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La Contraloría General de la República (CGR) confirmó a La Nación que el pasado 7 de octubre el Ministerio Público le solicitó información relacionada con el puerto de Caldera. La petición se hizo a propósito de un informe de auditoría especial que elaboró el órgano fiscalizador, en noviembre pasado, sobre el cumplimiento del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) en el control de las concesiones de esa terminal.
Ante consulta de este medio, la Contraloría se limitó a responder que únicamente atendió un requerimiento de información, pero que “en vista de que es un asunto en investigación del Ministerio Público no es jurídicamente posible referirse a ningún otro aspecto ni proporcionar ninguna otra información”. Además, confirmó que en la CGR también se tiene una investigación en curso, pero que está impedida de referirse o proporcionar datos.
Este miércoles, la contralora general Marta Acosta se apersonó en el Congreso para declarar en la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas, donde afirmó de que con los resultados de su auditoría determinaron que Incop ha ejercido un control laxo, poco técnico y alejado del interés público en la ejecución de los contratos de concesión y, por ende, la calidad de los servicios portuarios y la productividad esperada en puerto Caldera.
“Urge que el Incop tome medidas para asegurar la continuidad de los servicios portuarios ante la finalización de los actuales contratos de concesión en el 2026. El país tiene que capitalizar las lecciones aprendidas y no deben suspenderse estos servicios en virtud de su importancia estratégica. El 2026 está a la vuelta de la esquina, hay que hacer estudios de preinversión, hay que hacer licitación y eso requiere mucho tiempo”, dijo.
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En información suministrada a este diario, la CGR explicó que la actual operación de puerto Caldera se deriva de un proceso de modernización que tuvo por objetivo hacer más eficiente la prestación de los servicios portuarios. En el 2006 se dio la firma y refrendo de los contratos de concesión, y en el 2007, la Contraloría le dispuso al Incop crear una Unidad Técnica de Supervisión y Control para fiscalizar los contratos de concesión.
Luego, en 2013, la CGR recomendó a la Secretaría de Fiscalización del Incop realizar un diagnóstico sobre el estado de la infraestructura del puerto y en 2015 se realizó una contratación de servicios profesionales de consultoría en ingeniería para un diagnóstico integral. Tres años después se abrió una licitación para actualizar el valor de reposición de la infraestructura y, producto de esa consultoría, se determinó que el rezago ascendía a unos $2.367.317 y que el monto de mantenimiento anual debía aumentarse a $1.462.910.
Finalmente, el año anterior se realizó otra contratación para confeccionar los términos de referencia y el diseño del cartel de la licitación internacional para la concesión del puerto, ya que en agosto del 2026 se vencerán los contratos de concesión y el tiempo que tiene el país para determinar la continuidad de los servicios portuarios en Caldera. “Esto es una alerta pues se trata de servicios estratégicos para el país”, advirtió la Contraloría.
El órgano fiscalizador explicó que el rezago en la infraestructura del puerto genera constantes colapsos del servicio, ya que actualmente la Terminal Multipropósito atiende entre 150% y 200% más contenedores que los proyectados en la oferta en 2001 (según informes semestrales del concesionario), pero el monto para mantenimiento en dicha terminal no ha variado desde el inicio de la concesión ($565.500 al año).
Para atender este tema, Incop exploró la posibilidad de contratar de forma directa al concesionario actual Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), unificando en un solo contrato los servicios que se ofrecen en el puerto, pero esto implicó una advertencia de la CGR respecto a que toda medida que adoptara el Instituto debía sustentarse técnica y jurídicamente, y que el procedimiento para seleccionar un concesionario o contratista por regla general es la licitación pública.
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Resultados
Entre los hallazgos que identificó la Contraloría con su auditoría a Incop está que no se mide razonablemente el nivel de calidad de todos los servicios que ofrecen los concesionarios; los indicadores de supervisión corresponden con parámetros estadísticos y no cuentan con criterios de calidad preestablecidos; los concesionarios reportan indicadores de gestión basados en el Modelo Financiero de la Oferta, lo cual no refleja la calidad del servicio; y la Secretaría de Fiscalización no ha recomendado acciones para incorporar indicadores de gestión como herramienta de control.
De acuerdo con la CGR, esto “limita la toma de decisiones oportunas de Incop en relación con la pérdida de calidad de los servicios, tiempos de atención a las embarcaciones y en la entrega y recepción de mercancías, incrementando los costos de importación y exportación”.
También se determinó que los niveles de productividad acordados con la empresas concesionarias no han sido cumplidos a plenitud tanto en la Terminal Multipropósito como en la Terminal Granelera, de hecho, del total de buques atendidos en esta última durante 2020, el 21% (25 de 118 buques) no cumplieron el criterio de productividad establecido.
Además, para calcular la productividad de los buques graneleros se aplica un criterio que no se ajusta a lo que establecen los contratos y con dicho método buques que no cumplen el criterio de productividad, son reportados como que sí cumplen. Esto provoca “rendimientos menores a los establecidos en los servicios de carga y descarga, que implican mayores costos para los usuarios del puerto y disminución en la recaudación de ingresos”, advirtió el órgano contralor.
Sobre la percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios, la CGR identificó que el concesionario solo ha realizado encuestas de satisfacción a los capitanes de los buques y no a ningún otro tipo de usuario del puerto. Tampoco se tiene definida la aplicación de mecanismos de consulta y únicamente en 2019 se emitió un informe sobre percepción de los servicios portuarios, donde el 58% de los usuarios encuestados calificó como regular o menor la calidad de los servicios y el 62% como regular o menor la calidad de la infraestructura.
Otro hallazgo alarmante es que no se tiene garantía razonable de que al finalizar el período de concesión los bienes regresarán al Estado en buenas condiciones de uso y explotación, ya que se cuenta con un inventario de bienes que no registra la condición en que se encuentran, no se tienen criterios suficientes para controlar la condición de los bienes y derechos concesionados, ni tampoco hay una estrategia de mantenimiento.
Por último, se determinó que como las instalaciones portuarias presentan un rezago en mantenimiento y la administración no ha propiciado acciones para devolver el puerto a su estado normal de operación, el presupuesto anual para la Terminal Multipropósito se debe aumentar a $1.462.910, ya que limitar el monto a $565.500 al año ha llevado al puerto a un nivel de rezago en su infraestructura, cuantificado en más de $2 millones. “No se ha concretado una estrategia para que el puerto reciba la inversión que requiere aun cuando invertir lo requerido no implica riesgo financiero para el contratista”, concluyó la Contraloría.
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Alegatos
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico presentó un recurso contra el informe de la CGR, en donde argumentó que no se consideró que con el paso de los años el puerto experimentó un aumento de carga y limitaciones en infraestructura, y las imitaciones contractuales no permiten incrementar el monto para mantenimiento. Además, agregó que hubo un cálculo erróneo de productividades por parte de la Contraloría
Sin embargo, la CGR rechazó los reclamos al recordar que existe una obligación contractual de devolver los bienes concesionados en buenas condiciones de uso y explotación, y se confirmó el incumplimiento de productividades, además de que el monto de mantenimiento fue un monto referencial en modelo financiero para el comparativo de ofertas.
Por eso, remarcó las disposiciones al Incop de determinar el daño por incumplimiento de productividades y elaborar una estrategia para solventar el rezago en infraestructura.
La Contraloría hizo un llamado a resolver esto con urgencia porque Caldera es el puerto más importante del Pacífico costarricense, ya que según datos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), por esta terminal se movilizaron cerca de 17 millones de toneladas de mercancías entre los años 2017 a 2019.
Desde 2006, la prestación de los servicios en el puerto se desarrolla mediante contratos de concesión con las firmas Sociedad Portuaria Granelera de Caldera S. A., Sociedad Portuaria de Caldera S. A. y la empresa SAAM S.A. Todos finalizan en 2026.
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