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El Movimiento Solidarista se sumó, este miércoles, a las organizaciones opuestas a varias reformas del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista y de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), explicó que consideran un “grave error” que les cobren a los asociados un 8% de impuesto sobre los excedentes, en lugar del 5% actual.
“Me parece un grave error porque, siendo una organización laboral como esta, con exención del pago de renta, se está entendiendo que el resultado final de estas organizciones no es generar utilidades, sino distribuir excedentes entre asociados y ya eso paga un 5%”, comentó Espinoza.
El proyecto de ley pretende cobrar un 8% de impuesto sobre las rentas de capital.
El vocero del solidarismo aseguró, además, que aún no tiene del todo claro si la nueva tasa sustituiría la actual, pero adujo que hechas las consultas a los impulsores de la iniciativa, es lo que le han asegurado.
No obstante, dijo que ese incremento de un 60% entre las dos tasas (o sea, tres puntos porcentuales más en la nueva tarifa), sería inaceptable desde el punto de vista del destino de los recursos, “que es la retribución de los asociados”.
Espinoza adujo que esa nueva tarifa del tributo no hace discriminación hacia los trabajadores que aportan sus ahorros y que tienen salarios bajos. “El impacto sobre sus finanzas personales y familiares sería, desde un punto de vista proporcional, mayor que el de las personas que tienen salarios medios o altos”, comentó el representante del Movimiento Solidarista.
La modificación que preocupa a los solidaristas, y también a los voceros del sector cooperativo, se encuentra en el artículo 31 c del capítulo del expediente, donde se establece la tarifa imponible a las rentas de capital.
Ese artículo dice así:
“La tarifa aplicable a la renta imponible de las rentas de capital y a la de las ganancias de capital será del quince por ciento (15%). Los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley No. 7052, del 13 de noviembre de 1986, y sus reformas, así como los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos a una tarifa del ocho por ciento (8%).
“Los rendimientos de los ahorros efectuados por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito tendrán un límite anual exento equivalente al veinticinco por ciento (25%) de un salario base; sobre el exceso se retendrá y aplicará la tarifa indicada del ocho por ciento (8%).
“Igualmente estarán sujetos a una tarifa del 8% el 100% de los excedentes o utilidades pagados por asociaciones solidaristas, cooperativas u otras similares a sus asociados. En todos los casos el impuesto retenido o pagado tendrá el carácter de único y definitivo, con las salvedades establecidas en esta Ley.”
En ese caso, Raúl Espinoza explicó que el impacto de la nueva tasa sería de aproximadamente $30 millones menos en los ingresos en los hogares de los solidaristas.
El vocero del solidarismo también apuntó que la aplicación del impuesto de valor agregado (IVA) a las comisiones e intereses de los préstamos prácticamente “estaría desapareciendo” el solidarismo.
“A diferencia de otras entidades, el solidarismo no puede trasladar ese costo al usuario, porque son los trabajadores que tienen como única opción para pedir un préstamo a sus respectivas asociaciones solidaristas”, comentó.
'No rotundo' de las cooperativas a cambios en renta
Por otra parte, varios voceros de las cooperativas también presentaron reclamos ante la Comisión Especial de Reforma Fiscal, donde indicaron que la posición es un no rotundo al aumento en el pago del impuesto sobre los dividendos.
Según Luis Corella, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la diferencia entre egresos e ingresos de estar organizaciones no se puede considerar utilidades, como para gravarlas, sino que son excedentes.
Él añadió que las cooperativas tienen una serie de cargas parafiscales que ya reduce estos excedentes, entre ellos las reservas de educación, la de bienestar social y la reserva legal, así como el pago de un 2,5% al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y un 2% al Conacoop.
Corella dijo que estas cargas parafiscales suman, en total, un 25%.
“Nos oponemos a cualquier carga tributaria en el artículo 31 c, es un no rotundo, no estamos de acuerdo, podemos discutir mucho, pero como está redactado, es no rotundo”, dijo Carlos Montero, de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Por parte de las cooperativas agroindustriales, habló el líder liberacionista y miembro del Cenecoop, Rodolfo Navas, quien manifestó preocupación por el cobro del IVA a los insumos obtenidos por ese sector para la producción de bienes de la canasta básica.
“No queda claro el mecanismo para compensar los impuestos que se pagan a la hora de producir un artículo de la canasta básica. Esto pone a las cooperativas en riesgo fiscal y llevaría a que algunas tengan que subir el valor del artículo de la canasta básica”, explicó Navas.
Él puso como ejemplo la producción de aceite, pues aunque el producto como tal quede exento del impuesto, sí se tendría que pagar sobre el cartón para transportarlo y el plástico para envasarlo.
PLN apoya reclamos de sectores; PAC duda
Ante los reclamos presentados por los movimientos cooperativo y solidarista, el primero que aseguró el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN) a sus preocupaciones fue Juan Luis Jiménez Succar.
Además, Rolando González amenazó con no permitir que pase el proyecto de reforma fiscal si en el informe que llegue al plenario se mantiene el aumento de la tarifa a ambos sectores.
Marco Vinicio Redondo, del PAC, más bien planteó dudas de que vayan a ser gravados los sectores más pobres o de menores ganancias, tal como lo plantearon los cooperativistas.
El punto es que, tal como se reformaría el pago de renta de capital a las cooperativas, quedarían exentos los rendimientos de los ahorrantes hasta un 25% de un salario base, o sea, ¢107.000.
Según Redondo, quienes tengan rendimientos anuales en sus ahorros superiores a ese monto sí serían capaces de asumir el pago del impuesto, que solo se aplicaría sobre el exceso por encima del tope.
Industria Farmacéutica: medicinas serían más caras
En el espacio abierto que ha dado la Comisión de Reforma Fiscal, también recibió a los representantes de la Asociación Industria Farmacéutica Nacional (Asifan), quienes advirtieron que apliar el IVA, ya sea del 13% o incluso del 2% a los insumos para producir medicinas, tendría un efecto en el costo de estas.
Álvaro Camacho, director ejecutivo de la Asifan, declaró ante los legisladores que aplicar el IVA recargaría el sistema productivo, en una industria que, según él, “genera más de 1.500 empleos directos y más de 3.000 indirectos”.
“Estaríamos en una situación frente a un producto importado que no tiene ese costo en su producción, porque muchos países están sin ese IVA y no se refleja en sus costos”, comentó Camacho.
Alegó que mantener esa exención en materias primas y reactivos les permitiría seguir siendo competitivos.
“Hay conciencia sobre la situación fiscal del país, pero no podemos afectar a productos sensibles para la población”, alegó el vocero de la industria farmacéutica.
Agregó que la situación actual es de tasa cero, tanto en producción como en producto final. Según Camacho, una de las consecuencias de cobrarle el IVA a los insumos de esa industria podría generar que, incluso, se vayan algunas empresas del país.
