EscucharQuienes tienen préstamos con asociaciones solidaristas pagarían el impuesto al valor agregado (IVA), según se desprende del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que evalúa la Comisión de Reforma Fiscal.
No obstante, además de las alertas que esta propuesta despiertas en el solidarismo, existe confusión sobre cómo se aplicaría el tributo.
El plan de reforma fiscal propone transformar el actual impuesto de ventas, que se aplica principalmente sobre los bienes, a un impuesto sobre el valor agregado, en el cual se gravan bienes y también servicios, como funciona en la mayoría de países que tienen este tributo. También habla de mantener la tarifa en 13%.
Textualmente el proyecto dice que estarían exentos del tributo: “Las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos realizados por las entidades con Licencia de Operador Financiero otorgada por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, los Centros Agrícolas Cantonales, las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales, y los Entes Públicos No Estatales del Sector Agropecuario, así como las entidades financieras que sean reguladas, supervisadas o fiscalizadas”.
Esto salva del cobro a los deudores de los créditos que se emiten en los bancos del sistema financiero, pero como las asociaciones solidaristas no están supervisadas entonces quedan fuera de la exención y por lo tanto, pagarían el tributo.
Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista y de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, así como algunos diputados, entienden que el 13% se aplicaría sobre el monto de intereses a pagar, pero Carlos Vargas, director general de Tributación, considera que el 13% se aplicaría sobre la tasa de interés.
En un ejemplo sencillo, no hay diferencia. Por ejemplo, si una persona tiene un crédito de ¢100.000 con una tasa de interés del 10%, entonces pagaría ¢10.000 de intereses. Si el 13% se aplica sobre el monto de los intereses, el monto del tributo serían ¢1.300.
En caso de que se aplique sobre esa misma tasa ésta subiría a 11,3%, y el monto a pagar sería de ¢11.300, y por lo tanto, el monto del tributo sería ¢1.300.
No obstante, si se alarga el periodo del préstamo se crea una pequeña diferencia en la cual generaría más recursos al fisco si se aplica sobre la tasa.
Además, explicó Espinoza, el tratamiento en los estados financieros y balances de las asociaciones es diferente si se entiende de una u otra manera.
Espinoza argumentó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ya tiene una propuesta para supervisar a las asociaciones solidaristas y además, ellos también deben invertir en el Banco Central un 15% sobre los ahorros que reciben como reserva de liquidez.
LEA MÁS: Solidarismo acepta una supervisión "proporcional" de Sugef
Por su parte, Vargas explicó que valoran una propuesta para echar atrás en esta medida y que todos los intereses de todos los créditos queden exentos.
De acuerdo con información brindada por el Ministerio de Trabajo, hay registradas 1,457 asociaciones solidaristas, con 354.174 asociados.
LEA MÁS: Movimiento Solidarista se opone a impuesto del 8% sobre excedentes de asociados
Además, este miércoles 21 de marzo Espinoza explicó a los diputados de la Comisión que las solidaristas administran $2.500 millones en préstamos.
Cambios en renta
El plan también establece “una tarifa del 8% del 100% de los excedentes o utilidades pagados por Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras similares a sus asociados”.
Espinoza explicó que en este tema tampoco el texto es claro y podría tener dos interpretaciones. Una es que el impuesto actual de 5% que las asociaciones le retienen a los asociados al pagarles los excedentes suba al 8%.
Pero otra podría ser que del total del excedente se grave el 8% y luego de los excedentes que reciben los asociados se grave el 5%.
Las asociaciones reparten entre los trabajadores un excedente anual cercano a los $970 millones al año, sobre los cuales pagan, actualmente, en impuesto sobre la renta, unos $50 millones, según los datos que Espinoza entregó a los diputados, y el incremento del 5% al 8% implicaría unos $30 millones más para el fisco.
Los diputados liberacionistas Juan Luis Jiménez Succar, Rolando González y Paulina Ramírez expresaron este miércoles su apoyo al sector solidarista y al cooperativista, el cual también compareció. También, el diputado libertario, Otto Guevara, invitó a ambos grupos a presentar propuestas de mociones para proponer cambios.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, quien no pertenece a la Comisión, pero sigue de cerca el tema, consideró que no se le pueden comenzar a hacer exclusiones en el proyecto porque la situación fiscal es muy difícil y el plan apenas generaría un monto equivalente al 1,4% de la producción frente a un déficit fiscal de 6,2% de la producción en el 2017.
“Creo que estos costos son menores de los costos de seguir para adelante y ya el proyectito es muy pequeñito, que lo que da es 1,45% del PIB, y todavía le empezamos a quitar y va a quedar en nada, yo estoy muy preocupado, tanto que cuesta pasar un plan fiscal y que cuando se pase sea un proyectito pequeño, yo creo que es doloroso, para todo el mundo es doloroso”, dijo Solís.
