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Sindicatos del ICE retrasan plan para eliminar jefaturas sin personal a cargo

Dos organizaciones solicitaron a jueces contenciosos frenar proceso de transformación al alegar falta de fundamento para cambios; gestión fue rechazada, pero demoró acciones

Gestiones de dos sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) retrasan el plan de transformación para sanear las finanzas de la entidad que, entre otras acciones, incluye la eliminación de jefaturas sin personal a cargo.

Se trata del Sindicato de Ingenieros del ICE (Siice) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice), que en agosto del 2020 solicitaron una medida cautelar en la vía contencioso administrativa para que se suspendiera el nuevo modelo de gestión corporativa del Instituto y sus empresas.

Si bien al final no fue acogida la petición, sí demoró el proceso, como lo señala un informe de Auditoría Interna del ICE del pasado 20 de agosto.

La llamada Estrategia 4.0 se anunció públicamente en junio del 2019 para garantizar la sostenibilidad financiera del Grupo ICE. Fue aprobada en noviembre de ese mismo año.

Una de las medidas que contempla es reasignar funciones y salarios a aquellos trabajadores que aunque ocupaban puesto de jefe ya no tenían personas a su cargo. Según el ICE, esto reduciría 23% su nivel de jefaturas y aportaría un ahorro de casi ¢4.598 millones.

El cambio de condiciones afectaría a entre 300 y 350 funcionarios de una planilla de 11.869 trabajadores a marzo de este año.

Aquel es uno de los ajustes para aliviar las finanzas luego de cerrar el 2020 con una deuda superior ¢3,7 billones entre compromisos propios y de sus subsidiarias: la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A. y la Gestión Cobro Grupo ICE S. A.

Siice y Asdeice acudieron al Tribunal Contencioso bajo la figura de Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE), del cual son sus únicos afiliados entre ocho sindicatos del Instituto.

En su petición de medida cautelar argumentaron que “no existe una necesidad real y debidamente acreditada que justifique la reestructuración administrativa del Grupo ICE” y esto lesiona el derecho al trabajo, como revela el expediente 20-003991-1027-CA-1.

El Tribunal rechazó la solicitud en primera instancia el 20 de noviembre del 2020. Fue ratificada en segunda instancia el pasado 23 de abril.

En su resolución No 0164-2020, el Tribunal explica que el FIT-ICE no acreditó por qué debía privilegiarse su interés por encima del proceso institucional. Por esa razón para los jueces debe prevalecer “el interés público fundamental en la prestación de los servicios que brinda el ICE y el interés institucional propio de cumplir con sus competencias legales”.

Además, advirtió a los sindicalistas que “el proceso cautelar no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que la parte promovente, al formular su pretensión, es la obligada a probar sus afirmaciones. En síntesis, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte”.

Desfase de un año

Estas gestiones y la resistencia de estos gremios han sido un tropiezo para el plan, como lo señala la Auditoría en el informe 0020-182-2021 del 20 de agosto anterior enviado a la Gerencia General del ICE.

De acuerdo con el informe, hubo un desfase de un año en el plazo que fijó el Consejo Directivo del Instituto para formular las reorganizaciones internas de las dependencias de la entidad.

Para cada una de las reorganizaciones internas, finalmente aprobadas en marzo de este año, se fijó un plazo de implementación de seis meses el cual es posible que deba extenderse, agregó la Auditoría.

La Auditoría también analizó las consecuencias del pulso interno.

“Hay un desfase y cambios sustanciales en el entorno fáctico político– económico entre del 2019, fecha cuando se formuló y aprobó la reorganización del Instituto Costarricense de Electricidad y su modelo de gestión corporativa, y el entorno actual”, dice.

La situación disminuye el efecto de esa reorganización y de los cambios propuestos por el tiempo que se ha demorado en echarlo a andar lo cual, dice , ha impedido materializar beneficios previstos.

Uno de esos beneficios era conseguir un margen de ingreso de al menos 30,9% antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización entre ese año y el 2023, según el anuncio que hizo en 2019 la presidenta ejecutiva del Instituto, Irene Cañas.

Esto, agregó la jerarca, equivaldría a una ganancia operativa prevista de 12,3% para el 2023.

Sin embargo, esa meta podría alejarse luego de que el Grupo ICE cerrara el 2020 con una pérdida de ¢110.000 millones respecto al final del 2019 por el impacto de la pandemia en sus negocios y la devaluación del colón frente al dólar en el pago de sus deudas.

‘No es cierto’

Además del informe de la Auditoría, la propia Administración del ICE admitió los contratiempos. Lo hizo en un comunicado enviado a los trabajadores la semana pasada, en el cual reconoció que debió acudir a los tribunales a exponer sus argumentos antes de continuar con el plan, debido a que el asunto llegó a instancias judiciales y ahora permanece a la espera de una resolución final.

Asimismo, las autoridades de la institución expresaron su malestar y las dificultades que enfrenta con parte de sus bases, como se desprende del comunicado, en el que desmintieron versiones que el FIT-ICE ha divulgado sobre la Estrategia 4.0.

“No es cierto que se haya dictado nulidad del acuerdo del Consejo Directivo sobre la reestructuración”. “No es cierto que la reestructuración carezca de estudios que la sustenten”. “No es cierto que la reestructuración genere costos adicionales al Instituto”, dijo el ICE en el documento del 26 de agosto.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.