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La emergencia por la covid-19 revela que la mayoría de entidades públicas sufre serias deficiencias para mantener en pie servicios públicos críticos.
En una escala de 1 a 100, la gran mayoría reprobó en la aplicación de buenas prácticas para mantener sus servicios en pie en caso de una emergencia.
Un análisis de la Contraloría General de la República (CGR) divulgado este jueves revela que, pese a esfuerzos para introducir prácticas para sostener sin afectación 21 servicios críticos en la emergencia, tales esfuerzos son aislados y persiste un amplio margen para hacer correcciones en 90 empresas públicas revisadas.
Para la CGR, es clave que esta situación cambie hacia una mejora porque está en juego la capacidad de las entidades de adaptarse a eventos imprevistos sin que sus usuarios sufran las consecuencias.
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“Esto se vuelve crítico ante la emergencia sanitaria, que exige una toma de decisiones ágil, oportuna y estratégica para minimizar el impacto sobre la operación de las instituciones, la prestación continua de los servicios; así como sobre las finanzas públicas y la economía nacional”, advierte el informe N° DFOE-EC-SGP-00001-2020 del 3 de agosto anterior.
Entre los críticos, según la CGR, figuran servicios públicos básicos, educación en todas sus formas, financiamiento y crédito a la producción, consulta externa, seguridad, servicios municipales, atención de infraestructura, telecomunicaciones y generación de empleo, entre otras.
El informe revisó si las instituciones estaban listas o no para mantener en pie sus servicios pese a la emergencia. Específicamente, si tenían vistas amenazas potenciales e impactos derivados para sus actividades, además si disponían de medidas de protección y mitigación para que la afectación fuera la mínima posible.
Casi ninguna tenía esas previsiones, según la CGR.
Solamente una de entidad analizada está en un nivel “óptimo” de 90% en aplicación de buenas prácticas, es el caso del Banco Nacional de Costa Rica. Otras siete estaban en grado “avanzado” con 80% o más en su aplicación.
Esas son el Banco de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Banco Popular, Bomberos y la Municipalidad de Cartago.
Otras 17 aparecen con nivel “intermedio” (con porcentajes entre 50% y 73%), mientras que 46 en condición “básica” (entre 49% y 25%). En nivel “incipiente” quedan las restantes 19, con menos de 25% de aplicación de buenas prácticas para mantener sus servicios.
Por sectores
Los porcentajes más altos de aplicación de buenas prácticas recaen en las instituciones financieras (77,1%) y las empresas públicas no financieras (54,0%) que tienen supervisión de otras autoridades y cuentan con alguna regulación sobre la continuidad institucional o que promueve su fortalecimiento.
Luego siguen las instituciones del Gobierno Central y sus órganos desconcentrados con un desempeño promedio (44,7% en general) en la continuidad de servicios, lo que denota la necesidad de fortalecer aspectos en todas sus etapas.
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“Esto resulta de suma relevancia, considerando su rol en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, el aseguramiento de la continuidad de los servicios públicos y la promoción de la reactivación económica”, precisa el documento.
En el caso de los gobiernos locales, tienen las calificaciones promedio más bajas (33,8%).
Sin embargo, la CGR aclara que la mayoría de las entidades carece de una línea de acción formalmente establecida para su gestión para orientar su proceder ante un evento imprevisto.
En 55,6% de instituciones, no se evalúan los riesgos ligados a la continuidad institucional de los servicios y en 83,3% tampoco hay análisis de impacto como insumo para descubrir posibles consecuencias de eventos imprevistos y cómo podrían alterar sus servicios.
No obstante, ante la emergencia sanitaria, al menos 72,2% y 51,1% de las entidades realizaron esos análisis, respectivamente, lo que refleja un mayor interés por conocer los efectos inmediatos de esa emergencia.
Con todo, el panorama a nivel de planificación es poco alentador.
Solo 19 instituciones disponen de un plan de continuidad y otras 28 poseen lineamientos de contingencia.
Además, luego de cuatro meses desde el inicio de la emergencia sanitaria, solo siete entidades han definido un plan de recuperación.
