Al cerrar las escuelas y colegios durante una semana y media, indistintamente de si estaban ubicados en zonas en alerta roja o amarilla, el Ministerio de Educación Pública priorizó la seguridad de estudiantes, docentes y personal. Sin embargo, la falta de especificidad de la medida, que incluyó sitios donde no había riesgo significativo, me hace preguntar sobre su proporcionalidad y conveniencia.
La extrema medida preventiva me recordó los tiempos de la pandemia, que agarraron al MEP asando elotes, totalmente incapaz de sortear la situación y de tomar decisiones informadas, pertinentes, oportunas y adaptativas.
En aras de la protección de la salud, se decretaron cierres totales, prolongados e indiscriminados, que no distinguieron circunstancias específicas como incidencia de contagios, contexto demográfico, tipo de infraestructura, ubicación, grado de vulnerabilidad, penetración de conectividad y otras condiciones propias de cada centro educativo y comunidad, que habrían permitido cierres escalonados, intermitentes y geográficamente diferenciados, como hicieron otros países.
Si bien es entendible que se actúe con precaución, especialmente en un país donde las lluvias suelen causar emergencias rápidamente, también hay que recordar que la educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia; solo debe limitarse en casos y por motivos forzosos y períodos lo más cortos posible.
Asimismo, de imponerse limitaciones —como cierres de aulas— deben aplicarse de inmediato mecanismos compensatorios.
La pandemia nos enseñó que la pérdida de días de clases afecta negativamente el aprendizaje y que los efectos sobre la socialización y el acceso a alimentación escolar, entre otras cosas, son dramáticos y quizás irreversibles para los estudiantes más vulnerables. Además, imponen al sistema un costoso reto de remediación.
El Estado debe garantizar la continuidad de los servicios públicos, lo cual incluye el educativo. La población tiene derecho a que la cobertura, adaptabilidad y calidad de los servicios públicos sean equitativas y a que la prestación solo se interrumpa en condiciones extraordinarias y por períodos razonablemente cortos.
Las instituciones que prestan servicios públicos —que deben tener a la persona en el centro de toda decisión y acción— no solo deben salvaguardar la integridad física de la población y proteger y recuperar la infraestructura, sino también asegurar la continuidad de los servicios y mitigar las consecuencias.
Costa Rica cuenta con una Política Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2030). Sin embargo, según un estudio realizado por la Contraloría General de la República en el 2020, solo el 36,3 % de las instituciones públicas y el 44,7 de las del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados cuentan con planes de continuidad de sus operaciones ante eventos disruptivos.
El MEP posee el Área de Gestión del Riesgo ante emergencias, desastres y riesgo social, y una Dirección de Planificación Institucional encargada de coordinar las acciones para identificar, prevenir y administrar los peligros en los centros educativos.
Existe el Comité Sectorial de Educación en Gestión del Riesgo y comités regionales e institucionales responsables de elaborar, actualizar, divulgar y ejecutar los Planes para la Gestión del Riesgo de los centros educativos y los Planes Preparativos y de Respuesta ante Emergencias. Además, el MEP tiene representación en los comités municipales de emergencias y ante el Centro de Operaciones de Emergencia.
En principio, cada escuela y colegio cuenta con un Plan de Gestión de Riesgo que contempla los elementos fundamentales propios de eventos de este tipo: identificación y reducción del riesgo, definición de acciones preparatorias y de respuesta, organización de equipos de trabajo, señalización de salvamento y seguridad, rutas de evacuación, áreas de concentración de víctimas y de entrada de equipos de emergencia, evaluación de daños y necesidades, procedimientos operativos de respuesta, comités de rehabilitación, procedimiento de reingreso a las instalaciones, etc. Cada centro es responsable de la rehabilitación y de la continuidad pedagógica.
Ahora bien, ¿hay recursos para estos planes? ¿Son integrales? ¿Van más allá de la atención inmediata para salvaguardar la vida de la población educativa y la rehabilitación de las instalaciones durante una emergencia en una escuela?
En otras palabras, ¿contemplan las estrategias la necesidad y aseguran la capacidad de mantener la continuidad del servicio, no solo dentro del plantel educativo, sino, especialmente, fuera? Si se inunda o derrumba un colegio, ¿existe la capacidad para continuar proveyendo a los estudiantes la formación en sus hogares?
Los desastres climáticos no son excepcionales. Por dicha, hay abundante información para prever cambios y tendencias de dónde, en qué época y con qué frecuencia suelen suceder.
Según el Estado Mundial de la Infancia 2024, publicado recientemente por la Unicef, titulado El futuro de la infancia en un mundo en transformación, en el año 2050 la cantidad de niños y adolescentes expuestos a olas de calor extremas se multiplará por ocho en comparación con la primera década de este siglo.
La cifra de menores expuestos a inundaciones extremas será tres veces superior, y el de afectados por incendios forestales extremos prácticamente se duplicará.
Por ende, la planificación en materia de gestión de riesgo en la educación debe ser prospectiva y no debe limitarse a reaccionar al incendio, crecida, terremoto, etc.
Los países deben desarrollar y financiar un plan que prevea un componente específico de protección a la infancia, por ser la cohorte más vulnerable al cambio climático, la que lo sufrirá durante más tiempo y de la que depende el bienestar futuro del país.
En Costa Rica contamos con suficientes datos para saber, por ejemplo, que ciertas regiones rurales y costeras concentran mayores porcentajes de población menor de edad.
Si cruzamos esa información con la de mayor incidencia de eventos climáticos, se diseñan planes de gestión de riesgo y protocolos eficaces para asegurar la continuidad de la educación.
Los planes deben ser interinstitucionales, intersectoriales (con participación de cada comunidad educativa) e integrales; tener un eje de decisión y gestión de riesgo a escala nacional (en el caso del MEP, en manos del Consejo Superior de Educación y la jerarquía de la cartera), regional y por centro educativo.
Es fundamental actuar con un enfoque diversificado para lidiar con diluvios en el Pacífico, en paralelo con lluvias normales en la GAM y días soleados en el Caribe, y viceversa, para evitar cierres innecesarios en lugares no afectados.
Una planificación con esas características debe incluir estrategias diferenciadas, como ajustes en el calendario en algunas regiones para aprovechar las épocas secas; jornadas intensivas en ciertos meses o durante fines de semana en las zonas propensas a emergencias climáticas; distribución de material impreso para que los estudiantes lo tengan en sus casas si se prolonga por más de un par de días; priorizar la conectividad en hogares y procurar la dotación de equipos donde se corra el mayor riesgo de sufrir suspensión de lecciones.
También utilizar la radio y televisión estatales, y establecer alianzas con medios de comunicación regionales para que transmitan programas educativos sincronizados con el currículo escolar, que mitiguen la pérdida de aprendizajes; e involucrar a las comunidades en las soluciones paliativas para preservar la continuidad de la formación y los servicios concomitantes.
Claro está, la planificación y su ejecución requieren recursos. Cuando un docente cuenta que sus estudiantes se fueron 10 días para la casa sin material porque no hay presupuesto para fotocopias, no hay libros de texto para todos y la mayoría no tiene internet ni computadora, se me parte el corazón.
Lo más probable es que la mayoría nunca aprenda por completo la materia que no recibió en esos días porque el sistema no ofrece continuidad ni tiene capacidad para compensar las interrupciones.
¿Qué estamos haciendo para impedir los efectos de estos y otros riesgos que penden sobre la población estudiantil más vulnerable? Estamos recortando drásticamente el presupuesto de la educación. El mismo Estado está produciendo damnificados educativos.
agl.cr.ca@gmail.com
Abril Gordienko es activista cívica.