Escuchar
La subasta de frecuencias de radio y televisión, impulsada por el gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), podría exponer a Costa Rica a responsabilidad internacional si su asignación se basa únicamente en criterios económicos, advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
“Si el único criterio es un criterio económico, sí se podría incurrir en responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y por la violación del derecho a la no discriminación”, advirtió Gisela De León, directora de CEJIL, en entrevista con La Nación.
La jurisprudencia interamericana establece que la asignación de frecuencias no puede depender exclusivamente de criterios económicos, ya que esto genera barreras de acceso para sectores históricamente en desventaja.
De León explicó que, de acuerdo con los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia y tiene una doble dimensión: el derecho individual a expresarse y el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información diversa y plural.
Para garantizar ese equilibrio, señaló, los Estados deben adoptar medidas activas que permitan la participación de distintas voces en el debate público, especialmente cuando se trata de recursos limitados y de interés público, como las frecuencias de radio y televisión.
Según la directora de CEJIL, restringir el acceso a una subasta únicamente con base en la capacidad financiera excluye, en la práctica, a radios comunitarias, pueblos indígenas y medios de carácter social o religioso, lo que termina reduciendo la diversidad informativa disponible para la población.
El impacto, según CEJIL, no se limita a las organizaciones que buscan operar medios de comunicación, sino que alcanza directamente a la ciudadanía, especialmente a la ubicada en zonas rurales y territorios indígenas, donde la radio sigue siendo el principal canal de información y participación pública.
Pese a que la Sutel reconoce la existencia de 24 concesionarios de televisión y 74 de radio (25 en AM y 49 en FM), la cantidad de participantes en la subasta fue muy baja. Solo hubo 20 ofertas para radio FM, una oferta para radio AM y cuatro para televisión.
Más de 60 emisoras de radio optaron por no participar en la subasta, al considerar que los precios fijados resultan excesivamente elevados.
Sala Constitucional analiza amparos
La subasta fue suspendida el 26 de noviembre tras una medida cautelar dictada por el magistrado constitucional, Paul Rueda, mientras se resuelve uno de los recursos de amparo presentados.
El magistrado Rueda encontró indicios plausibles de que continuar con la subasta podría provocar daños severos por una disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos de Costa Rica. La Sala analiza, de momento, 12 amparos contra la subasta.
De León explicó la importancia de que el asunto se resuelva a nivel interno: “Ahora mismo se está enfrentando una oportunidad sin igual de que el problema se resuelva a nivel interno".
“La Sala Constitucional puede aplicar la jurisprudencia de la Corte IDH, como ya lo ha hecho en el pasado, en sus sentencias, para que quienes se vean afectados o quienes se consideran afectados no tengan que recurrir a las instancias internacionales”.
En su mayoría, los recurrentes argumentan que los precios fijados para acceder a las frecuencias de radio y televisión son desproporcionados, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, advierten sobre el riesgo de un apagón informativo, sobre todo en zonas donde estos medios representan la única fuente de información para la población.
Los precios base definidos por la Sutel, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron:
- $386.000 por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC).
- $9.653 por una frecuencia nacional de AM en modalidad digital híbrida (IBOC).
- $1,6 millones por un canal nacional de televisión.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización sin fines de lucro con más de 30 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos en América y con presencia en varios países de la región.
