Columnistas

Abriendo latas de gusanos en el MOPT

El ministro de Obras Públicas, Luis Amador, se está comiendo la bronca de verdad. Esta semana destapó varias latas con gusanos en su ministerio. Una relacionada con una consultoría millonaria para el proyecto del tren rápido de pasajeros de la ex primera dama Claudia Dobles. Entre varios errores, el consultor confundió el norte con el sur en un mapa.

Otra con el Fideicomiso Ruta Uno, para el que se contrató al Banco de Costa Rica como fiduciario. Por hacer relativamente poco, según el ministro, el Banco se lleva elevadas comisiones que le permiten pagar jugosos salarios a sus funcionarios.

Tercerizar labores —contratar a un tercero para que realice algunas funciones en lugar de que lo haga personal interno— es algo común en empresas o instituciones. Esto no es algo que esté mal. El problema es cómo se ejecuta.

En muchos casos, el vicio viene de origen, en carteles que se acomodan a quien se quiere contratar. Los requisitos para participar son tan específicos, a veces, que solo falta poner el nombre y apellidos del consultor que quieren contratar.

Y, para asegurar que ese será el ganador de la licitación, quienes confeccionan el cartel le asigna un mayor puntaje a las características que saben se apegan más al consultor de su preferencia. Ahí se requiere una labor fiscalizadora más acuciosa de las entidades de control.

Posterior a la adjudicación, se da, en muchos casos, la mala práctica de negociar adendas con el ganador de la licitación. Por casualidad, o adrede, los carteles se quedan cortos en algún aspecto, lo que “obliga” a negociar extensiones o agregados sobre el contrato original. Al no mediar competencia, el adjudicado cobra lo que quiera.

Otra mala práctica es la asignación a dedo de otras instituciones públicas para que realicen labores tercerizadas. Sin que medie competencia y, a veces, sin que la empresa designada tenga experiencia en la labor que se le asigna —como el contrato de tobilleras de la ESPH con el Ministerio de Justicia—, el resultado asegurado es el pago de un sobreprecio por el servicio contratado. Eso lo terminamos pagando todos, por la vía de más impuestos.

En buena hora que el ministro Amador esté abriendo estas latas con gusanos. Esto debe servir de base para corregir las malas prácticas que se dan en su ministerio y que se repiten en gran parte del sector público.

lmesalles@ecoanalisis.org

El autor es economista.

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