Tres personas –entre ellas, dos niñas– murieron de sarampión en Estados Unidos en 2025. Esas muertes se pudieron evitar. El año pasado se confirmaron en ese país 2.267 casos de sarampión; más de siete veces los 285 casos de 2024 y la cifra más alta en más de 30 años. Todos esos casos también eran evitables. Entonces, ¿por qué no se evitaron?
Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos desde febrero del año pasado, lleva dos décadas promoviendo teorías infundadas que vinculan las vacunas con el autismo. Sostiene que las vacunas han “envenenado a toda una generación de niños estadounidenses”, y es probable que sus declaraciones hayan contribuido a la disminución de los índices de vacunación en Estados Unidos. El resultado ha sido un marcado aumento de la incidencia del sarampión.
Tras asumir el cargo, Kennedy desarmó un importante comité asesor sobre vacunas formado por científicos experimentados y lo sustituyó por un grupo de escépticos. También desfinanció el desarrollo de vacunas de ARNm (el método que permitió la veloz producción de vacunas de alta eficacia contra covid-19, que probablemente salvaron varios millones de vidas). Como alternativa a la vacuna contra el sarampión, sugirió la ingesta de vitamina A, tras lo cual algunos padres de Texas dieron a sus hijos dosis tan altas, que mostraron síntomas de toxicidad.
El abandono de los criterios científicos usuales en materia de salud pública no es un problema exclusivo de Estados Unidos. En Eslovaquia, el primer ministro, Robert Fico encargó al cirujano ortopédico y activista antivacunas Peter Kotlár una investigación sobre la respuesta del país a la pandemia. El informe presentado por Kotlár, en octubre de 2024, describe la covid-19 como “un acto de bioterrorismo” diseñado para “poner a prueba la ingenuidad de la población mundial para seguir órdenes subliminales”. También afirma (sin pruebas) que las vacunas de ARNm alteran el ADN humano, y recomienda su prohibición.
En una sociedad libre, la gente puede expresar opiniones infundadas sobre las vacunas, científicos expertos pueden refutarlas, y las autoridades sanitarias deben examinar las pruebas y actuar en consecuencia. En casos excepcionales, puede ocurrir que opiniones contrarias al consenso científico resulten válidas y se conviertan en una nueva ortodoxia.
Los funcionarios de salud pública tienen una responsabilidad especial, ya que formulan políticas que afectan a millones de personas. Las vacunas están entre las intervenciones médicas con mayor respaldo empírico de la historia. Pero escépticos como Kennedy exigen cada vez más estudios, mientras aceptan criterios de prueba mucho más laxos para sus propias afirmaciones (relatos anecdóticos, información parcial y teorías conspirativas sobre las empresas farmacéuticas).
Cuando la cobertura de las vacunas cae por debajo de umbrales críticos, se pierde la “inmunidad colectiva” (la protección de las poblaciones vulnerables como resultado de altas tasas de vacunación de la población general) y vuelven a aparecer enfermedades prevenibles. Esto es sabido por precedentes históricos y por ejemplos contemporáneos como Rumania y ahora Canadá, donde se pensaba que el sarampión estaba erradicado.
Durante el régimen comunista rumano, la vacunación infantil era obligatoria y se eliminó el sarampión. La caída de la dictadura de Ceausescu trajo consigo libertades muy bienvenidas, y el ingreso a la Unión Europea mejoró el nivel de vida, pero también llevó a que algunas vacunas pasaran a ser voluntarias. En 2023, la tasa de vacunación contra el sarampión en Rumania había caído al 62% (contra 95% al momento de introducirse la vacuna), y en 2024 el país registró más de 30.000 casos de sarampión, incluidas 23 muertes.
Algunos funcionarios dicen que lo único que hacen es respetar la libertad individual. Pero la libertad de adultos competentes para decidir por sí mismos no se extiende a las decisiones que perjudican a otras personas, y eso es exactamente lo que hace el rechazo a la vacunación infantil. Los niños que van al kínder o a la escuela primaria deben estar vacunados, no solo porque eso los protege y porque son demasiado pequeños para decidir por sí mismos, sino también porque el rechazo a la vacunación aumenta el riesgo para otros niños que no tienen edad suficiente para vacunarse, para las personas inmunodeprimidas que no pueden vacunarse y para la comunidad en general cuando se rompe la inmunidad colectiva.
Kennedy se presenta a sí mismo como un luchador contra el poder de las farmacéuticas, y señala escándalos reales como el hecho de que Purdue Pharma promoviera el uso de OxyContin. Pero los casos bien documentados de malas prácticas corporativas no justifican el rechazo de toda una categoría de intervenciones médicas respaldadas por pruebas científicas de seguridad y eficacia, procedentes de investigadores independientes, agencias de salud pública de todo el mundo y décadas de datos de nivel poblacional. La insinuación de que este consenso científico mundial es una gran conspiración es totalmente inverosímil.
Cuando funcionarios públicos actúan sobre la base de creencias infundadas sobre los riesgos de las vacunas, el resultado es que mueren personas, como las niñas no vacunadas de Texas que enfermaron de sarampión.
Quienes tienen poder sobre las políticas de salud son responsables de estos resultados. La imprudencia epistémica (insistir en creencias refutadas por pruebas contundentes, cuando muchas vidas dependen de la postura correcta) es una falla ética básica.
Por supuesto, el conocimiento científico nunca es perfecto ni definitivo. Toda inquietud auténtica sobre la seguridad de las vacunas merece una investigación seria; para eso están los sistemas de control de seguridad de las vacunas, y, por eso, los infrecuentes casos adversos se someten a un análisis cuidadoso. Pero hay una gran diferencia entre la indagación bienintencionada y la resistencia ideológica a la evidencia innegable.
El desdén de la evidencia científica por parte de los antivacunas está provocando exactamente los daños predichos por los expertos: brotes de enfermedades, muertes evitables y la destrucción de avances en salud pública logrados con el esfuerzo de décadas. Esto tiene que terminar ya, antes de que las consecuencias sean verdaderamente catastróficas.
Los gobiernos deben designar funcionarios con conocimiento científico pertinente y respetuosos de la evidencia. Las agencias de salud pública deben actuar según el consenso científico, no según la ideología política. Y aquellos funcionarios que demuestren un compromiso sostenido con opiniones contrarias a la evidencia designados en cargos desde donde pueden convertir esas opiniones en políticas con consecuencias mortales, deben ser destituidos.
Peter Singer es profesor de Ética Médica en el Centro de Ética Biomédica de la Universidad Nacional de Singapur y profesor emérito de Bioética en la Universidad de Princeton. Es autor de libros como 'The Life You Can Save' (Random House, 2009) y fundador de la organización sin fines de lucro del mismo nombre. Traducción: Esteban Flamini. Copyright: Project Syndicate, 2026. www.project-syndicate.org