La subasta de frecuencias de radio y televisión abierta, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a pedido del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), impone por primera vez pagar por el uso de espectro.
Al cabo de varias décadas, las frecuencias para esos servicios en señal libre y abierta se subastarán con precios base: $386.000 por radio FM nacional modalidad IBOC y $1,6 millones por televisión nacional. Concesionarios actuales o nuevos en pos de las bandas, luego tendrían en concesión esas frecuencias por 15 años, prorrogables 10 más.
Pese a los montos base iniciales elevados, datos sobre el consumo actual de servicios de radio y televisión sugieren que la inversión podría ser rentable dado el tamaño de ese mercado.
Sutel estima en 2.877.286 las personas en Costa Rica que hoy usan servicios de radiodifusión sonora, y 2.059.253 las personas que usan televisión en señal abierta, según su informe de valoración de precios base para el concurso 2025 08138-SUTEL-DGM-2025 del 25 de agosto anterior.
Además, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2025) indica que 702.168 hogares tienen televisor sin pagar servicios de televisión y 265.710 hogares utilizan radio de los quintiles I y II, concentrando gran parte de la audiencia que depende de medios gratuitos por tratarse de los hogares en el país de menor ingreso.
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En Costa Rica hay 1,8 millones de hogares, de los cuales 1,7 (94%) poseen televisor. Sin embargo, solo 997.000 pagan a algún proveedor de contenido para ese aparato: apenas 55% del total de viviendas en el país.
Otros 702.168 hogares dependen de una antena sobre los techos de sus casas para informarse y entretenerse a partir de una oferta compuesta por 26 canales de televisión: casi 39% familias costarricenses, según revelan datos de la Encuesta que elabora el Instituto de Estadística y Censos.
Los que utilizan radio representan 41% (747.000 hogares).
Estos datos muestran que existe un mercado consolidado y estable, compuesto principalmente por hogares de menores ingresos, que históricamente no acceden a televisión paga (cable o satelital) y que continúan utilizando la radio como medio de información y entretenimiento.
La audiencia es amplia y diversificada, lo que podría traducirse en oportunidades de monetización mediante publicidad o servicios complementarios.
No obstante, esa oportunidad de monetizar publicidad o brindar servicios complementarios es solo potencial; pues primero hay que amarrar una frecuencia en una puja inédita que impone la búsqueda de dinero para participar.
Hasta 2004, la concesión de frecuencias se realizaba bajo un “régimen de llegada”, con plazos variables y tarifas simbólicas.
Con el Reglamento de Radiocomunicaciones Nº 31608-G, se estableció una vigencia de 20 años para las concesiones, que venció en 2024, motivando la subasta pública de frecuencias.
Antes de esto, los concesionarios pagaban cerca de ¢120.000 anuales en impuestos por televisión y ¢6.000 por radio, cifras que hoy contrastan con los precios base fijados para la nueva licitación.
Quien gane una frecuencia de ese concurso, seguirá pagando los mismos montos de impuestos mientras no se modifique la legislación nacional en ese aspecto.
En este contexto, aunque la inversión inicial podría parecer elevada, el tamaño del mercado de señal abierta podría justificar la compra de una frecuencia.
Oportunidad para algunos, alegan concesionarios actuales
La alta concentración de hogares y personas que dependen de estos servicios convierte la subasta en una oportunidad para empresas o personas interesadas en ingresar al mercado de radiodifusión en Costa Rica (o mantenerse en él).
Sin embargo, pese a ese potencial mercado para explotar servicios complementarios o publicitarios, directores de emisoras pequeñas y no comerciales advierten que los precios base fijados por Sutel, que alcanzan los ¢194 millones para una frecuencia FM nacional y $1,6 millones para televisión nacional, son “exorbitantes” y podrían amenazar la pluralidad de voces en el país.
Así lo señalaron el sacerdote Elí Quirós López, director de Radio Sinaí, y Gerardo Mora, director de Radio Santa Clara, en declaraciones al semanario Eco Católico.
Ambos argumentan que la inversión requerida es insostenible para emisoras religiosas y comunitarias y podría provocar un “apagón” de medios no comerciales, limitando el debate público y la diversidad de contenidos.
También las cámaras nacionales de Radiodifusión (Canara) y de Radio y Televisión (Canartel) cuestionaron los altos precios base de la puja entre las 29 objeciones presentadas contra ese concurso.
Para esas organizaciones, hubo una carencia en el análisis de Sutel que llevó a establecer precios base que son denunciados como irracionales, sin análisis de sostenibilidad económica.
Además, alegaron supuestos errores metodológicos: basar el monto en el tiempo que la población dedica a consumir radio y no en la demanda económica del servicio, presuntas correlaciones incorrectas entre los mercados de radio y televisión, ausencia de análisis de flujos de ingresos y de proyecciones financieras; entre otros argumentos.
En respuesta, Sutel emitió el 20 de octubre un informe defendiendo la metodología de fijación de precios.
La institución explicó que los montos se basan en benchmarking internacional recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ajustado al contexto costarricense mediante Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), Tipo de Cambio (TC) e Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, señaló que el precio base está por debajo del valor económico neto estimado del espectro, por lo que es proporcional y no constituye una barrera de entrada, y que la participación garantiza el ejercicio continuo e ininterrumpido de la libertad de expresión según el marco legal vigente.
Entre la oportunidad económica para nuevos concesionarios y la preservación de la pluralidad y diversidad de medios, los datos del INEC y las estimaciones de Sutel muestran un mercado atractivo de millones de usuarios que dependen de señal abierta.
Sin embargo, también ahora la capacidad financiera de los pequeños y medianos emisores determinará quién accede efectivamente a estas frecuencias: nuevos jugadores o aquellos que las han tenido hasta ahora.