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Dicen que estas noches de alisios, el viento que sopla a la orilla del río Enmedio, en Hato de Santa Cruz de Guanacaste, es frío, muy frío.
En uno de los claros, entre cajas de cartón medio acomodadas, viven Marcelina Martínez Martínez, de 89 años, y su hijo Marco Tulio Ugalde Martínez, de 51, quien está postrado en una silla de ruedas desde que al parecer, un motociclista borracho lo atropelló, hace 20 años.
La necesidad los llevó hasta ahí hace unas tres semanas. Ella, con movimientos lentos, levantó la frágil estructura de cartón entre cuyas abundantes hendijas se filtran los chiflones que, en las noches como estas, calan hasta los huesos.
La pensión del Régimen No Contributivo (RNC) que ambos reciben por su condición de extrema pobreza (¢78.000 mensuales para cada uno), no les alcanzó para costear, al mismo tiempo, el alquiler de una vivienda, comprar comida y pagar luz y agua.
Dicen que los echaron. Y como la necesidad tiene muchas caras, en este caso se transformó en un rancho de cartones, a la orilla de un río, sin agua ni luz; menos, servicio sanitario.
En esas condiciones, la señora intenta suplir las necesidades básicas de su hijo, pidiendo ayuda a los escasos vecinos cuando a Marco Tulio se le desencadenan ataques de epilepsia.
Daniel Dinarte, comunicador y vecino de esta zona, dio a conocer en sus redes sociales, las precarias condiciones en las que intenta sobrevivir esta familia.
“Andamos en busca de una casa de unos ¢100.000 para pasarlos hoy (sábado) mismo. No queremos que pasen ahí una noche más”, comentó el comunicador quien, además, lidera iniciativas de ayuda comunal.
Según contó Dinarte, esta señora y su hijo han esperado más de cinco años para que les resuelvan una solicitud de bono de vivienda. La larga espera hasta ahora no ha tenido resultado.
Dinarte y un grupo de conocidos y amigos tienen el objetivo de recolectar la ayuda suficiente para conseguirles una casa de alquiler barata mientras se activan las ayudas estatales y privadas que le puedan proveer a esta adulta mayor y a su hijo un techo propio.
Están haciendo también un llamado a los terratenientes de esta zona, para que alguno done un pedacito de tierra en donde muchas manos amigas están dispuestas a colaborar para levantarles una vivienda ‘como Dios manda’.
Marcelina y su hijo prácticamente están solos. La señora, quien toda su vida trabajó en su casa, únicamente tiene a Marco Tulio y a otro hijo más, quien sufre problemas mentales y de alcoholismo.
No tienen más familiares. Al menos, conocidos, confirmó Dinarte.
La Nación contactó al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, quien también es ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. En un mensaje de WhatsApp, se comprometió a buscar y atender a la familia a partir del próximo lunes.
“(...) de ser necesario, sumaremos al resto de instituciones según su competencia. Anoche (viernes 10 de enero), di la instrucción a la jefatura regional en esa línea”, dijo el ministro.
Por su parte, Lizbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), procedió este mismo sábado a averiguar con la directora de la Región Chorotega si Marco Tulio Ugalde figuraba en sus registros.
“No lo tenemos y no conocemos la situación. Sin embargo, contactamos a un grupo interinstitucional en donde estamos junto al IMAS, la Caja, el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), entre otros, y los convocamos a una reunión este lunes, a las 9 a. m., en nuestra oficina regional, para analizar la situación”, dijo Barrantes.
La funcionaria explicó que para un caso como este es necesario coordinar con el fin de buscarles un alquiler temporal pagado por el IMAS mientras se le resuelve el problema habitacional de forma definitiva.
Si usted quiere ayudar a cambiar la historia que hasta ahora les ha tocado vivir a esta adulta mayor y a Marco Tulio, puede llamar al 7199-1921. Le tendremos información sobre su desenlace.
Esta nota fue actualizada a las 2:17 p. m. con la reacción del IMAS y Conapdis.
