El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declaró ilegal la huelga de funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la cual se extendió durante los días 10, 11 y 12 de setiembre.
La sentencia N°1606-2018 del juez Luis Diego Charpantier con fecha de este jueves 4 de octubre, ordena además al Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) y a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al pago de ₡300.000, ₡150.000 a cada organización sindical por concepto de pago de las costas personales y procesales.
“Estamos ante una huelga en contra de un proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa, por lo que la misma se estaría promoviendo en contra del Poder Legislativo, quien se encarga de crear leyes, que, si bien influyen o impactan las políticas públicas emanadas por el Poder Ejecutivo, no puede ser avalada dicha actuación como una huelga política como la que aquí se pretende. En este caso, al estar ante un proyecto de ley que se encuentra en discusión ante los señores diputados, el legislador tiene prohibido negociar la forma en que debe dictaminarse la creación de una ley", fundamentó el juez.
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Charpantier añadió que, aunque en este caso se efectuaron reuniones de diálogo con el Poder Ejecutivo, para que se cumplan los requerimientos solicitados por los grupos sindicales, debe la Asamblea Legislativa acceder a ello, situación que entonces se aleja de una huelga contra políticas públicas, ya que no sería injerencia absoluta del Poder Ejecutivo.
“Es decir, es imposible avalar declarar una huelga legal para obligar al Poder Legislativo a negociar, ya que el legislador no puede condicionar y mucho menos establecer acuerdos para legislar. En ese sentido, no puede exigírsele al legislador sentarse a conversar con los sindicatos, ya que ello escaparía de sus potestades políticas, incursionando en un apartado que es improcedente, como lo sería negociar lo que se debe implementar en cada ley.”
“(...) Sumado a ello, se desprende que a lo largo de todos estos días que se ha dado el movimiento de huelga, en la Asamblea Legislativa se le ha dado total celeridad al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo 20.580, lo que viene a sustentar la improcedencia de encajonar una huelga de políticas públicas contra el Poder Legislativo, ya que reitero, no puede autorizarse que los sindicatos a sostener acuerdos con los señores diputados, de cómo deben analizar y aprobar las leyes, ya que se estaría violentando su mandato constitucional de legislar.”
El juez explicó que, por consiguiente, en el caso particular, no puede avalarse la tesis sostenida por la ANEP, referente a que nos encontramos en presencia de una huelga de políticas públicas, “y por consiguiente debe calificarse el movimiento de huelga efectuado como ilegal.”
Aunque el SEPI argumentó que ellos solo se sumaron a la huelga durante tres días, y que la actual declaratoria carece de interés, el juez consideró que “dicha excepción debe ser rechazada, ya que si bien, los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia estuvieron pocos días en huelga, en esos tres días que se ausentaron, afectaron la organización de su patrono, lo cual el hecho de haberse reintegrado a sus labores, no quiere decir, que ello de traste a convalidar sus ausencias”
Esta es la resolución número 14 sobre peticiones de declaratoria de ilegalidad de la huelga de empleados públicos, que este miércoles llega a su día número 25.
El Juzgado de Trabajo ha declarado ilegales otros movimientos como Consejo Nacional de Producción (CNP), Banco Central de Costa Rica (BCCR), Junta de Protección Social (JPS), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), entre otros. Por el momento solamente la del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), ha sido declarada legal. Cabe destacar que ninguna de estas sentencias están en firme.