Unas 262.000 familias costarricenses quedarían sumidas en la pobreza si uno de sus miembros activos en el mercado de trabajo quedara desocupado como consecuencia de la crisis.
Este es uno de los principales hallazgos del último informe del Programa Estado de la Nación, dado a conocer a las 6 p. m. del martes. En el documento se analiza el impacto socioeconómico de la pandemia en el país.
Para tener una idea más clara de esas repercusiones, aún en evolución, los investigadores realizaron simulaciones o proyecciones con la base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el cual maneja información del 70% de los hogares.
“El objetivo de este ejercicio es identificar cuáles poblaciones se podrían afectar más ante los impactos económicos producidos por la pandemia, de manera que se contemplen en la toma de decisiones de la política pública”, señala el informe.
A esas familias se les aplicó cuatro tipos de shocks negativos para cuantificar su impacto. Estas variables fueron: el hogar pierde un ocupado, las pensiones se reducen en un 20%, el ingreso del hogar se contrae en un 50%, y el hogar pierde un beneficiario social.
Antes de aplicar las simulaciones, los datos del Sinirube a julio de 2020 señalaban que 35,9% de los hogares registrados eran pobres; 35,8% no pobres pero vulnerables y 28,3% ni pobres ni vulnerables.
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Al aplicar el shock de la pérdida de un miembro en el mercado laboral, esos grupos cambiaron significativamente su proporción: 52% pobres, 24,3% no pobres pero vulnerables y apenas 23,7% no pobres.
"La simulación cuando el hogar pierde una persona ocupada es la que tendría mayor impacto en la movilidad hacia los conglomerados de pobreza, pues aumentaría en 16 puntos porcentuales. Por consiguiente, estos grupos captarían a poco más de la mitad de los hogares incluidos en la base de datos del Sinirube.
“Esta situación reduciría de manera importante los conglomerados no pobres pero vulnerables (-11,5%) y no pobres ni vulnerables (-4,6%)”, señala el informe.
Ese shock provocaría que 262.000 familias registradas como no pobres en Sinirube, queden sumidas en esa condición.
Si este ejercicio se aplicara a la totalidad de la población, es decir, a los más de 1,6 millones de hogares, es probable que el número de familias afectadas sea aún mayor.
El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) concentra la información socioeconómica de 3,5 millones de personas, así como de 1,1 millones de hogares, los cuales representan poco más del 70% del total.
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Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza alcanzó el 26,2% de la población, el indicador más alto en 28 años.
En esta medición exploratoria del Estado de la Nación solo se contempla a poco más de dos terceras partes de la población. Además, de acuerdo con la investigadora Natalia Morales, el análisis contempla criterios “que no son los típicos” para medir este problema.
"Hicimos un análisis de conglomerados, para meter a hogares con características similares por grupos. Cuando tuvimos los conglomerados, aplicamos las simulaciones: ¿qué pasaría si aplicamos algunos shocks a estas poblaciones? ¿cómo se reconformarían los conglomerados ante ese shock?
“Ahí fue donde hicimos el flujo de conglomerados de hogares que pertenecían a no pobres, pero que a la hora de sufrir el shock, esos hogares tendrían semejanzas con los que están en condiciones de pobreza”, afirmó Morales.
Por estas condiciones que explica Morales, no es posible relacionar los resultados del experimento con las cifras del INEC, para determinar cuántos puntos porcentuales podría aumentar la pobreza.
Para este ejercicio del Estado de Nación se excluyó la variable de ingreso per cápita del hogar. En cambio, se tomaron en cuenta algunas condiciones compartidas por los hogares en pobreza.
Entre ellos: zona, región, tipo de vivienda, tenencia de casa, estado físico de esa estructura, tamaño, condición de hacinamiento, acceso a servicios. Además, tipo de jefatura, presencia de personas con discapacidad, adultos mayores, número de dependientes y estudios académicos.
Poca recuperación
A esas 262.000 familias sumidas en la pobreza por la primera simulación, los investigadores les aplicaron posteriormente shocks positivos para intentar traerlas a su condición de vida actual.
Las opciones fueron: se asigna una transferencia de ¢60.000 a la jefatura del hogar, se asigna un bono social de ¢125.000 al hogar y, se asigna un salario mínimo a una persona desocupada, bajo el supuesto de que encontró empleo.
No obstante, los resultados no fueron tan positivos. Aunque, al menos, funcionaron para contener el problema social.
"Si se asigna una transferencia de ¢60.000 el resultado señala que solo el 6,6% de los hogares (17.261) retornarían a los conglomerados no pobres, lo cual indica que ese monto es insuficiente para compensar la pérdida.
"Si se otorga un bono social de ¢125.000 al hogar, un 26,5% (69.529) regresarían a los conglomerados no pobres.
“Con el último shock (asignar un salario mínimo a un desocupado) un 24% de los hogares (62.891) regresarían a su condición inicial. Esto denota que posiblemente ese salario no es suficiente para que la mayoría de esos hogares superen la línea de pobreza y los haga regresar a su condición inicial”, detalla el informe.
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Dos de los shocks positivos contemplados por el Estado de la Nación coinciden con el monto del bono Proteger, entregado por el Gobierno a trabajadores afectados por un plazo de tres meses.
No obstante, de acuerdo con Natalia Morales, este informe todavía no contempló una evaluación de la efectividad de ese subsidio estatal.
"Ese es un estudio que tenemos pendiente. Nosotros pedimos la base de datos a los que le dieron Proteger que se puede ver en Sinirube, pero no hubo forma de tener la base de datos a tiempo.
"Lo que le diría, más allá de si tuvo o no impacto, es que eso no es suficiente. Primero no es sostenible tener un bono de ese monto de manera permanente, tuvo su impacto en el momento más fuerte de cierres, de cierta forma ayudó a que la gente se quedara en su casa.
“Pero efectivamente es insuficiente, sobre todo en familias que no eran ni pobres ni vulnerables porque una ayuda de ¢125.000 no compensa perder un trabajo calificado”, afirmó la investigadora.
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