La relación de cargos contra Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, directivos del Instituto Nacional de Seguros (INS) en representación del Poder Ejecutivo, asombra, confunde y, en algunos casos, mueve a la risa. El 15 de marzo, el Consejo de Gobierno abrió un proceso administrativo para investigarlos por faltas a las buenas costumbres y la moral, además de su proclividad a cuestionar decisiones y pedir información.
A Elizondo también se le investiga, desde noviembre, por rebasar el tiempo establecido para hablar en las sesiones de la Junta Directiva y tener una actitud irrespetuosa frente a la “superior jerárquica”, es decir, la presidenta ejecutiva, Mónica Araya Esquivel. La descripción del último cargo pasa por alto la inexistencia de una relación de jerarquía entre las presidencias ejecutivas y los integrantes de las juntas directivas.
Los motivos de la confrontación son públicos y en ningún caso hay conductas reprochables de los directores. Ambos votaron contra el aumento salarial retroactivo aprobado sin fundamento en estudios técnicos. También cuestionaron la declaratoria de confidencialidad de las actas donde se transcribe la discusión de esos aumentos. Posteriormente, la Sala Constitucional ordenó al INS entregar la información que nunca tuvo derecho a retener y mucho menos declarar confidencial.
Los directivos también cuestionaron la declaratoria de confidencialidad de un contrato de $44,6 millones para actualizar los sistemas informáticos. Poco después, la Contraloría General de la República se negó a refrendar el acuerdo precisamente por su falta de transparencia.
En ambos casos, la razón de los directivos fue ratificada por decisiones posteriores de los organismos de control. A partir de ahí, solo cabe agradecerles su celoso resguardo de la transparencia y el interés público. No obstante, las autoridades del INS más bien dispusieron la revisión de las computadoras de los integrantes de la Junta Directiva para saber si alguno filtró información a la prensa.
Los dos directivos, indignados, plantearon una denuncia en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra la presidenta ejecutiva, a quien acusan de utilizar informaciones erróneas para presionar por la revisión de las computadoras y pretender hurgar en ellas con los medios proporcionados por un contrato firmado para otros fines, en diciembre del 2021, con GBM Costa Rica. Doce días después de presentada la denuncia, se les notificó la apertura del procedimiento administrativo más reciente.
Los hechos proyectan una sombra de escepticismo sobre las genéricas acusaciones de malas costumbres, irrespeto y faltas a la moral. Revelan, además, la razón de los cuestionamientos de las decisiones adoptadas por el Instituto, las peticiones de información y hasta el posible exceso en el uso de la palabra, una minucia que, en cualquier caso, no debería ser objeto de discusión en el Consejo de Gobierno.
Los hechos demostrados no permiten dudar en cuál de los dos bandos está la lucha por la transparencia y en cuál la intención de tender un velo sobre actuaciones discutibles mediante declaratorias de confidencialidad y medidas represivas, como la intromisión en las computadoras de los directivos. Los procedimientos abiertos en el Consejo de Gobierno pondrán a prueba el compromiso de ese órgano con la transparencia, una de las promesas de campaña más publicitadas en los últimos comicios. También establecerán un lineamiento sobre la conducta esperada de directivos y funcionarios en toda la administración.
