La solicitud de suspensión rige mientras se resuelven las controversias constitucionales, dijo la UNA.
“El espectro radioeléctrico es una herramienta trascendental tanto para el desarrollo del país, como para la vida cotidiana de la población y su buen vivir (...) la democratización de su acceso es vital para permitir que los diversos sectores sociales tengan acceso a la transformación digital, así como al desarrollo social, económico, cultural y político que esta posibilita”, dice el comunicado de esa casa superior de estudios.
La UNA también pide respetar lo dictado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ordenó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no implementar cambios en las frecuencias de radiodifusión (radio y TV) hasta que termine el proceso electoral de 2026.
Para la casa superior de estudios, el proceso de subasta “presenta vicios estructurales de legalidad al estar sometido a múltiples recursos contencioso-administrativos y medidas cautelares vigentes, emitidas por la Sala Constitucional”.
Agregó que los montos establecidos para participar del proceso son “desproporcionados”, “lo cual privilegia, claramente, la capacidad financiera de unos pocos sobre criterios de interés público y función social y contradice el mandato constitucional de prohibición de monopolios”, dice la UNA.
La universidad pidió a la Asamblea Legislativa que “asuma su competencia” para que emita una ley con parámetros sobre este tema. Al Ejecutivo le pide presentar una propuesta de regulación que permita más bien “ampliar la participación democrática”.
“El modelo asumido excluye a medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales y favorece la concentración mediática, poniendo en riesgo la diversidad cultural y generando un control inaceptable de los medios en manos de pocos.
“Las señales abiertas del espectro radioeléctrico son un servicio público esencial que garantiza acceso gratuito a todos los sectores sociales, en particular a aquellos más vulnerables. Su asignación mediante criterios exclusivamente mercantilistas viola la función social de la propiedad, constitucionalmente definida”, concluye el comunicado.
Esta subasta fue suspendida tras una orden de la Sala Constitucional, mientras resuelve un amparo. Los precios base definidos por la Sutel, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron:
- $386.000 por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC).
- $1,6 millones por un canal nacional de televisión.
