EscucharLuis Antonio Monge Cordero, gerente general de la Red de Servicios del Instituto Nacional de Seguros (INS), despidió con responsabilidad patronal a los cuatro funcionarios que alertaron de los riesgos de contratar a 87 personas en el Hospital del Trauma sin contar con los recursos para pagar sus salarios, aguinaldos y cargas sociales.
La ejecución de las 87 plazas sin contenido presupuestario comenzó en agosto de 2022; durante ese año la entidad aprovechó una subejecución en la partida de salarios para cubrir el costo de las contrataciones. Sin embargo, en 2023, ante la urgencia de fondos, acudió a la Contraloría General de la República (CGR) por un presupuesto extraordinario, el cual fue improbado parcialmente.
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR improbó, el 18 de julio, ¢1.179 millones por “incorporar contenido para cubrir gastos que ya han sido ejecutados”. La resolución consta en el oficio DFOE-CAP-1600, como dio a conocer La Nación este 8 de noviembre.
Para remediar el faltante de esos ¢1.179 millones por la improbación, la Gerencia General de la Red de Servicios del INS ordenó recortar gastos en horas extra, viáticos, reposiciones de personal y cirugías para hacer frente al costo de la planilla de esos 87 funcionarios.
Todos estos riesgos fueron advertidos, desde agosto del 2022, a través de correos electrónicos y oficios por el jefe del Departamento Financiero, Juan Pablo Delgado Sánchez; la asistente de la Dirección de Administración y Finanzas, de apellido Vindas; la coordinadora de presupuesto, de apellido Rodríguez, y el coordinador de Facturación y Costos Médicos, de apellido Castro.
No obstante, Monge despidió a esos trabajadores entre el 29 de julio y el 29 de setiembre de este año. El gerente niega que se trate de una represalia; alega que fueron cesados por pérdida de confianza
Se le pidió precisar la razón de la falta de confianza. Primero, alegó que se trataba de personas que levantaban “dedos acusadores” y tenían problemas para trabajar en equipo. Luego, al preguntarle si eso era suficiente para determinar una falta de confianza y proceder con despidos, respondió que existieron aparentes irregularidades en el pago de horas extra de parte de esos funcionarios.
De acuerdo con el INS, ninguno de los cuatro despedidos enfrentó procesos administrativos por supuestas faltas ni el gerente general de la Red de Servicios consideró que debía investigar supuestas anomalías en la cancelación de tiempo extraordinario.
Para Juan Pablo Delgado, exjefe del Departamento Financiero, la decisión de despedirlos es una represalia por alertar sobre el riesgo de utilizar decenas de plazas que no tenían contenido presupuestario y sin estudios de demanda que las justificaran.
Según relató, desde agosto de 2022 previnieron, a través de correos, informes y oficios, sobre las inconveniencias de aumentar la planilla sin tener el dinero necesario para las remuneraciones. Varios de esos documentos están en poder de La Nación.
Delgado añadió que las alertas no solo se comunicaron, desde el año pasado, a la Gerencia General, sino a la Junta Directiva de la Red de Servicios de Salud del INS, presidida por Laura Mora Camacho.
Se intentó, desde días atrás, contactar a Mora para obtener su versión sobre este tema, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.
“El despido sí es a todas luces una represalia”, enfatizó Delgado.
Las alertas
Una de las ocasiones en que los funcionarios despedidos señalaron los riesgos de contratar nuevos empleados sin presupuesto fue en abril de 2023, cuando la coordinadora de presupuesto y la asistente de Dirección de Administración y Finanzas redactaron un informe técnico en el que contabilizaron los gastos asociados a las 87 plazas. Solo en tres meses, entre enero y marzo de 2023, consumieron ¢410 millones en salarios.
En su informe, las dos funcionarias mencionadas señalaron que la forma en que se abrieron los puestos no se apega al “bloque de legalidad”. Además, expresaron que podría exponer a la institución a “escenarios sancionatorios de corte interno y externo”.
El informe financiero de mayo de 2023 también llamó la atención al respecto. En correos electrónicos del 3 y 9 de mayo de ese mismo año, la coordinadora de presupuesto y el jefe de departamento financiero reiteraron los riesgos.
Ambos funcionarios indicaron, ese mismo mes, en el oficio RSS-FIN-00729-2023, los posibles efectos de esa decisión sobre el aumento de gastos en las líneas de seguros administradas por el INS.
Delgado también dijo que, desde setiembre del año pasado, se expuso el problema en varias sesiones de Junta Directiva sin que se tomaran medidas para corregirlo.
Contrario a lo expuesto por Delgado, Monge sostiene que la Junta Directiva de la Red de Servicios del INS se enteró de la contratación de decenas de plazas sin contar con presupuesto hasta mayo de 2023.
Desde la semana pasada, La Nación solicitó copias de las actas de las sesiones de ese órgano, pues esa información no está disponible en el sitio web de la institución. Hasta el momento de esta publicación, no han remitido los documentos. Tampoco han enviado los estudios de demanda que justifiquen las contrataciones.
Joselyn Alfaro, encargada de prensa del INS, dijo que la próxima semana enviarían las actas, pero solicitó más tiempo para entregar las grabaciones de las reuniones.
Apagar micrófonos
Después de ser despedido, Juan Pablo Delgado presentó una demanda ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial contra la Red de Servicios de Salud del INS por discriminación para exigir el pago de salarios caídos y daño moral.
En su demanda, detalla los antecedentes y las advertencias realizadas por su persona ante la Gerencia General y otras dependencias.
Además, expone que el 8 de junio de 2023, durante una reunión de Junta Directiva, Laura Mora Camacho solicitó un receso, pero, según la demanda, la “verdadera intención” era que se apagaran los micrófonos para que, una vez reanudada la sesión, la conversación “girara en torno a qué las plazas aún no se estaban utilizando”.
Al ser cuestionado sobre ese punto, Monge dijo que él faltó a varias sesiones por un problema en la espalda, pero al indicarle la fecha del supuesto hecho aceptó que sí asistió y que no recuerda que algo así sucediera. Este jueves 9 de noviembre se volvió a llamar a Mora para preguntarle al respecto, pero no contestó.
Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, tampoco contestó las llamadas y mensajes enviados a su teléfono celular.
Las 87 plazas contratadas son, principalmente, de personal administrativo, auxiliares de cocina, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas, médicos y técnicos en servicios de salud, entre otros, para abrir un tercer turno de la Unidad de Valoración Inicial del Hospital del Trauma, reforzar otros centros médicos y fortalecer dos salas de cirugía menor.
En una primera publicación de este diario, el 8 de noviembre, Monge admitió que el INS ordenó una pesquisa administrativa para determinar responsabilidades en este caso. Aceptó que él podría estar entre los investigados.
