La medida cautelar, otorgada tras una gestión de la Asociación Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) y varias emisoras, garantiza la continuidad de los concesionarios con frecuencias de transmisión asignadas hasta que exista sentencia firme.
La decisión la adoptaron los jueces Yazmín Aragón, Huberth Fernández y Carlos Mejías, quienes revocaron una resolución dictada en junio anterior que había rechazado la solicitud.
El fallo, emitido este 24 de setiembre dentro del expediente 25-001640-1027-CA, dispone mantener los títulos habilitantes de concesión administrativa para los operadores de redes y la prestación de servicios de radiodifusión gratuita.
La resolución también aclara que la medida no suspende el proceso licitatorio iniciado este mismo jueves por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a solicitud del Poder Ejecutivo.
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En su pronunciamiento, el Tribunal recalcó que la radiodifusión es una actividad privada de interés público, esencial para garantizar el acceso a la información, la cultura y el entretenimiento.
Además, advirtió que la administración de las prórrogas de concesión resulta “incierta, insegura y poco clara”, lo que justifica la necesidad de una protección judicial.
Con esta decisión, el tribunal congela de hecho los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 45.195-MICITT, publicado este miércoles 24 de setiembre, que prorrogaba las concesiones hasta el día hábil posterior a la declaratoria oficial de resultados de las elecciones del 2026.
Ese decreto lo emitió el gobierno de Rodrigo Chaves para evitar un eventual “apagón” de medios, como él mismo había advertido el 2 de abril, cuando dijo que no renovaría las concesiones si el Congreso no aprobaba una reforma al impuesto de radiodifusión.
“Esta medida cautelar cubre toda la radiodifusión sonora y digital, así como la televisión, mientras sigue la discusión en los tribunales. Todas las empresas con concesiones pueden seguir operando con normalidad hasta que el tribunal emita una decisión jurídica definitiva”, explicó Federico Malavassi Calvo, abogado de Canara.
La medida, agregó Malavassi, da un respiro al sector de la radiodifusión, que sigue a la espera de un fallo definitivo sobre el futuro de las concesiones, al margen de los plazos fijados por el Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo N.° 45.195-MICITT, que establecía como límite la fecha de designación formal de las nuevas autoridades de gobierno tras las elecciones de febrero de 2026.
“Desde Canara celebramos esta resolución, pues permite que el debate sobre un tema de gran trascendencia para el país se lleve a cabo con la debida seriedad y sin estar sujeto a plazos arbitrarios o discrecionales por parte del Poder Ejecutivo”, indicó por su parte la organización en un comunicado.
