Los nueve meses de reducciones de jornadas a trabajadores por la pandemia de coronavirus, empezarán a vencerse a partir de mediados de diciembre.

Superado ese plazo, los patronos se verían obligados a reponer la jornada completa a sus trabajadores y, con ello, pagar la totalidad de los salarios.

No obstante, la diputada María Inés Solís y cinco de sus compañeros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentaron una iniciativa de ley para que los patronos puedan extender esa medida por seis meses más.

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De acuerdo con la legisladora sancarleña, muchos patronos no están en condiciones económicas para sostener toda su planilla a salario completo, por lo que se verían obligados a aplicar nuevos recortes.

"Dadas las circunstancias de la pandemia, muchísimos patronos ni siquiera tienen la capacidad de recibirlos o pagar salarios completos, mucho menos de pagar las prestaciones laborales.

“La reducción de jornada solo se habilitó por nueve meses y ese periodo vence en diciembre (no en todos los casos). Si no hacemos un cambio, los patronos tendrán que recibir a sus trabajadores con todas las condiciones prepandemia, o bien, despedirlos”, aseveró Solís.

Medida rige por nueve meses, a partir de su aplicación

La legislación actual empezó a regir el 21 de marzo, cuando los contagios del nuevo coronavirus empezaban a afectar negocios por las restricciones sanitarias.

Entonces, los diputados aprobaron que en caso de emergencias nacionales, como la de covid-19, las empresas con disminución de ingresos puedan reducir jornadas y salarios de sus empleados de forma temporal.

Eso con el propósito de proteger puestos de trabajo, al evitar que apliquen recortes de personal.

De esa manera, siempre que se mantenga la declaratoria de emergencia nacional, los patronos que acrediten una baja de ingresos de al menos 20%, pueden reducir hasta un 50% la jornada laboral de sus empleados.

Entretanto, esa reducción puede ser de hasta un 75% del horario de los trabajadores, en el caso de que la caída de ingresos alcanzara el 60%.

La medida laboral tiene una vigencia de tres meses, con la posibilidad de prorrogarse por dos periodos iguales, es decir, puede regir por hasta nueve meses en total.

Marco Arias, abogado laboral de la firma BDS Asesores, explicó que ese tiempo empieza a correr a partir del momento de su aplicación.

Lo que quiere decir que no todas las reducciones vencerán en diciembre. Aunque sí es el caso de las que se aplican desde marzo.

"La contabilización de ese plazo será distinta en cada caso concreto y dependerá de la fecha en que se aplicó en la empresa.

“Por ejemplo, si la medida se ejecuta el 1.° de noviembre, podría extenderse hasta el 1.° de febrero de 2021 y gestionarse prórrogas hasta el 1.° de agosto de ese mismo año, siempre y cuando continue vigente la declaratoria de emergencia nacional y el patrono puede demostrar una afectación económica de al menos 20% en sus ingresos brutos, en virtud de esa emergencia”, afirmó Arias.

En caso de aprobarse la iniciativa del PUSC, los patronos que aplican esa medida laboral desde marzo, podrían extender las reducciones de jornadas a sus empleados hasta junio de 2021 (15 meses en total).

Distinto a esta herramienta, las suspensiones temporales de contratos, previstas desde antes de la pandemia en el Código de Trabajo, no establece un plazo máximo de vigencia.

Es decir, podría mantenerse activa la suspensión mientras persista la declaratoria de emergencia nacional y la afectación del negocio.

¿Es necesaria la ampliación?

La Nación preguntó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) si pedirán una ampliación de plazo de las reducciones de jornadas.

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No obstante, la máxima representación del sector privado declinó referirse sobre el tema.

Entretanto, el director de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Alonso Elizondo, afirmó que todavía no han discutido esa posibilidad.

“No es un tema que se haya valorado. El sector está ocupado en cómo reactiva a la gente y esa parte no se ha considerado aún”, dijo.