Gobiernos locales y Poder Ejecutivo tienen ya una ley para atraer inversiones hacia los territorios más rezagados
07/07/2020 Los precarios ( Esta señora tiende la ropa al costado de la calle en León Trece en el precario ) . foto Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Andrés Fernández Arauz
Una de las legislaciones más trascendentes aprobadas en las últimas décadas es la Ley de fortalecimiento de la competitividad para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana.
Su objetivo es otorgar incentivos positivos para la atracción de inversiones y mejorar la empleabilidad en los territorios más rezagados.
Un total de 46 cantones, donde reside el 42% de la población, son candidatos potenciales a recibir los beneficios de la nueva ley, que, en lo esencial, reduce los costos en la contratación de personal por un período de hasta diez años para nuevas empresas que se instalen en esos territorios, en consonancia con las recomendaciones de la OCDE y expertos nacionales, como medida para reducir la informalidad e incrementar la empleabilidad.
La segmentación territorial basada en la definición de la Gran Área Metropolitana (GAM) contribuirá a que los cantones con niveles de competitividad menores sean los favorecidos.
De acuerdo con el índice de competitividad nacional (ICN), publicado en noviembre del año anterior por el Consejo de Promoción de la Competitividad, los cantones de la GAM promediaron 62 puntos, un 84% de los cuales ostentan rangos más altos (competente y excepcional).
Por el contrario, los ubicados fuera de la GAM, incluidos en la ley, promediaron 50 puntos en el índice, y el 93% posee niveles de desempeño inferiores: un 50% en el nivel emergente, un 35% en el limitado y un 9% en el deficiente.
La diferencia con respecto a competitividad entre los cantones que están fuera de la GAM haría presumir que serán los mejor ubicados en el índice (como Pérez Zeledón, San Carlos, Esparza, Puriscal y San Mateo) los que tendrían mayores probabilidades de atraer este tipo de inversiones, en contraste con Matina, Talamanca, Los Chiles, Guatuso y Upala, más rezagados en la materia.
Por eso, será clave el papel de los gobiernos locales y el Poder Ejecutivo para continuar mejorando las condiciones de competitividad en estos territorios.
En el caso del Poder Ejecutivo, por ejemplo, mediante el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 que será definido y publicado próximamente, podrían orientarse mayores recursos hacia los territorios a la zaga.
Esto último si bien se ha hecho de alguna manera mediante los Programas 1 y 4 de Fonatel, resulta necesaria una actualización de los parámetros con los cuales se definen en este momento las zonas atendidas por las operadoras a través de los subsidios a la oferta, que son promovidos por la Sutel con recursos de Fonatel, en particular, en cuanto a redes fijas.
La presencia de este tipo de redes de internet son las que muestran una mayor relación con el desempeño de los cantones en el índice de competitividad nacional.
Mientras la proporción de suscripciones respecto a viviendas en los cantones con muy alto desempeño competitivo es de poco más del 100%, es menos del 50% en comunidades con desempeño emergente y limitado, e incluso menor del 20% en cantones con desempeño deficiente.
La diferencia está estrechamente vinculada a una mayor presencia de operadoras que brindan estos servicios, particularmente, en zonas urbanas y la región central, por lo que uno de los principales retos para incrementar la competitividad radica en la instalación de redes de telecomunicaciones robustas a las que puedan acceder residentes, centros de prestación de servicios públicos y empresas.
En el caso de los gobiernos locales, la evidencia empírica demuestra la significación de las instituciones para la productividad, lo que sugiere que su papel fundamental consiste en establecer los incentivos adecuados y reducir la incertidumbre para que los ciudadanos confíen en participar en actividades económicas.
Los inversionistas invertirán si creen que cosecharán los beneficios esperados y los rendimientos de su trabajo o inversión en un ambiente habilitante y seguro.
Esto dependerá de cuánta confianza se infunda; también, de la existencia de instituciones capaces de garantizar un grado básico de seguridad, lo que depende de la estructura política y de poder de las instituciones, caracterizada por la incidencia de la transparencia y la eficiencia del gobierno local, es decir, la fortaleza de la municipalidad para desarrollar de forma eficiente sus labores, la forma como invierte sus recursos y la publicidad acerca de cómo ejecuta sus funciones y rinde cuentas a la ciudadanía.
Según los datos del ICN, en todas esas áreas, las municipalidades de los cantones ubicados fuera de la GAM tienen menores niveles de desempeño, en especial, en transparencia, rendición de cuentas, planificación y gestión de riesgos y capital social de sus habitantes (asistencia a elecciones nacionales y municipales, y participación ciudadana).
La competitividad incide en el desarrollo humano: tres de cada cinco personas en condición de pobreza residen en los cantones objetivo de la ley.
En la GAM, según datos del Atlas de desarrollo humano cantonal 2021, se encuentra en condición de pobreza el 15% y solo el 38% de la población adulta terminó la educación secundaria.
Estos son solo algunos ejemplos en lo que Costa Rica debe continuar trabajando si verdaderamente existe un compromiso para facilitar la atracción de inversiones hacia los territorios más desaventajados.
