Según el recurso, el diseño de la subasta —basado principalmente en criterios económicos y con diferencias significativas en precios entre regiones— podría limitar el acceso al espectro radioeléctrico para medios pequeños, comunitarios, regionales, culturales, religiosos o estatales.
Esto, sostiene, favorecería la concentración en grandes operadores y afectaría principios como el pluralismo informativo, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio, especialmente en zonas rurales o de menor rentabilidad comercial.
La persona recurrente también advirtió que el procedimiento podría constituir una forma indirecta de restricción al acceso a los medios de comunicación y afectar derechos adquiridos por actuales concesionarios, además de generar riesgos de interrupciones en el servicio. Por ello, plantea la necesidad de introducir salvaguardas para asegurar una transición ordenada, evitar apagones de señal y proteger la diversidad de voces en el espacio radioeléctrico.
En su resolución de trámite, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de la Presidencia y a la SUTEL rendir un informe único en un plazo de tres días hábiles sobre los hechos señalados.
Además de este caso, el Tribunal Constitucional estudia otros dos recursos de amparo vinculados a la subasta de frecuencias: los expedientes 25-036628-0007-CO y 25-036595-0007-CO, ambos en etapa de admisibilidad.
