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Las medidas implementadas para frenar la propagación del virus causante de la covid-19 en el país apagaron generadores de empleo como turismo y comercio, e incluso sacaron de las calles a trabajadores informales.
Negocios como bares y gimnasios permanecen cerrados, e incluso las iglesias se quedaron sin contribuciones.
Más de 120.000 trabajadores formales podrían ver sus salarios suspendidos o reducidos, mientras que se desconoce la cantidad de desempleados dejados por la crisis.
Ante esa realidad, el Estado activó tres frentes para llevar ayudas a los hogares más golpeados.
Los recursos provienen de reajustes presupuestarios, contribuciones, uso del fondo de emergencias o “raspando la olla”, como describió el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez.
Estas vías de ayuda son:
1. El bono Proteger, gestionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), consiste en entregar un subsidio de ¢62.500 o ¢125.000 mensuales por tres meses a personas que resultaron desempleadas por la crisis, o bien, quedaron con contratos suspendidos o jornadas reducidas.
También cubre a trabajadores independientes e informales con reducción significativa de ingresos.
Ya se asignaron 33.000 subsidios de este tipo, mientras se espera que la Asamblea Legislativa apruebe varios proyectos que permitirían girar recursos para entregar nuevas ayudas.
Para esas primeras entregas el Gobierno dispuso de ¢16.000 millones
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“Este es un esfuerzo que se hace en una situación de emergencia requiriendo no solo responder de forma rápida sino pensando en la realidad de muchas personas que, al día de hoy, ya no tienen ingresos por la suspensión de un contrato, la reducción de su jornada, por un despido o, incluso, por estar en una actividad económica informal, que dejaron de percibir sus ingresos de forma casi que inmediata desde que comenzó la emergencia”, manifestó la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte.
2. Los subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) consisten en giros únicos por ¢125.000 que cubren solo por un mes a familias en pobreza desatendidas, es decir, que no tienen otras ayudas del Estado.
Dicha población ya enfrentaba una situación de vulnerabilidad desde antes de que estallara la crisis provocada por la pandemia de covid-19.
En estos casos, se prioriza a hogares con jefatura femenina, adultos mayores sin pensión, que tienen algún integrante con discapacidad, entre otros factores de vulnerabilidad.
Para la entrega de esos subsidios se seleccionaron 33.000 hogares con ayuda del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
También se está a la espera de fondos adicionales para ver, si es posible, extenderles el beneficio y seleccionar a más familias.
“Para priorizar la atención de aquellas familias que puedan verse en una mayor vulnerabilidad frente a esta emergencia pudimos seleccionar cuáles son las que tienen acumulación de distintas características”, señaló Bermúdez.
En este caso, el IMAS echó mano a los recursos que tenía disponible para otros programas sociales que ,ante la crisis dejaron de ser prioritarios, para disponer de ¢5.000 millones.
3. A los hogares golpeados que no califican para ninguno de los subsidios anteriores, se les intenta dar ayuda humanitaria mediante la entrega de diarios de comida.
Esas ayudas son entregadas por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) con ayuda de los comités municipales.
Además de financiarse con el fondo de emergencias, se nutre de donaciones privadas que llegan mediante la campaña “Con vos podemos”.
Unos 20.000 hogares han recibido esa ayuda. A la fecha, se entregaron 8.479 diarios con fondos del CNE y 11.670 insumos con las donaciones de los costarricenses.
“Múltiples empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales nos apoyan en la distribución (de las ayudas). Además, tenemos 130 vehículos de instituciones del Estado que participan con los comités municipales de emergencias en los cantones que ya están dando esta asistencia humanitaria”, explicó Alexander Solís, presidente de la CNE.
Esos donativos también contemplan un kit de limpieza para prevenir el nuevo coronavirus.
No alcanzan
Los recursos para los primeros dos programas de ayuda ya se consumieron, mientras que el tercero dependerá de las donaciones de personas y empresas privadas.
Hay fondos que vienen en camino mediante proyectos de ley, pero las autoridades temen que sean insuficientes para atender a todas las familias que resulten damnificadas por las medidas adoptadas para frenar la pandemia en el país.
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Este miércoles, los diputados aprobaron el presupuesto extraordinario con una partida de ¢273.000 millones para mejorar la deuda pública del país, y otros ¢150.000 millones que permitirían financiar otros 400.000 bonos Proteger, durante tres meses.
Los congresistas también aprobaron en primer debate el pasado lunes, un proyecto de ley que congelará los precios de las gasolinas. La diferencia permitirá financiar la entrega de más bonos Proteger.
Sin embargo, los diputados limitaron el alcance de esta iniciativa al excluir al diésel de la fijación tarifaria, alegando que con ello pretenden proteger a los sectores productivos que utilizan ese combustible.
La propuesta original pretendía recaudar unos ¢20.000 millones, por mes, para ayudar a 53.000 familias. Ahora, con la modificación, se generarían ¢9.500 millones para 25.000 hogares.
Por otra parte, se está a la espera de la discusión de un proyecto de ley que permitiría un giro por ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) al Gobierno Central, para la atención de la emergencia.
Esos recursos serían utilizados para ayudas entregadas por varias instituciones, según explicó el ministro Juan Luis Bermúdez.
“Me parece que no debería fondearse solo el IMAS para la atención de su población, sino que parte de esos recursos sean direccionados al financiamiento del Fodesaf, porque esa es la gran fuente de financiamiento que tienen las instituciones del sector social”, afirmó.
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) financia programas sociales dirigidos a personas en pobreza, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y adolescentes, entre otros.
Con esos recursos se atienden a unas 800.000 personas en vulnerabilidad social.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno, los efectos de la emergencia por covid-19 sobre las empresas y los empleos ponen en peligro entre un 10% y 20% de los recursos que entran cada año a Fodesaf.
La ley que regula el Fondo establece que los patronos deben aportar un monto equivalente al 5% del total de los sueldos que cancelan a sus trabajadores cada mes.
Mientras se hace frente a esta realidad, autoridades de salud empezaron a elaborar protocolos para levantar medidas y restricciones, aunque todavía no hay fecha. El gran reto será retomar actividades paulatinamente, sin disparar los contagios del nuevo coronavirus.
