A las 12:29 p. m. de este miércoles, el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia) confirmó al personal de Recope que las negociaciones de la nueva convención colectiva llegaron a su fin el día anterior.
El aviso del Sindicato, sin embargo, no informó de los términos del acuerdo laboral. Tampoco la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) divulgó el contenido pese a la advertencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, de que lo que se acordara debía “hacerse público cuanto antes”.
Según el correo del secretario general de Sitrapequia, Manuel Rodríguez Acevedo, las partes negociaron en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable, incluidas las regulaciones de la Ley de Salarios de la Administración Pública, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Código de Trabajo.
El sindicalista cita que, en el proceso, se atendieron “principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que ha dispuesto la Sala Constitucional así como los lineamientos emitidos por la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público”.
No obstante, evita dar detalle del articulado.
El documento indica además que, luego del acuerdo las partes, estas se comprometieron a revisarlo y luego remitirlo a instancias de decisión de cada una para su aprobación allí y luego de ello vendrían las firmas correspondientes.
Es decir, que ahora será sometido a la Asamblea de Sitrapequia y a la Junta Directiva de la Refinadora.
Sobre la convención colectiva de RECOPE:
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 1, 2021
• Aún no hay acuerdo firmado, las partes aún están negociando
• Cualquier acuerdo debe cumplir Ley 9635
• Lo que se acuerde debe hacerse público cuanto antes
• Como ha sido nuestra política, debe demostrarse que fue negociada a la baja
“Cumplido lo anterior, el documento será depositado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de que determine lo correspondiente”, agrega Rodríguez en su mensaje.
El dirigente prolonga en su comunicado el secreto alrededor de la negociación al citar que: “En el momento oportuno se brindará mayor detalle sobre los temas negociados, atendiendo a las etapas del proceso”.
Este lunes, el presidente Carlos Alvarado lanzó una advertencia mediante un mensaje en su cuenta de Twitter de que se debían divulgar los acuerdos de esa negociación.
Alvarado afirmó, en ese momento, que la negociación entre Recope y los representantes laborales no había terminado, pero señaló que en el momento en que así fuera, debía hacerse público.
“Como ha sido nuestra política, debe demostrarse que fue negociada a la baja”, añadió.
Sus manifestaciones contrastaron parcialmente con lo dicho unas horas a La Nación por Alejandro Muñoz Villalobos, presidente ejecutivo de la empresa pública.
Muñoz dijo que no se darían detalles hasta que la convención fuera revisada y sometida a ajustes en la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, que integran los ministerios de Presidencia, Hacienda y Trabajo.
Al cierre de este miércoles, el propio Muñoz negó secretismo alguno en un comunicado de prensa de Recope donde también se alarga el misterio porque tampoco se detalla nada respecto al acuerdo.
“No estamos en un momento para reaccionar a la presión de los medios de prensa, pues se deben seguir todas las normas que un proceso de esta naturaleza exige, aplicando el sigilo y cautela necesarios para que esta información sea pública en el momento procesal oportuno”, explicó el presidente Recope.
Este agregó que “están anuentes” a transparentar y dar toda la información sobre el acuerdo “en el momento que corresponda, porque manejamos recursos públicos”, recalcó Muñoz quien prometió divulgar al respecto en “próximos días”.
Fallos de Sala IV
El costo de la convención de la Refinadora es cercano a los ¢20.000 millones.
Fallos de la Sala Constitucional eliminaron algunos de los beneficios de ese acuerdo laboral por considerarlos desproporcionados.
Así, el 3 de febrero del 2020, dejó sin efeco un plus que recibían unos 1.300 trabajadores no profesionales y que le costó a los usuarios de hidrocarburos unos ¢2.222 millones en los últimos años.
Ese plus implicaba un aumento anual de entre 3% y 5% sobre el salario base.
El pacto laboral de Recope venció en junio del 2019, tres semanas después de que la Sala Constitucional también anulara once sobresueldos porque se apartaban de principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Entre aquellos excesos declarados inconstitucionales el 23 de mayo del 2019, resaltan el tope de auxilio de cesantía, superior al límite máximo de 12 años; subsidios en alimentación y permisos de dos días con goce salarial por el matrimonio de un hijo; entre otros.
Aquella convención fijaba la cesantía en 20 años, pero anteriormente, la misma convención establecía hasta 24 años.