Política

Contraloría ordena cobrar bajonazos de productividad a concesionaria de puerto Caldera

Auditoría detectó periodos de baja eficiencia en atención de barcos por problemas en disponibilidad de equipos, pero el Incop refutó primera orden de cobrar una indemnización a la Sociedad Portuaria de Caldera

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) deberá cobrar una indemnización a la empresa concesionaria de puerto Caldera, ubicado en Puntarenas, debido a incumplimientos en la productividad de la terminal marítima.

También tendrá que elaborar una ruta para que la concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) asuma los rezagos en el mantenimiento de los equipos del muelle. Esos pendientes, que producen afectaciones y demoras en los servicios portuarios, fueron valorados en $2,4 millones en el año 2019.

Las órdenes fueron giradas por la Contraloría General de la República (CGR) al Incop, a raíz de los hallazgos de un informe de auditoría publicado en noviembre de 2021. La firma portuaria, por su parte, rechaza los señalamientos realizados por el órgano contralor.

La información vuelve a tener trascendencia debido a que la CGR desestimó un recurso de revocatoria presentado por el Incop contra el informe, en febrero pasado, con lo cual las disposiciones quedaron en firme.

La Sociedad Portuaria de Caldera es la misma compañía a la que el gobierno de Rodrigo Chaves pretende extenderle el contrato de concesión por cinco años más, a cambio de obras paliativas al muelle ante el colapso que ya afronta la terminal.

En esa empresa figura como accionista José Pablo Chaves, uno de los dos principales financistas de la campaña de Rodrigo Chaves. Este empresario invirtió ¢107 millones en bonos de deuda política del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). También, es hijo de Calixto Chaves, financista, amigo y consejero del presidente de la República.

El 22 de junio, el gobernante defendió la negociación y negó que exista conflicto de interés en esa decisión. Incluso, invitó a la contralora general, Marta Acosta, a participar de las negociaciones, pero la funcionaria le recordó que ese órgano no puede dar consejo en ese tipo de actos.

Al verificar las cifras de operación del periodo 2017-2020, la Contraloría encontró que la terminal intermodal de Caldera tuvo un rendimiento promedio inferior a lo estipulado en el contrato de concesión en casi una tercera parte del tiempo.

Según la auditoría, el parámetro mínimo establecido en el contrato es de 52 movimientos de contenedores por hora. No obstante, en algunos lapsos, el promedio fue inferior. Por ejemplo, entre agosto y noviembre de 2020, el rendimiento osciló entre 38 y 46 movimientos.

Por el contrario, en los momentos de mayor eficiencia el promedio ascendió a entre 60 y 68 movimientos por hora. Ese fue el ritmo alcanzado entre enero y abril de 2017.

“Alcanzar la productividad mínima de 52 movimientos por hora requiere del uso como mínimo de dos grúas móviles y una de buque. Pero, si en su lugar se emplea un arreglo de dos grúas de buque y solamente una grúa móvil, la productividad exigida baja a 42 movimientos/hora. Con esto, se evidencia que la cantidad y el tipo de equipo empleado durante el proceso de carga o descarga está directamente relacionado con la productividad que puede lograrse”, señala el informe.

Consultado al respecto, el gerente general de la empresa SPC, Ricardo Ospina, aseguró que la compañía portuaria siempre ha cumplido con lo acordado en el contrato de concesión de puerto Caldera.

“Hemos entregado a la autoridad todas las cifras que dan cuenta de que hemos cumplido nuestro contrato. Solo dos datos para poner sobre la mesa: Sociedad Portuaria Caldera mueve los contenedores dos veces más rápido y con 20 veces más carga que antes de iniciarse la concesión. Eso nos hace 40 veces más eficientes”, respondió el gerente.

A raíz de este hallazgo, la Contraloría le giró la siguiente orden a las autoridades del Incop: “Estimar el daño causado a la eficiencia de los servicios portuarios, a los usuarios de esos servicios y a la Administración del Incop, derivado de los incumplimientos de las productividades acordadas contractualmente; con base en ello, aplicar, conforme al ordenamiento jurídico, las acciones indemnizatorias que correspondan”.

Según el órgano contralor, se concedió una prórroga para el cumplimiento de esta y todas las otras directrices para el 25 de enero de 2023.

En cuanto al rezago en el mantenimiento de la infraestructura portuaria, el contrato de concesión estableció que a la Sociedad Portuaria Caldera le correspondía hacer mantenimientos por un monto de apenas $565.500 anuales. Ese monto, estipulado en el contrato, no consideró aspectos relevantes como el aumento de la carga o la inflación, por ejemplo.

Pese a ello, con base en un estudio económico elaborado por el Área Financiera de Concesiones de Incop, el órgano contralor insiste en que la autoridad portuaria tiene facultades legales para aumentar dicho monto.

Este análisis señala que la empresa concesionaria mantendría una tasa interna de retorno superior a la garantizada en el contrato, de 14,3%, a pesar de que se le impongan nuevas obligaciones económicas en relación con el mantenimiento del puerto.

La propuesta incluía aumentar el monto anual para mantenimiento a $1,5 millones, es decir, casi tres veces el monto actual, así como hacer la inversión de $2,4 millones en el muelle, que es el dinero estimado en rezago de infraestructura para el año 2019.

El informe elaborado por esa misma institución concluyó que implementar esa corrección “no implicaría financieramente un riesgo para la estabilidad de la concesión” y señaló que “dicha propuesta podría ser asumida por el concesionario de la terminal multipropósito”.

Sobre este tema, el gerente general de SPC, Ricardo Ospina, indicó lo siguiente: “Hemos destinado ¢13.000 millones en infraestructura y otros ¢38.000 millones en equipos. Creemos que el tema de fondo aquí es la urgencia que tiene el puerto por ser modernizado. Es una estructura diseñada para los años 80; por lo tanto, los problemas son reflejo de ese rezago y las restricciones del contrato actual, algo que venimos advirtiendo a lo largo de este años”.

Agregó que “hoy estamos desplegando medidas de contingencia pero la actualización ha demorado tanto que pasan a ser la normalidad”.

Por su parte, la Contraloría recriminó al Incop no haber “emprendido las acciones que impulsen una solución que responda a las necesidades reales de operación del puerto, a pesar de que ambos contratos (el de la terminal multipropósito y el del muelle de graneles) facultan a la Unidad Técnica de Supervisión y Control a introducir modificaciones o señalar, en forma razonada, posibles correcciones a los contratos”.

Agregó que este problema produce “afectaciones y rezagos en los servicios portuarios”.

Por ese motivo, la Contraloría ordenó a la entidad portuaria “definir una estrategia para solventar el rezago que presenta el mantenimiento de los bienes otorgados en concesión”. En esa hoja de ruta, el Incop deberá determinar el monto y el objeto de cada intervención que debe realizarse, el cronograma establecido para las atenciones, con plazos y responsables; así como el nuevo monto anual definido para el mantenimiento de la infraestructura.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.