EscucharEn el amplio repertorio de definiciones sobre lo que es una política pública existen dos corrientes de pensamiento: la que la entiende como un proceso secuencial eminentemente técnico y la que la define como algo más político, es decir, como el resultado del conjunto de contradicciones entre los actores sociales sobre la solución a problemas de naturaleza pública.
El enfoque secuencial prevalece en Costa Rica y ha llevado a disminuir el concepto a un programa. Dicho de otra manera, las orientaciones técnicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) reducen el acto de formulación de una política pública a elaborar un programa interinstitucional de carácter normativo.
La ejecución eficaz o no de ese programa no afecta en nada la situación que normativamente buscaba resolver. Es así porque, en resumen, las llamadas políticas son solo la compilación de las acciones de la gestión que por misión deben realizar las instituciones públicas. Lo mismo pasa con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP).
En la otra corriente de pensamiento se entiende que una política pública es el resultado de acuerdos entre actores sociales de donde deriven procesos de cambio viables, por lo que su enfoque es situacional y no normativo.
Se entiende, entonces, que una política pública es lo que hace o deja de hacer una autoridad política investida del poder para orientar el cambio social. En otras palabras, si una ministra o un ministro decide hacer caso omiso de una situación que afecta a la población, debe considerarse que esa es la política pública.
Documentos sin soluciones
Las orientaciones y las disposiciones emitidas tanto por el Mideplán como por la Contraloría General de la República (CGR) se traducen en que, si no se dispone de un documento que se llame “política pública de x sector”, entonces no se tiene una. La consideración normativa de este instrumento de planificación es germen de la proliferación de documentos, pero no de soluciones a los problemas.
Con mucho acierto decía el economista chileno y padre de la planificación situacional Carlos Matus que las cosas cambian en las sociedades, pero los problemas persisten. ¿A qué conduce la orientación secuencial de la política pública versus el carácter político de las políticas públicas? A lo que he denominado incoherencia de las políticas públicas.
Este concepto supone dos abordajes clave. Por un lado, la incoherencia del discurso político y las prioridades que definen los gobiernos e incluso el Estado en sus agendas. Por otro, la incoherencia entre las necesidades de la población y la forma cómo los gobiernos asignan los recursos. En este sentido, resulta una contradicción política y sustantiva decir, por ejemplo, que van a mejorar la calidad de la educación, pero se disminuyen los recursos al MEP. De igual forma, es incoherente un discurso de protección del ambiente si las decisiones políticas ponen en riesgo alguna parte del patrimonio natural protegido del país.
La base para la formulación de políticas públicas exitosas, es decir, decisiones e inversiones que operen los cambios esperados y la creación de valor público, no depende únicamente de capacidades técnicas. De hecho, creo que es el factor menos trascendental. El aspecto medular es la capacidad de alcanzar acuerdos políticos en asuntos clave.
Costa Rica abandonó hace varios gobiernos la atención prioritaria de las áreas más relevantes para un país, como la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura, las brechas territoriales, el agua, entre otros, y, a consecuencia de ello, cada día que pasa los problemas se vuelven más difíciles de resolver.
La proliferación de pseudo partidos políticos, la pérdida de credibilidad en los tradicionales y la ausencia de espacios legítimos y democráticos de conversación sobre las grandes cuestiones del país han sacado a flote las incoherencias de las acciones y las decisiones de los gobiernos y de los propios partidos políticos.
Es posible que este presente complejo y complicado que se vive en el país haya nublado el horizonte y sea, por tanto, necesario buscar iluminación en el futuro para reordenar y dar coherencia a las acciones. Como señalaba el profesor francés Michel Godet, especialista en prospectiva, “debemos iluminar las decisiones presentes con la luz del futuro”. A veces, vivir insertos en lo inmediato, en el día a día, estar en constante conflicto con los distintos actores sociales, impide pensar en el país que queremos.
Presupuesto para la educación
La coherencia de una política pública parte de saber hacia dónde vamos y, a partir de esa visión plausible, identificar las acciones y alcanzar los acuerdos políticos que den viabilidad a la ejecución.
No se trata en modo alguno de una tarea fácil. El tiempo sigue su marcha y, cada año que pasa, el margen para incidir de manera significativa sobre problemas históricos es menor.
Quisiera cerrar este artículo haciendo referencia a la educación, en particular a los niveles preescolar, primario y secundario. No existe organismo internacional, nacional o gremial que no haya dado su diagnóstico. En general, hay coincidencias en lo fundamental; sin embargo, la política pública educativa es, aparte de contradictoria, indeterminada.
La disminución sistemática de recursos para el MEP —con la venia de las autoridades del Ministerio—, la pauperización de las condiciones de los centros educativos, la actuación protocolaria del MEP y no preventiva de la gravedad de las situaciones que ocurren en escuelas y colegios, la falta de inversión en mejorar la calidad, entre otras cosas, revelan la verdadera política pública educativa del país.
Debe sumarse a lo anterior la migración de la educación pública a la privada en los casos en que se puede y cómo el gasto de las familias costarricenses en este rubro se ha incrementado.
El autor es doctor en Gobierno y Políticas Públicas.
