Las universidades públicas en Costa Rica enfrentan un desafío inédito en materia de seguridad luego de que, en un mes y medio, las tres casas de estudio más grandes del país recibieran siete amenazas de ataque armado enviadas por correo electrónico.
La primera advertencia ocurrió el 16 de octubre en la Universidad de Costa Rica (UCR). Y, para noviembre, tanto el Tecnológico de Costa Rica (TEC) como la Universidad Nacional (UNA), registraron otras nuevas amenazas de este tipo.
Los comunicados, videos y fotografías difundidos muestran la reacción inmediata de las instituciones: activar protocolos de seguridad, alertar a las autoridades y ordenar la evacuación de miles de personas.
Ante tales situaciones y un un país donde estos episodios no son frecuentes, pero podrían repetirse, surge una pregunta clave: ¿están realmente preparadas las universidades públicas para enfrentar amenazas de este tipo?
Campus extensos y miles de personas
Según Thais Fonseca, directora de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), las dimensiones físicas y humanas de los campus universitarios explican por qué responder a una amenaza de ataque armado representa un reto mayor.
Estas instituciones, al ser espacios abiertos y con menor control de acceso, “se convierten en objetivos más accesibles y atractivos para quienes realizan este tipo de amenazas”, afirmó.
En la UNA, solo en su sede central, el campus Omar Dengo, se desplazan más de 15.000 personas entre estudiantes y funcionarios. El área abarca 15 hectáreas entre facultades, centros de investigación y oficinas, con múltiples accesos y zonas verdes que dificultan un control rápido.
Para cubrir esta extensión, la universidad dispone de más de 100 oficiales de seguridad y más de 500 cámaras monitoreadas en tiempo real desde su centro especializado, según indicó el rector Jorge Herrera.
El TEC concentra alrededor de 11.000 personas en su campus central, un terreno que supera las 87 hectáreas. La institución no reveló cuántos oficiales de seguridad tiene ni cuántas cámaras operan, por motivos de seguridad.
Por su parte, ante la primera amenaza de ataque armado en octubre, la UCR evacuó a aproximadamente 25.000 personas en todas sus sedes y recintos del país, los cuales abarcan un área de 93 hectáreas.
La seguridad en estas instalaciones recae en 313 oficiales y 13 oficiales de tránsito; además de centros de control que operan cámaras de vigilancia, teléfonos de emergencia, alarmas de intrusión y sistemas contra incendios.
Estas condiciones han obligado a las universidades a complementar la vigilancia humana con controles de ingreso más estrictos, revisiones preventivas y restricciones temporales de acceso en momentos de alerta.
Capacidad de respuesta y protocolos
Aunque las universidades han activado sus protocolos de manera oportuna, Fonseca señaló que “todavía hay margen para consolidar una estrategia nacional unificada de gestión de amenazas en entornos educativos”.
Por ejemplo, en la UCR, el director de la Oficina de Servicios Generales, Pedro Navarro, explicó que la institución cuenta con protocolos de evacuación elaborados internamente y basados en lineamientos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y estándares internacionales. Esos documentos están en proceso de actualización.
El TEC informó que mantiene protocolos de emergencia actualizados en 2025, a cargo del equipo de Seguridad Ocupacional, con referencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el FBI, la Universidad de Harvard y la propia UCR.
En la UNA, el rector Jorge Herrera detalló que sus protocolos fueron actualizados con base en modelos de universidades de Estados Unidos y consolidados por la Comisión Institucional de Emergencias (CIE-UNA). Sus procedimientos incluyen evacuación, comunicación interna, despliegue de seguridad y resguardo de instalaciones.
Estudiantes de la UCR, UNA y TEC han cuestionado la falta de capacitación del personal, la ausencia de protocolos claros, la vulnerabilidad de poblaciones con discapacidad y las deficiencias en la comunicación institucional de las universidades públicas.
En el caso de la UCR, la institución ha realizado simulacros para distintos escenarios. Además, trabaja en la guía de tirador activo, la cual aún se encuentra en fase de capacitación, divulgación y elaboración del protocolo específico para ataques armados, según explicó Navarro.
En la UNA, la primera amenaza contra la UCR aceleró el proceso de preparación interna, indicó el rector Jorge Herrera. La universidad prevé capacitar al personal a partir del próximo año e implementar un simulacro de atacante activo durante el primer ciclo de 2026.
Por su parte, el TEC informó que realiza capacitaciones continuas para su personal docente y administrativo y que, además de activar sus protocolos, ha reforzado los controles de ingreso mediante carné institucional y verificación del documento de identidad.
La institución también implementó medidas de acompañamiento emocional, como espacios de escucha y apoyo psicológico.
No obstante, tras las amenazas, más de 1.900 estudiantes del TEC exigieron a las autoridades la implementación de un “protocolo de verdad”.
Actualmente, el TEC instruye a la comunidad estudiantil a correr, esconderse y, en última instancia, defenderse, según consta en el documento Guías operativas: atención de un evento por persona armada (tirador activo).
El representante estudiantil Wagner Segura Porras criticó el protocolo por no ser inclusivo con personas con discapacidad y alertó sobre el riesgo que representa la arquitectura de algunas aulas, especialmente aquellas con amplios ventanales, durante una emergencia.
Coordinación con el OIJ
Las tres universidades indicaron que mantienen coordinación constante con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública.
En la UNA, además, se están estableciendo mecanismos para que sus oficiales de seguridad reciban capacitación directa por parte del OIJ.
La policía judicial también indicó que ha impartido charlas en la mayoría de universidades públicas sobre la figura del “atacante activo” y las acciones que deben seguir las personas en caso de amenaza o ataque.
Entre sus recomendaciones destacan: desalojar todos los campus y sedes, reforzar la seguridad interna, comunicar de inmediato al OIJ y a la Fuerza Pública, cumplir los protocolos internos y evitar la difusión de mensajes que generen pánico o desinformación.
El OIJ informó a La Nación que las denuncias presentadas por las universidades se encuentran en investigación dentro de la Sección de Cibercrimen.
¿En qué deben mejorar las universidades?
Según la criminóloga, detrás de las recientes amenazas de ataques armados hay un fenómeno de imitación. Una vez que ocurre un evento de este tipo es esperable que se reproduzca en otros escenarios.
Añadió que, en muchos casos, la respuesta inmediata ha sido evacuar los edificios, pero advirtió que esta medida no siempre es la más segura.
“Si la persona que emitió la amenaza se encuentra dentro de la institución, una evacuación desordenada puede generar más caos o poner a la gente en riesgo”, explicó.
Por ello, señaló que aún persisten áreas importantes por mejorar:
1-Protocolos estandarizados de comunicación de riesgo. Las universidades deben unificar sus criterios para alertar a la comunidad y evitar la difusión imprudente de mensajes que puedan generar pánico o crisis innecesarias.
2-Equipos interdisciplinarios permanentes. Se requieren grupos que integren prevención situacional, análisis de vulnerabilidades, ciberinteligencia y evaluación de patrones de riesgo, con trabajo continuo y no únicamente reactivo.
3-Capacitación continua en manejo de crisis y amenazas digitales. El entrenamiento debe incluir a personal académico, administrativo y estudiantil, con el fin de garantizar una respuesta adecuada ante distintos escenarios.