Columnistas

Financiamiento de la campaña electoral

La deuda política es onerosa para el ciudadano y deben unificarse las elecciones presidenciales con las municipales

La idea de que el Estado financie los procesos electorales nació con el objetivo de que los partidos políticos no cayeran en manos de los que pudieran subvencionarlos y para que el poder no se concentrara en los mismos personajes que controlaban el acceso a ese financiamiento, algo que lamentablemente sigue sucediendo.

Las reformas electorales que crean la deuda política básicamente surgen porque en el pasado existían pocos medios de información, por lo que comunicar era muy caro.

Por otra parte, el transporte era de difícil acceso para la gente. Hoy se informa por muchas vías digitales que no son caras, e incluso la gente va a votar por sus propios medios.

En la era del conocimiento, existen múltiples plataformas digitales económicamente asequibles y medios de transporte, mejores vías de comunicación y facilidades vehiculares.

Un hecho demostrado es que las campañas correctas, o sea, las dirigidas a la educación e inteligencia de los ciudadanos, tenderán a ser cada vez más baratas.

Esa es la razón por la cual en las naciones modernas con buen nivel educativo las campañas políticas se caracterizan por ser cortas y austeras.

Por otro lado, más que en la simple propaganda, el esfuerzo se centra en la exposición de las propuestas e ideas, y en la información de los planes de acción que ofrecen los partidos.

Esta tendencia se orienta en la responsabilidad de los tribunales electorales para que las campañas vayan progresivamente dirigidas hacia el intelecto del ciudadano por medio de la información sobria y bien documentada, y menos hacia la manipulación a través de la publicidad, o, aún peor, del mercadeo que en la actualidad llaman neuromarketing, que aspira a invadir las emociones temporales y el subconsciente humano.

Los signos externos y la parafernalia de una campaña responden a una era atávica del activismo electoral, y quienes ponen su confianza en ellos han visto desmoronarse irremediablemente sus sueños políticos.

Lo que cuenta en estos momentos es la solidez o coherencia de los planteamientos, la firmeza de los líderes al defender sus convicciones y la agudeza y claridad de los mensajes.

Las campañas políticas exitosas dependen, más que de una adecuada gestión publicitaria, de una acertada comunicación de ideas.

No se justifica, por ende, una campaña costosa, ni una deuda política onerosa. En un sistema electoral con una deuda política baja, tampoco debe justificarse un procedimiento enrevesado de cobro de esa deuda.

Cinco son los principios que deben observarse si se decide reformar la legislación en materia de financiamiento de los partidos.

El primer principio es la frugalidad en el gasto de los recursos públicos. Debe entenderse que moderar y disminuir el gasto en deuda política debe ser un objetivo permanente.

El segundo principio es el control y la vigilancia jurisdiccional que está resguardado mediante el artículo 96 de la Constitución Política, que obliga a los partidos a rendir cuentas a nuestro tribunal electoral antes de recibir el aporte estatal. Este control debe mantenerse.

El tercer principio es el de simplificación de los procedimientos, pues es una realidad que la inspección cayó en una dinámica alambicada, carísima y que obliga a las agrupaciones a recurrir a fideicomisos bancarios ultrarregulados, que encarecen el uso del financiamiento estatal y, en consecuencia, elitizan el ejercicio electoral.

En otras palabras, debe conservarse la transparencia y el control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero es necesario simplificar los procedimientos.

Lo anterior, para que sean posibles dos objetivos: continuar bajando los montos de la deuda política y que los partidos políticos no caigan bajo el férreo control de las élites financieras.

El cuarto principio que debe defenderse en una reforma electoral sobre el financiamiento de los partidos es el que permite el financiamiento indirecto de los procesos electorales, por medio del TSE.

Este tipo de financiamientos, mucho más democráticos y eficientes, permitirían al Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, disponer de recursos de la deuda para pagar de su propia mano transporte masivo el día de las elecciones nacionales, de tal forma que en esa fecha el votante pueda trasladarse a las urnas gratuitamente.

O bien, que el Tribunal efectúe pagos directos a los medios de comunicación para facilitar que la totalidad de los partidos políticos expongan las propuestas uniformemente.

El quinto principio es el que procura unificar elecciones, y así generar una suerte de “economía procesal” mediante la acumulación de campañas electorales.

Por eso, otro cambio fundamental que debe aprobarse, y haría muchísimo bien como un avance monumental en la reducción del costo de las campañas electorales, es unificar la elección del presidente y los diputados con la de las autoridades municipales, como estaba previsto en el pasado, hasta que, debido a no sé qué insensata razón, decidieron separarlas.

Al partir el proceso en dos aumentaron el costo y el cansado activismo electoral.

Recordemos que según la resolución 0669-E10-2021 del TSE la elección de febrero del 2022 nos costó, en aporte del Estado a los partidos, casi ¢20.000 millones y la próxima elección municipal, prevista para el 2024, no bajará de ¢11.000 millones más.

Ahora, ya no solo tenemos una larga y cara campaña electoral cada cuatro años, sino que la tenemos también cada dos años.

Esa división de dos elecciones no es conveniente porque, además de encarecer las campañas electorales para el bolsillo de los costarricenses —ya no tenemos una elección nacional, sino dos—, origina un activismo que distrae a la clase política de las necesidades reales del país.

No olvidemos que el pasado proceso electoral tal vez fue el de menos nivel moral que se haya visto en las últimas cuatro décadas, con un costo, por lo demás, cercano a los ¢5.000 por voto.

fzamora@abogados.or.cr

El autor es abogado constitucionalista.

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