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Mientras el Gobierno pretende extenderle el contrato de concesión a la actual operadora de puerto Caldera por cinco años más, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) responsabiliza a esa misma empresa, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), por los rezagos millonarios en la infraestructura de la terminal.
De acuerdo con un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), el rezago ascendió a $2,4 millones para el año 2019, es decir, unos ¢1.500 millones al tipo de cambio actual.
Ante consultas de La Nación, el Incop informó: “De conformidad con el informe de auditoría especial de la CGR, la responsabilidad del rezago de la inversión recae sobre la concesionaria al no incrementar el monto del mantenimiento de puerto Caldera, a pesar de haber presentado un incremento en la cantidad de carga que se moviliza”.
Agregó que “el mantenimiento de la infraestructura y maquinaria del puerto Caldera es responsabilidad exclusiva de la concesionaria, de conformidad con el contrato de concesión. El rezago que ha presentado el puerto es por haberse limitado el monto anual de mantenimiento al propuesto en la oferta sin haberse aumentado durante el periodo de ejecución de la concesión”.
El Incop confirmó que la estrategia, para solventar el rezago en el mantenimiento del puerto, se encuentra en desarrollo. Aseguró, además, que las obras necesarias deberán ser asumidas por la empresa SPC.
La Contraloría determinó que la falta de inversión produce “afectaciones y rezagos” en los servicios que puerto Caldera da a importadores y exportadores nacionales.
A raíz de esos hallazgos, la institución fiscalizadora ordenó al Incop diseñar un plan para que la concesionaria asuma las obras necesarias. De la misma manera, pidió al Instituto actualizar el monto anual que la firma portuaria debe destinar al mantenimiento de la terminal.
El gerente general de Sociedad Portuaria de Caldera, Ricardo Ospina, negó los supuestos incumplimientos. Sostuvo que la empresa ha realizado todas las inversiones establecidas en el contrato y que, para aumentar el monto estipulado, sería necesaria una renegociación de la concesión.
Una disputa emanada del contrato
El contrato de concesión entre el Estado y la SPC estableció que a la empresa le correspondía hacer mantenimientos por un monto de apenas $565.500 anuales. Ese monto, estipulado en el contrato, no consideró aspectos relevantes como el aumento de la carga o la inflación, por ejemplo.
Pese a ello, con base en un estudio económico elaborado por el Área Financiera de Concesiones de Incop, el órgano contralor insiste en que la autoridad portuaria tiene facultades legales para aumentar dicho monto.
Este análisis señala que la empresa concesionaria mantendría una tasa interna de retorno superior a la garantizada en el contrato, de 14,3%, a pesar de que se le impongan nuevas obligaciones económicas en relación con el mantenimiento del puerto.
La propuesta incluía aumentar el monto anual para mantenimiento a $1,5 millones, es decir, casi tres veces el monto actual, así como hacer la inversión de $2,4 millones en el muelle, que es el dinero estimado en rezago de infraestructura para el año 2019.
De acuerdo con la subgerenta de Incop, Viviana Moscoso, el Instituto intentó negociar una actualización del monto con la empresa concesionaria, anticipándose a la directriz emanada de la Contraloría. No obstante, señaló que Sociedad Portuaria de Caldera se negó.
“Se solicitó realizar un estudio con el fin de actualizar el valor de la reposición de la infraestructura de puerto Caldera, definición de las condiciones normales de operación y flujos financieros requeridos para cumplir esas condiciones.
“Una vez recibido el informe, el Incop estuvo realizando reuniones con el concesionario para actualizar los montos de mantenimiento, sin poder llegar a un acuerdo al respecto.
“En este proceso se recibió el informe de la Contraloría, y actualmente se está preparando el borrador de estrategia que utilizará el Incop para que la concesionaria realice las obras de inversión necesarias”, señaló Moscoso.
En tanto, el gerente de la SPC alegó que la compañía ha actuado en estricto apego a las responsabilidades emanadas del contrato de concesión, “el cual establece un monto anual fijo de inversión en mantenimiento de la infraestructura”
En su criterio, entonces, “es necesaria una reforma contractual”, dijo Ospina.
“Los trabajos de mantenimiento son debidamente coordinados cada año entre el concesionario y el Incop. Es por esta razón que los supuestos rezagos que se mencionan y las bajas de productividad, parecen ser una nueva interpretación de las obligaciones del concesionario, el cual insistimos ha cumplido cabalmente con todos los acuerdos establecidos en los contratos de concesión”, declaró.
Ospina también señaló que Incop no ha trasladado el informe de auditoría a la empresa concesionaria ni tampoco ha dado audiencia a sus representantes para pronunciarse al respecto.
La Contraloría también obligó a la entidad portuaria a iniciar un proceso cobratorio en contra de la empresa SPC por supuestos bajonazos en la productividad del puerto, hechos que la concesionaria también niega.
Renovación de contrato en proceso
Dados los señalamientos de Incop y la Contraloría en contra de la empresa concesionaria ¿qué tan conveniente es renovarle el contrato por cinco años más, como lo propone el Gobierno?, le consultó La Nación a la subgerenta de Incop.
A la pregunta Moscoso respondió: “La renovación del contrato de concesión es una propuesta presentada por las cámaras de usuarios ante la saturación que presenta el puerto de Caldera, propuesta que se encuentra en proceso de análisis para definir si es viable su implementación”.
“Dentro de este análisis que se realiza sobre la viabilidad de la renovación contractual se están tomando en cuenta las disposiciones realizadas por la Contraloría, pero sí es cierto que, a pesar de realizarse los ajustes señalados expresamente por la Contraloría, la saturación que presenta el puerto seguirá aumentando aún más, encareciendo el costo de las importaciones, motivo por el cual se debe buscar una solución más adecuada para que el puerto Caldera no llegue a colapsar, generando un daño mayor al país”, concluyó la funcionaria.
La Sociedad Portuaria de Caldera es la misma compañía a la que el gobierno de Rodrigo Chaves pretende extenderle el contrato de concesión por cinco años más, a cambio de obras paliativas al muelle ante el colapso que ya afronta la terminal.
En esa empresa figura como accionista José Pablo Chaves, uno de los dos principales financistas de la campaña de Rodrigo Chaves. Este empresario invirtió ¢107 millones en bonos de deuda política del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
También, es hijo de Calixto Chaves, financista, amigo y consejero del presidente de la República. El 22 de junio, el gobernante defendió la negociación y negó que exista conflicto de interés en esa decisión.
Incluso, invitó a la contralora general, Marta Acosta, a participar de las negociaciones, pero la funcionaria le recordó que ese órgano no puede dar consejo en ese tipo de actos.
