No existe diferencia entre tomar una vagoneta del MOPT para transportar materiales de construcción a la casa de un funcionario y el envío de mensajes, fotografías, panfletos y videos a los medios de comunicación a través de las cuentas de correo electrónico del Consejo Nacional de Producción (CNP) en horas laborables con el fin de favorecer a terceros.
Terceros consentidos de los gobiernos pasados y presente, legitimados por una Junta Directiva diligente, compuesta por el ministro de Agricultura y Ganadería o su representante, quien es el presidente, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), un representante de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), un representante de las organizaciones de pequeños productores agropecuarios —incluidos los centros agrícolas cantonales— y un representante de las cooperativas agropecuarias, nombrado por el Consejo Nacional de Cooperativas. El zorro cuidando a las gallinas.
La cuestionable conducta de los prestos servidores públicos tiene nombre: peculado; y sanción: prisión de tres meses a dos años para el funcionario que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.
Resultaría prudente desempolvar la Política de Ética del CNP, donde citan su apego a la Ley General de Administración Pública, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el artículo 13, inciso a, de la Ley General de Control Interno, entre otras.
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Para quienes recuerden la Política de Ética del CNP, ahí está, en la página 20, bajo el título «Llamado a la reflexión», reducido a papilla, el significado de la gestión ética y una invitación a los empleados a preguntarse antes de actuar: ¿Cuál es la situación? ¿Quién se vería afectado por mi decisión? ¿Dispongo de la autoridad suficiente para tomar la decisión por mi cuenta? ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Cumple nuestro Código de Ética y con la legislación? ¿Mi decisión impactará en la reputación de la institución? ¿Me sentiría avergonzado si mis compañeros de trabajo o familiares descubren esta situación? Y la última, esencial: ¿Me sentiría avergonzado si esto sale en las noticias?
Una investigación ordenada (si la ordenó) por el presidente de la República termina en nada. El Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética y la Contraloría deben actuar de oficio. Va siendo hora de que la ley tenga el mismo peso para quien favorece a terceros desde una institución como para quien roba 10 latas de atún de un supermercado.
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