El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación (Colper) presentó una coadyuvancia en dos expedientes relacionados con los recursos de amparo que cuestionan el modelo de subasta de radio y televisión aprobado por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La intervención, firmada por su presidenta, Yanancy Noguera Calderón, se presentó en los expedientes 25-036595-0007-CO y 25-031501-0007-CO.
El gremio argumenta que la subasta introduce requisitos económicos y técnicos que favorecen únicamente a grandes operadores, dejando en condición de desventaja a radios y televisoras regionales y alternativas.
Según el Colper, este diseño podría traducirse en la salida del espectro de medios con décadas de servicio comunitario, lo que afectaría el pluralismo informativo y significaría la pérdida de empleos para periodistas, comunicadores y personal técnico fuera de la Gran Área Metropolitana.
La coadyuvancia advierte de que este efecto no es solo económico: constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, al limitar el acceso al espacio comunicativo a quienes tengan mayor capacidad de pago.
Además, cita estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideran incompatibles las subastas basadas principalmente en la mejor oferta económica, por su potencial discriminatorio.
“En el ámbito interamericano se han calificado expresamente como ‘antidemocráticos’ aquellos modelos regulatorios que mercantilizan el espectro radioeléctrico y convierten su acceso en un asunto de capacidad financiera", dice el documento firmado por Noguera.
El Colper también recuerda que el espectro radioeléctrico es un bien público esencial para la democracia y que su administración debe orientarse a garantizar pluralismo, acceso universal a la información y no discriminación.
Bajo esa lógica, pide a la Sala Constitucional valorar los estándares constitucionales e interamericanos y declarar que el modelo de subasta no se ajusta a los deberes estatales de proteger la diversidad de voces ni evita restricciones indirectas a la libertad de expresión.
Los magistrados dieron curso a uno de los amparos en los que el Colper presentó coadyuvancia. El otro se mantiene en fase de admisibilidad; hay un tercer proceso en análisis.
Los precios base definidos por la Sutel, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron:
- $386.000 por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC).
- $1,6 millones por un canal nacional de televisión.
El pasado viernes 21 de noviembre cerró la recepción de ofertas del primer concurso público para adjudicar frecuencias en señal libre.