El Ministerio Público investiga la desaparición de todos los ahorros y de gran parte del dinero para cesantías que los empleados de la Asamblea Legislativa tenían en su cooperativa, la cual quedó al borde de la quiebra.

La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen investiga a dos personas como sospechosas del delito de peculado. Una es de apellido, Camacho, quien era jefe de Presupuesto del Departamento Financiero del Congreso y expresidente de Coopeasamblea R. L.; y otra de apellido Guzmán, exgerente general de la cooperativa.

Las indagaciones comenzaron el año pasado, luego de que una auditoría del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) detectara irregularidades en el manejo de la cooperativa.

La situación es tan crítica que el grupo de asociados que tomó la riendas de la administración, hace menos de un año, tuvo que pedir dinero prestado para fondear la reserva de cesantías, al tiempo que comunicó a sus asociados que, para poder reclamar el capital social aportado, deberán esperar al menos cinco años.

“Esta cooperativa era para ponerle el candado”. El asesor legislativo y asociado, Paul Stephen, describió así la situación en la que encontró a la cooperativa en febrero del 2020, cuando asumió la presidencia del Comité de Vigilancia.

Justo en ese momento, él y los otros integrantes de la nueva administración detectaron que los ahorros de capital se habían perdido por completo, es decir, que desaparecieron los aportes que mes a mes habían hecho los asociados y que equivalían al 3,5% de su salario bruto mensual.

A su vez, descubrieron que el fondo de cesantías, que administra a la cooperativa, se encontraba en estado crítico, debido a múltiples anomalías en la forma como se otorgaban los créditos a los asociados.

Por ejemplo, la auditoría del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) alertó que el Consejo de Administración aprobaba préstamos incluso cuando los analistas recomendaban, técnicamente, rechazarlos o exigir mejores garantías.

Tampoco se limitaba el dinero que podían pedir los asociados sin dar más garantía que un fiador. Con frecuencia, una persona podía aparecer como deudora y, al mismo tiempo, como fiadora de otros, independientemente de su capacidad de pago.

No obstante, según Stephen, los hallazgos de Infocoop se quedaron cortos con respecto a la magnitud real del daño causado a Coopeasamblea. Relató que fue hasta que contrataron una auditoría forense, a un despacho privado, cuando se percataron del estado real de las finanzas.

El funcionario legislativo, quien es asesor de la diputada liberacionista Aida Montiel (PLN), aseguró que la administración anterior alteró los estados financieros de la cooperativa para ocultar la gravedad de la situación.

Marco Alfaro, el nuevo gerente general de Coopeasamblea, confirmó en un correo electrónico que la auditoría forense reveló anomalías. Sin embargo, se abstuvo de dar mayores detalles, bajo el alegato de que los hallazgos ya se comunicaron al Ministerio Público y forman parte de la evidencia del caso.

Alfaro tampoco precisó el daño patrimonial causado a la cooperativa, la cual agrupa a unos 150 funcionarios legislativos, es decir, al 17% de la planilla del Congreso, la cual está integrada por 899 personas, según datos a setiembre del 2020.

De acuerdo con la auditoría del Infocoop, Coopeasamblea carecía de “reserva de liquidez, la cual, a julio del 2019, debería ser de aproximadamente ¢572 millones”.

Sin explicaciones

La Nación consultó su versión de los hechos a Camacho y Guzmán, los dos investigados por el Ministerio Público. El exgerente Guzmán indicó que le preguntaría a sus abogados y devolvería la llamada si decidía dar una declaración, lo cual no ocurrió al cierre de esta publicación.

Por su parte, Camacho –el expresidente de Coopeasamblea– dijo que no podía referirse al caso porque ni siquiera se le ha informado sobre el proceso judicial.

Sobre el fondo de cesantías de los empleados legislativos, solo aseguró que ese dinero se le prestó a los mismos asociados. “Lo que puedo decir es que la situación era complicada y si no se maneja con cuidado, se vuelve más complicada”, aseveró.

Actualmente, las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, se tramitan bajo el expediente N.° 20-000102-1220-PE .

“Según el sistema informático de este despacho, se investiga a dos personas, una de apellido Guzmán y otra apellidada Camacho, ya que figuran como sospechosas del presunto delito de peculado”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, en un correo electrónico, ante consulta de La Nación.

De acuerdo con el artículo 361 del Código Penal, el delito de peculado lo comete “el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.

Ese apartado, además, establece que las penas por esa falta oscilarán entre los tres y los 12 años de prisión.

Las personas investigadas por la Fiscalía trabajaron en Coopeasamblea hasta el primer cuatrimestre del año pasado. Camacho renunció a la presidencia entre marzo y abril, según dijo. Mientras que Guzmán fue despedido en marzo, tras una suspensión, a raíz de los hallazgos de la auditoría del Infocoop.

Préstamos sin límite, riesgosos y atrasados

De acuerdo con Paul Stephen, una de las principales anomalías detectadas por la nueva administración de Coopeasamblea es la forma como se otorgaban los créditos a los asociados.

“Los créditos tienen que tener una garantía real y hay múltiples créditos, de ¢20 millones, de ¢30 millones y así, que la única garantía que ponen es un fiador, lo cual es contrario al reglamento de crédito que existía”, precisó el presidente del Comité de Vigilancia de Coopeasamblea.

El informe del Infocoop respalda esa aseveración. En el documento figuran como deudores varias personas que, a la vez, fungían como fiadores de otros préstamos.

Por citar un caso, hasta julio del 2019, a nombre del mismo Camacho aparecían dos préstamos con garantía fiduciaria, de ¢73 millones y ¢23 millones.

El fiador del mayor de esos dos créditos era un empleado legislativo de apellido Campos, quien entonces era secretario de Coopeasamblea y que, además, aparecía como fiador de otras cuatro personas con créditos que, en su conjunto, sumaban ¢160 millones.

El fiador del otro préstamo de Camacho (el de ¢23 millones) era un asociado apellidado Sáenz, quien, a su vez, tenía abierto un préstamo de ¢53 millones en el que Camacho era el fiador.

En total, Camacho aparece como el cuarto mayor deudor de la cooperativa, según el informe de Infocoop, con ¢243,4 millones, al 31 de julio del 2019.

En ese mismo informe se alertó de que la costumbre de otorgar préstamos fiduciarios sin límite hacía que Coopeasamblea fuera “más vulnerable a la materialización del riesgo de crédito, no solo por la persona asociada que es deudora, sino también por la fiadora”.

Una advertencia similar se hizo también sobre la práctica del Consejo de Administración de aprobar créditos en contra de la recomendación de los analistas.

Por ejemplo, el Consejo autorizó un financiamiento de ¢316,8 millones a una funcionaria de apellido Ríos, pese a que el analista que revisó el caso advirtió de que a ella el salario le alcanzaba solo para pagar el 25% de la cuota mensual, por lo que la cancelación de la deuda dependía de que el emprendimiento turístico de la mujer tuviera éxito.

Ríos hizo el último pago del crédito en noviembre del 2016, después ofreció la propiedad en la que se ubicaba la empresa como dación de pago.

Según el Infocoop, al 31 de julio del 2019 un total de 20 personas concentraban el 28% de la cartera de créditos de Coopeasamblea. De esas, 11 presentaban problemas de pago. Uno de los deudores atrasados era el secretario de la cooperativa, de apellido Campos.

Además, la auditoría encontró que la cooperativa no mantenía en orden los expedientes de todos los préstamos abiertos, pues se halló el caso de una exasociada que renunció a la organización mientras tenía una deuda pendiente.

Tras dos años de atraso, el préstamo debía haber estado en cobro judicial, pero se mantenía simplemente como “moroso”.

Plan de recuperación en cinco años

Tras los hallazgos realizados, la nueva administración de la cooperativa de empleados legislativos emprendió un plan de recuperación a cinco años.

De acuerdo con el nuevo gerente de Coopeasamblea, Marco Alfaro, una de las primeras acciones que ejecutaron fue restituir el fondo de cesantía de los asociados.

“Este objetivo se logró y no hay inconveniente en cumplir con las obligaciones con los asociados en el momento en que se retiren”, afirmó Alfaro.

El próximo objetivo, dijo, es alcanzar la estabilidad financiera de la cooperativa. La meta del plan remedial es salir a flote en los próximos cinco años.

Según Stephen, el plan parte de alianzas con cooperativas como Coopenae y Coopealianza, cuyo apoyo técnico y financiero permitió inyectarle recursos a la reserva de cesantías de Coopeasamblea.

Mientras tanto, un abogado recién contratado trabaja en enviar a cobro judicial los créditos que se dejaron de pagar.

Stephen agregó que también consiguieron que el Banco Nacional les otorgara una moratoria de la deuda que tienen pendiente con esa entidad financiera.

“Ya se van a poder entregar dividendos del fondo de cesantía, no del capital social, porque ese patrimonio está perdido por esta situación de malos manejos”, afirmó el funcionario legislativo.

Luis Fernando Vega, gerente del Área de Supervisión de Cooperativas de Infocoop, confirmó a La Nación que Coopeasamblea entregó, en diciembre del 2020, el primer reporte de avance sobre las mejoras que se han implementado para corregir las deficiencias detectadas.

Centro de recreo en venta

Una tarea pendiente y que ayudaría a mejorar las finanzas de la cooperativa es la venta del centro de recreo que posee en La Garita, en Alajuela, el cual le deja más gastos que ingresos.

Infocoop recomendó vender la propiedad y usar la ganancia para restituir la reserva de liquidez, pagar las deudas e inyectar capital de trabajo.

La asamblea de asociados de la cooperativa aprobó la operación hace un año, y de acuerdo con Stephen, hasta se contrató una empresa de bienes raíces, la cual no ha recibido ofertas por un precio adecuado.

“De lograrse, se espera una mejora sustancial en las finanzas de la cooperativa, dado que es un activo valioso”, afirmó por su parte Marco Alfaro, quien no precisó el valor del inmueble.