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La Constitución Política le encarga al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el deber de vigilar que los funcionarios no incurran en parcialidad política en el ejercicio de sus cargos, de cara a las elecciones. La prohibición recae de forma completa para los jerarcas, mientras que rige en horas laborales para los empleados de menor rango.
Esta función del TSE es una garantía contra la imparcialidad del Estado; su cumplimiento ha ayudado a acudir a elecciones libres durante décadas en Costa Rica.
El Estado y las instituciones de gobierno disponen de cuantiosos fondos públicos que no deben ser utilizados para beneficiar o perjudicar a candidatos específicos.
Los recursos públicos incluyen canales oficiales de transmisión, equipos de grabación, personal de comunicación, viáticos, vehículos y el tiempo laboral de los funcionarios, entre otros. Estos recursos no deben dirigirse a interferir en las campañas. De lo contrario, habría una ventaja indebida.
Ante el panorama actual, no juguemos de inocentes, no puede haber tantas casualidades juntas. Los candidatos del partido de gobierno están apareciendo en numerosos actos a los que asiste el mandatario con transmisiones en vivo: en entregas de bonos o inaguraciones de Ebáis de cooperativas con contratos de la CCSS, por ejemplo. La situación llegó al grado de que Casa Presidencial transmitió un discurso de un miembro del comando de campaña chavista llamando a votar en un sentido determinado.
No sé si dichas coincidencias constituyen actos de beligerancia, pero muestran una intencionalidad, amén de que el partido progobierno ya le prometió un puesto de ministro al actual mandatario.
En junio, antes de que esto ocurriera, el TSE emitió una resolución que extendió a las redes sociales la habitual prohibición de que el gobierno difunda información o mensajes que exalten atributos o logros durante la campaña.
Desde ese momento, era previsible que el gobierno atacaría al Tribunal de Elecciones, el último órgano de control contra el que no había hecho una campaña sistemática.
En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves alabó al TSE cuando asumió el poder, calificándolo como una garantía de elecciones libres. Ahora, lo critica cuando le incomoda y el gobierno despliega un ataque utilizando recursos públicos. El domingo, difundió una cadena de TV contra el Tribunal, la cual se publicó hasta en el perfil de Facebook del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
Sin embargo, el Tribunal, una de las instituciones mejor valoradas de Costa Rica y no por ello exenta de críticas y cuestionamientos, se ha parado con firmeza. Gustavo Román, director general de Estrategia y Gestión Política del TSE, rechazó el calificativo de mordaza usado por Chaves. “Es una mentira descarada”, dijo.
eoviedo@nacion.com
Esteban Oviedo es jefe de Redacción de ‘La Nación’.
