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Jueza exige devolución de ¢250 millones ahorrados en Caprede: ‘Mi esfuerzo de tanto tiempo está en riesgo’

Funcionaria es una de las afectadas por mal negocio de la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede). Presentó denuncia por retención y apropiación indebida

“Me ha afectado muchísimo, estoy en tratamiento con psicóloga, estoy hasta medicada porque es una situación preocupante, mi esfuerzo de tanto tiempo está en riesgo (...) Ese dinero es producto de mi fatiga diaria, me siento impotente”.

Así describe Sonia Navarro Castillo, jueza de 52 años, la angustia que vive ante la posibilidad de perder los más de ¢250 millones ahorrados a lo largo de muchos años.

Desde 2010, la funcionaria confió esos fondos a la Caja de Préstamos y Descuentos de Empleados del Poder Judicial (Caprede), mediante cinco certificados de depósito a plazo.

Sin embargo, esa entidad realizó malas inversiones que tienen en peligro el dinero de 3.000 funcionarios del Poder Judicial, entre los que se incluyen magistrados, jueces y fiscales.

El origen de la crisis se dio en 2010, cuando Caprede incursionó en la compra y descuento de facturas o factoreo, para aumentar sus utilidades.

No obstante, una auditoría forense, realizada en 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en una cartera de créditos incobrables.

Según los estados financieros auditados, a julio de 2020, Caprede estaba en riesgo de perder ¢8.844 millones invertidos en la compra y descuento de facturas. En ese monto están incluidos los ahorros de Sonia Navarro.

Ella afirma que Caprede nunca le comunicó las dificultades económicas derivadas del negocio de factoreo; por el contrario, cuando iba a renovar sus certificados, cada dos años, le ofrecían tasas de interés mayores como un gancho para que mantuviera su capital allí.

Los intereses prometidos a Navarro por la Caja de Préstamos, según documentos en poder de La Nación, oscilaban entre 11,2% y 14% anuales.

“Dejaron de depositarme los intereses desde febrero de 2020, no me depositaban nada. Ahí fue cuando me asusté muchísimo”, relató la mujer, quien vive con su padre, paciente de 79 años con Alzhéimer.

En un intento por recuperar su dinero, la funcionaria presentó el año anterior una denuncia penal contra Adrián Arroyo Acosta, presidente de la Junta Directiva de Caprede entre 2019 y 2020, por supuesta apropiación y retención indebida; el caso se tramita bajo el expediente 21-000007-619-PE.

De acuerdo con el Ministerio Público, la causa está en una etapa de investigación, por lo tanto no se pueden conocer más detalles.

“Lo ponen a uno como si uno fuera el responsable y uno no es el responsable, para el año 2020 yo era el presidente de la Junta Directiva, pero el factoreo no es una situación que se diera en el 2020″, argumentó Arroyo en una entrevista concedida a este diario.

‘Inducidos a error’

Para Marco Mora Dittel, uno de los abogados de Navarro, Caprede indujo a error a sus afiliados al omitir información relacionada con su situación financiera y, al mismo tiempo, ofrecerles mayores tasas de interés a la hora de renovar certificados u otros tipos de inversión.

“Ellos empezaron a ofrecerles a los socios mayores tasas de interés, los indujeron a error ofreciéndoles mejores rendimientos. En el caso de doña Sonia, ella empieza a ingresar, desde 2010, certificados de depósito a plazo, la mayoría de esos certificados superiores a ¢20 millones”, declaró.

Según Mora, presentaron reclamos ante Caprede, pero no les responden correos electrónicos u oficios.

En criterio del abogado, la Inspección Judicial debería investigar de oficio a los empleados de la institución que integran la Junta Directiva de Caprede, pues este asunto afecta la imagen de la institución.

La Inspección es el órgano disciplinario del Poder Judicial.

“Con el mayor respeto, el Poder Judicial, la Inspección Judicial y el Consejo Superior son muy quisquillosos con el manejo de la imagen institucional. Entonces, si el Poder Judicial o algo relacionado con el Poder Judicial se ve cuestionado, generalmente abren investigaciones de oficio, pero en este caso no ha sido así”, concluyó Rojas.

Esa investigación, sin embargo, no se dará. Ante consulta de este diario, la oficina de prensa del Poder Judicial aclaró que, según la Ley Orgánica de la institución, la Inspección no se extiende a organizaciones como Caprede.

“La Inspección Judicial no tiene competencia o el ámbito de ampliación del régimen disciplinario no alcanza para este tipo de agrupaciones”, explicó.

En una entrevista realizada la semana anterior, Caprede aseguró que realiza esfuerzos para cancelar las obligaciones con sus asociados; incluso, dijo, está entregando propiedades a algunos de las perjudicados como mecanismo de compensación.

Exgerentes se sacuden

Randall Bonilla Cruz, gerente general de Caprede hasta el 2010, admitió que él promovió la incursión en el negocio de factoreo, pero subrayó que dejó la compañía por razones personales antes de que se ejecutara la compra y cesión de facturas.

“Yo fui gerente general de Caprede del 2004 al 2010, creo que en total fueron seis años lo que estuve ahí (...) Yo promoví el negocio, hay empresas que lo hacen, lo hacen bien y viven de eso, salí de Caprede porque venció mi contrato y estaba cansado, quería tener nuevos bríos”, comentó Bonilla.

Tras la salida de Bonilla, asumió la gerencia general de la Caja de Préstamos Marco Montero Jiménez.

Caprede confirmó que Montero Jiménez estuvo en ese puesto hasta 2017, año en que se realizó la auditoría forense sobre Caprede Factoreo, pero no indicaron las razones del despido.

Consultado por este medio de comunicación, Montero indicó que fue despedido con responsabilidad patronal por supuestas diferencias con la Junta Directiva.

Además, dijo desconocer el informe forense que detectó supuestas irregularidades en la compra y descuento de facturas.

“Le voy a decir mi interpretación de por qué se me despidió. Yo creo que la Junta Directiva quería controlar Caprede, porque yo me había opuesto (al factoreo)”, expresó Montero.

Empero, no existe evidencia escrita de la oposición con ese proyecto.

“No me acuerdo si están por escrito, pero yo hice la observación, incluso tuve varios encontronazos con un miembro de la Junta Directiva porque yo decía que eso no era correcto.

“Es más, yo impulsé crear sistemas de riesgo; crear gobierno corporativo, yo impulsé todo ese tipo de cosas y que, incluso, hubiera un asesor de riesgo dentro de las empresas de Caprede”, agregó el exgerente entre 2010 y 2017.

¿Por qué ocurre la crisis financiera si usted creó esos mecanismos de control?

“Di... es que... yo no era miembro de Caprede Factoreo como para... o sea, se crearon por iniciativa porque yo le quería dar una estructura, al menos, a Caprede (...) Me pregunta algo sobre lo que yo no tenía injerencia”, contestó Montero.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.