Columnistas

Planificación durante los próximos cuatro años

Una Costa Rica mejor depende de hacer los cambios necesarios de manera planificada

El cambio de gobierno trae consigo el remozamiento de caras en el gabinete y nuevas ideas que coparán los espacios mediáticos del país.

No todas las figuras serán tan protagónicas, algunas tendrán un perfil más bajo que otras; muy asociado con ciertas temáticas y evolución del entorno.

Una cartera, no necesariamente la más mediática, es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), que según mi criterio es la esencial para dar el paso hacia un futuro mejor, sostenible e inclusivo.

A la planificación se le ha dado su debido lugar en muy pocas ocasiones. La improvisación y programación de actividades institucionales para justificar la asignación presupuestaria nos condena al cortoplacismo, al desgaste de la confianza y pérdida de legitimidad institucional.

De alguna manera, en Costa Rica, y en América Latina en general, nos agenciamos la forma de invertir la frase del genio francés René Descartes “pienso, luego existo” por un contundente “existo, luego pienso”.

En palabras simples, algo así como apagar el incendio antes de pensar en anticiparnos.

Pero la planificación moderna vuelve a ser el “elefante gris sentado en la sala de la casa”, es decir, sigue estando ahí, a la vista de todo el mundo, esperando que se la descubra.

Las bases de una Costa Rica mejor están en hacer el cambio que se requiere de manera planificada.

El nuevo gobierno contará con algunos legados de reciente aprobación para diseñar y aplicar la transformación planificada basada en un cambio significativo en el sistema de planificación.

Hago una enumeración no exhaustiva de los que creo son fundamentales:

1. La Ley de Desarrollo Regional, que tiene como fin “impulsar el desarrollo regional... para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región”.

La idea de un país en donde no existan regiones excluidas de los beneficios del desarrollo, como son las áreas costeras y fronterizas, debe ser el fundamento para una consideración ética de la Costa Rica a la que se aspira, y tiene en este instrumento todo el potencial para la articulación territorial.

2. La Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Era una ley necesaria porque las zonas más alejadas de la GAM son víctimas de migraciones negativas debidas a la falta de oportunidades de empleo y generación de riqueza.

La acción deberá estar acompañada de oportunidades de formación y desarrollo de competencias técnicas en esas regiones, para lo cual la academia y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se tornan claves.

3. La Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050: de acuerdo con sus formuladores, traza la ruta hacia una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D) en el 2050.

4. El Plan Estratégico Nacional al 2050 que, como se le presentó al país, está orientado a establecer las acciones que guíen la toma de decisiones en política pública con miras a largo plazo, con el propósito de construir una nación más próspera a través del crecimiento sostenido y la equidad con igualdad de oportunidades.

Pretende preparar al país para los cambios globales, resiliente al cambio climático y descentralizado, digitalizado y descarbonizado.

5. El pronunciamiento histórico de la Contraloría General de la República que llama a cambiar el sistema nacional de planificación más allá del ritual “planificar para una gestión pública resiliente ante entornos dinámicos”.

El trabajo se llevó a cabo con la participación de una buena cantidad de fuentes de información primarias —legitimadas porque trabajan en procesos de planificación y presupuestos—, la academia y otros actores, y se hizo una revisión de fuentes secundarias calificadas.

6. La exigencia de buenas prácticas por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que obliga a pensar a largo plazo y en la gobernanza anticipatoria.

Gracias a los estudios efectuados por la OCDE, fueron detectadas las falencias del país en gobernanza pública y visión a largo plazo, lo que motivó la inclusión de la temática en diferentes foros nacionales.

Este conjunto de elementos normativos crea un marco de gobernanza para el diseño de la ruta y el establecimiento de prioridades, cuyo efecto mayor será contener las migraciones hacia las grandes ciudades y la presión sobre los servicios públicos, entre otros.

No todos los grandes problemas están resueltos, pero por lo menos me parece que la planificación del desarrollo es una asignatura pendiente.

La existencia sola de ese conjunto de impulsores de cambio no es suficiente. Es fundamental ejecutar los procesos que permitirán materializar las transformaciones que hoy adquieren viabilidad.

Uno de los instrumentos será el plan nacional de desarrollo que formule y presente el nuevo gobierno, en el cual espero ver con claridad hacia dónde va el país a mediano plazo, un instrumento que aproveche el potencial transformador que dan los catalizadores mencionados y haga del ejercicio de la planificación ya no solo una formalidad, sino una realidad.

jc.mora.montero@gmail.com

El autor es docente en la UNA y la UCR.

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