EscucharEl Consejo de Gobierno acordó suspender a Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), que han mostrado una posición crítica ante decisiones y proyectos de la entidad.
Los dos hombres votaron contra el aumento salarial retroactivo aprobado en agosto del año anterior para los trabajadores de la aseguradora estatal. Además, cuestionaron la pretensión de contratar a una agencia de las Naciones Unidas por $44,6 millones para la actualización de sistemas informáticos y la intención de comprar una empresa aseguradora en Guatemala.
La decisión de suspenderlos como medida cautelar se tomó el 21 de junio dentro de un proceso administrativo por ausencias aparentemente injustificadas a varias sesiones de la Junta Directiva.
Joselyn Alfaro, periodista y asesora de la presidenta ejecutiva del INS, confirmó vía telefónica la suspensión de los directivos. Luego, vía correo electrónico, la oficina de prensa indicó que fueron notificados entre el 23 y 26 de junio.
No obstante, este no es el único procedimiento administrativo en contra de Carvajal y Elizondo, pues entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, el Consejo de Gobierno también les abrió causas administrativas por presuntas faltas a las buenas costumbres y la moral, hablar más del tiempo establecido en las sesiones, pedir información y cuestionar decisiones.
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La investigación administrativa por ausencias a reuniones y la medida cautelar contra estos directivos evidencian las diferencias que hay dentro de la Junta Directiva del INS, en la cual también han surgido acusaciones de acoso laboral, abuso de autoridad y discriminación.
Denuncia
Según documentos oficiales, el 15 de mayo anterior, Carvajal y Elizondo presentaron una denuncia contra la presidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya Esquivel y otros cuatro miembros de Junta Directiva por presunto acoso laboral, abuso de autoridad y discriminación y solicitaron una intervención urgente para garantizar su “seguridad e integridad”.
De lo contrario, aseguraron, no podrían asistir a las sesiones de ese órgano, ya que afirman sufrir insultos, temor a mayores represalias y “deterioro psicológico”.
Frente a la denuncia de los dos directivos, el Consejo de Gobierno les comunicó el 23 de mayo que recibió la información y que la analizaría. Luego, el 29 de mayo, les informó de la apertura de una pesquisa administrativa para valorar aparentes irregularidades con los estados financieros, también alegadas, pero no se pronuncio sobre las acciones solicitadas por Carvajal y Elizondo para garantizar su “seguridad e integridad”.
Ante esa situación, los dos directivos faltaron a nueve sesiones de Junta Directiva entre el 11 de mayo y el 20 de junio de 2023.
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Por último, el 8 de junio, ante una denuncia de la presidenta ejecutiva del INS, el Gobierno abrió una investigación contra Carvajal y Elizondo por presuntas ausencias injustificadas y ordenó suspenderlos temporalmente con goce de dieta.
También requirió que devolvieran las computadoras, dispositivos electrónicos y cualquier otra forma de acceso a las plataformas del Instituto.
La Nación trató de comunicarse con la jerarca del INS para consultarle sobre este tema, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.
La oficina de prensa del INS señaló que desde el 20 de junio no sesionan debido a que los dos integrantes suspendidos no han sido sustituidos.
