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Más cámaras, guardas y revisión de bultos en las entradas de escuelas y colegios ayudan a vigilar, pero no bastan para garantizar la seguridad de las personas estudiantes, docentes y administrativas. Los episodios de violencia que hoy enfrentan los centros educativos responden a problemas más profundos, ligados a contextos sociales complejos que no controlan. Se requieren, por tanto, estrategias de atención y prevención más elaboradas, dentro y fuera del ámbito educativo.
El Décimo Informe del Estado de la Educación (2025) señala una ruta clara: fortalecer las redes de apoyo comunitario a los centros educativos en todo el país, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad afectadas por la pobreza, el desempleo y el aumento de la criminalidad.
Sin embargo, la realidad actual muestra que los centros educativos operan de forma aislada y con escasa articulación con las comunidades. En muchos casos, no existen vínculos sólidos con grupos y asociaciones locales, instituciones públicas, empresas, iglesias, organizaciones no gubernamentales y gobiernos municipales que puedan contribuir a la protección, mejora y desarrollo del entorno escolar.
Desde 2008, el Consejo Superior de Educación definió al centro educativo como eje de la calidad educativa y, en 2017, la política de la persona como centro del proceso educativo reforzó la idea de fomentar redes locales que brindaran mayor apoyo a las comunidades educativas. Este lineamiento, sin embargo, no se ha implementado de manera efectiva.
Un estudio realizado por el Estado de la Educación sobre redes de apoyo a centros educativos ubicados en zonas vulnerables reveló que no existen redes de gestión local que abarquen circuitos educativos completos. Las pocas conexiones son frágiles, dependen de esfuerzos individuales y, en muchos casos, están ausentes. Las escuelas funcionan como islas y, en ese archipiélago, el narcotráfico se mueve como pez en el agua.
Ante este panorama, el Informe es enfático: urge fortalecer la gestión local y construir redes comunitarias que funcionen como un escudo preventivo y reactivo frente a la violencia. Para ello, propone acciones concretas, como definir estructuras claras de funcionamiento y objetivos para las redes locales; asignar recursos y tiempo al trabajo colaborativo; brindar apoyo técnico en los territorios y afinar el marco legal, aunque también reconoce que se puede avanzar con las herramientas existentes.
Asimismo, plantea reforzar el liderazgo de las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP), otorgándoles un papel más protagónico en la convocatoria y acompañamiento de las redes locales.
También, se plantea la necesidad de impulsar liderazgos territoriales, con legitimidad y capacidad operativa, promover la cultura de participación comunitaria y generar espacios de diálogo que permitan establecer prioridades comunes compartidas. La sistematización de experiencias exitosas también es un elemento clave para replicar los modelos más efectivos.
La experiencia internacional respalda este enfoque. En Medellín, Colombia –ciudad que, en los años 80 del siglo pasado enfrentó niveles extremos de violencia, con más de 3.000 homicidios al año–, la articulación entre comunidades, organizaciones e instituciones permitió reducir la “epidemia de violencia” mediante la promoción conjunta de iniciativas educativas, culturales, deportivas y de desarrollo social dirigidas a la niñez y la juventud.
El caso dejó una lección relevante: la vigilancia y la presencia policial en los territorios afectados por el narcotráfico son necesarias, pero claramente insuficientes. Por el contrario, las estrategias basadas en la organización comunitaria activa y la promoción del desarrollo humano resultan fundamentales para enfrentar la violencia de manera exitosa y sostenida.
Las nuevas autoridades gubernamentales y legislativas tienen una gran oportunidad para avanzar en esta dirección: promover, junto con sectores de la sociedad civil, gobiernos locales, universidades y sectores productivos, comunidades organizadas y empoderadas.
De esta manera, no solo se contribuiría a reducir riesgos y mejorar la seguridad en los centros educativos, sino también a proteger y multiplicar las oportunidades de las actuales y futuras generaciones, que es, por cierto, la principal responsabilidad de una sociedad democrática comprometida con el desarrollo humano.
isabelroman@estadonacion.or.cr
Isabel Román es directora e investigadora del Programa Estado de la Nación.
