o impuesto mínimo complementario doméstico calificado).
Una fuente nueva
El QDMTT es el impuesto complementario doméstico contemplado por las nuevas reglas internacionales de tributación mínima para grandes grupos multinacionales. Cuando una empresa comprendida en ellas tributa en Costa Rica por debajo del mínimo aplicable, nuestro país puede tener la primera oportunidad de recaudar el complemento. Si no lo hacemos, esos recursos pueden terminar recaudándose en otro país.
No todas las empresas de zona franca están comprendidas ni todo diferencial hasta el 15% es recaudable. Hacienda debe hacer el cálculo. Pero el principio es sencillo: si un impuesto complementario deberá pagarse de todas maneras, conviene determinar cuánto puede recaudar Costa Rica antes de permitir que lo recaude otro fisco.
Durante décadas, el país promovió exitosamente sus zonas francas mediante importantes exoneraciones tributarias. Podemos ver esta nueva oportunidad, figuradamente, como un ahorro realizado durante años que ha llegado el momento de “cobrar”. No para recuperar impuestos legítimamente exonerados, sino para aprovechar una posibilidad creada ahora por las nuevas reglas internacionales.
No hacerlo podría significar dejar dinero sobre la mesa.
Costa Rica todavía no recauda esos recursos y, por tanto, tampoco ha comprometido su destino. Una vez incorporados al presupuesto, competirán naturalmente con muchas otras necesidades legítimas. Hoy todavía podemos darles desde su origen un propósito de largo plazo: fondeo para las pensiones no contributivas.
Eliminar la espera, pero no quedarse ahí
El Régimen No Contributivo atiende a unos 159.000 beneficiarios y más de 30.000 personas esperan incorporarse. La pensión ordinaria es de ¢82.000 mensuales, más aguinaldo y cobertura de salud.
La primera prioridad sería eliminar esa espera. Pero no debería ser la última.
La línea de pobreza urbana ronda los ¢128.000 mensuales, mientras la pensión mínima contributiva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ronda los ¢162.000. Podría estudiarse llevar gradualmente la pensión no contributiva, conforme los recursos lo permitan, hacia una proporción de esa pensión mínima. Un 80%, por ejemplo, serían aproximadamente ¢130.000: cercano a la línea de pobreza y manteniendo una diferencia a favor de quien trabajó y cotizó.
El objetivo sería que nadie que cumpla los requisitos permanezca esperando y, conforme los recursos lo permitan, avanzar hacia una pensión digna sin eliminar el reconocimiento debido a quien contribuyó.
¿Qué mejor destino para una parte de aquel “ahorro” que quienes menos pudieron ahorrar para sí mismos?
Hagamos la cuenta y construyamos patrimonio
La viabilidad depende de una cifra que necesitamos conocer: ¿cuánto podría recaudar anualmente Costa Rica mediante un QDMTT?
El Gobierno ya ofrece una referencia: ¢37.500 millones anuales financiarían aproximadamente 31.000 nuevas pensiones. Antes de trasladar esos recursos del Banco Popular, Hacienda debería publicar su estimación del QDMTT y permitir comparar las alternativas.
Una fuente permanente exige, además, pensar más allá del próximo presupuesto. Las pensiones son obligaciones de largo plazo: no todo lo que recibimos hoy tenemos que gastarlo hoy.
Atendidas las necesidades corrientes, los recursos correspondientes a obligaciones futuras pueden capitalizarse e invertirse internacionalmente, generando rendimientos y construyendo patrimonio para sostenerlas.
La Caja Costarricense de Seguro Social ofrece una estructura institucional apropiada para recibir y administrar separadamente los recursos destinados a las pensiones no contributivas. Podría estudiarse, además, que esos aportes se acrediten contra obligaciones del Estado con la institución.
Para las prestaciones futuras, podría estructurarse un fondo independiente, profesionalmente administrado e invertido internacionalmente. Como ya recomendamos en un artículo anterior (La Nación, 10/07/2026), Noruega podría brindar asistencia para estructurar su gobernanza y políticas de inversión.
El principio es sencillo: recibir hoy, pagar mañana y poner a trabajar mientras tanto los recursos que todavía no necesitamos gastar.
Y nos regala algo más
Hasta aquí, la propuesta se justifica por razones sociales, fiscales y patrimoniales. Pero nos regala, además, un segundo beneficio frente a otro problema de importancia nacional: la sobrevaloración del colón y sus efectos sobre la competitividad.
Los recursos destinados a obligaciones futuras pueden permanecer invertidos en el exterior. Mientras generan rendimientos y construyen patrimonio, contribuyen también a absorber –o evitan agregar– dólares a un mercado caracterizado por un exceso estructural de oferta.
Precisamente porque el problema es estructural, la presión hacia una mayor sobrevaloración y sus efectos sobre la competitividad no se detendrán mientras continúen operando las mismas fuerzas y no hagamos algo diferente para modificarlas o absorber sus consecuencias.
Si nada cambia, la presión continuará en la misma dirección: ¿¢430, ¢420, ¢400?
De ahí la pregunta planteada en un artículo anterior (La Nación 20/08-2026): ¿hasta cuándo? Allí se describió el problema y se sugirieron distintos caminos de solución. Lo importante aquí es que las fuerzas estructurales continúan operando.
Un fondo para las pensiones no contributivas invertido internacionalmente no resolvería por sí solo la sobrevaloración del colón. Pero añadiría otro mecanismo de absorción en la dirección necesaria.
Dos oportunidades
La presidenta planteó la necesidad de encontrar una fuente permanente y real para las pensiones no contributivas. Podemos hacerlo sin comenzar por reasignar recursos que ya cumplen otros propósitos y, además, decidir desde el inicio cómo utilizar una nueva fuente antes de que su destino quede comprometido.
Si el QDMTT puede aportar recursos significativos, cobremos en Costa Rica lo que de otra manera podría terminar en otros fiscos. Utilicémoslos primero para eliminar la espera; avancemos, conforme los recursos lo permitan, hacia una pensión digna, y capitalicemos lo correspondiente a obligaciones futuras.
Durante años, Costa Rica invirtió en el éxito de sus zonas francas. Las nuevas reglas internacionales abren ahora la posibilidad de recoger una parte adicional de sus frutos.
Una misma propuesta puede ayudarnos, entonces, a enfrentar dos grandes problemas nacionales: construir una pensión digna y sostenible para quienes más la necesitan y ayudar a corregir la sobrevaloración del colón que erosiona nuestra competitividad. Llegamos a ella buscando una solución para el primero. Encontrar que también contribuye a resolver el segundo hace la oportunidad demasiado importante para no estudiarla.
gbreymann@tech-point.net
Guillermo von Breymann es fundador de Banco Banex, Cinde y el complejo Multiplaza/Camino Real. Ha trabajado en banca y desarrollo inmobiliario de gran escala en Costa Rica desde la década de 1970.
