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El dictamen afirmativo a un proyecto de ley que pone límite a los precios de los medicamentos y a las ganancias de las farmacias, provocó una reacción en cadena de críticas y oposiciones, incluida la del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Se trata del proyecto de ley 17.738, de Regulación de Precios de los Medicamentos, el cual, a criterio de los diputados impulsores, cortaría de raíz que se sigan dando en el país situaciones como que un mismo medicamento tenga diferencias de precios de hasta un 1.000% entre una farmacia y otra.
El plan, que consta de 12 artículos, también crea una Oficina de Regulación de Precios de Medicamentos, que estaría adscrita al MEIC, y establece la elaboración de una canasta básica de fármacos, específicamente para el 25% de medicinas más utilizadas por la población.
Para el MEIC, si bien el proyecto surge de una buena “intención”, la imposición de precios y ganancias máximas en la industria de los medicamentos no es lo indicado, señaló el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez.
“Sí, efectivamente hay distorsiones (en el mercado de medicinas) que hay que atender, pero no a través de una fijación permanente de precios”, dijo Rodríguez.
El funcionario señaló que el Ministerio ya tiene herramientas para regular precios, pero estas se aplican en situaciones monopolísticas o muy particulares.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio y uno de los que propuso el plan, alega que la eventual nueva legislación “garantizaría más transparencia y menos abusos” en el costo final de las medicinas en el sector privado.
El proyecto 17.738 fue dictaminado afirmativamente y de manera unánime por los diputados que hasta ayer integraban la Comisión Especial Legislativa que investigó la crisis financiera y de gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa de ley fue avalada en una sesión del viernes pasado, en la que estuvieron Sianny Villalobos (Liberación Nacional), Patricia Pérez (Movimiento Libertario), Wálter Céspedes (Unidad Social Cristiana), Gustavo Arias (Acción Ciudadana), Rita Chaves (Accesibilidad Sin Exclusión) y Villalta.
El proyecto deberá ser discutido en el plenario. Villalta manifestó que espera que el Ejecutivo lo convoque para las sesiones extraordinarias que arrancan el lunes.
Con cautela. Las dudas y cuestionamientos al proyecto también saltaron desde otras partes y no solo desde el MEIC.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) expusieron sus inquietudes a La Nación.
Ana Victoria Velásquez, directora ejecutiva de Coprocom, consideró que la intención de los diputados conllevaría una “regulación indiscriminada” hacia los precios de los medicamentos.
Según su criterio, que un fármaco en particular se consiga al mismo precio en todas las farmacias no es garantía de que a la población se le dará el precio más bajo posible.
Lorena Quirós Luke, directora ejecutiva del Colegio de Farmacéuticos, argumentó que tienen preocupación por la disparidad de precios, pero eximió a las farmacias de esa responsabilidad.
“Creemos más en la regulación de los márgenes y que se regule a nivel de todos los pasos de la cadena. La farmacia es la que menos culpa tiene en esta estructura y es la que pone la cara y a la que le dicen ‘ladrona’”, sostuvo Quirós.
Mientras tanto, Rodolfo Lambour, director ejecutivo de Fedefarma, resaltó: “Los precios en Costa Rica son de los más bajos de América Latina; por lo tanto, no es claro el beneficio que este proyecto traería pues al referenciarlos podrían incluso aumentar”.
Tanto el Colegio de Farmacéuticos como Fedefarma alegan que solicitaron audiencias a los diputados, pero no recibieron respuesta. Colaboró: Marvin Caravaca.
